El Gobierno argentino dispuso que la constructora brasileña Odebrecht no participe por un año en licitaciones de obras públicas a raíz de las investigaciones judiciales de las que es objeto.
Una resolución publicada este viernes, 7 de julio, en el Boletín Oficial establece que se suspende "de modo preventivo por 12 meses la tramitación del certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación" a la empresa.
Odebrecht "no podrá participar en aquellos procesos de contratación en los cuales este certificado resulta exigible", agregó la resolución de una dependencia del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
La medida no hizo mención a las obras en las que Odebrecht participa actualmente en el país. La compañía no se refirió de inmediato a la resolución.
La constructora ha reconocido como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense el pago de más de 700 millones de dólares a Gobiernos de América Latina a fin de conseguir contratos millonarios de obras públicas.
En el caso de Argentina, sus ejecutivos admitieron haber pagado 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, cuando gobernaba la presidenta Cristina Fernández (2007-2015).
En Argentina hay varias causas judiciales en curso contra Odebrecht, entre ellas el presunto pago de sobornos a funcionarios para ampliar una planta potabilizadora de la empresa de saneamiento estatal Aysa, en las afueras de Buenos Aires.
Hasta el momento la exmandataria no está involucrada en las causas que investigan a la empresa. La resolución argumentó que "se han abierto varios procesos judiciales y procedimientos administrativos" en Argentina y en el exterior "en los que se involucra a la empresa en prácticas corruptas".
Señaló que la medida se toma teniendo en cuenta "la apertura de causas en el fuero federal" argentino y de investigaciones de fiscales. Agregó que existen "fuertes y convincentes indicios de su participación en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa".
El gobierno también recordó que hay condenas y órdenes de prisión y de captura contra directivos de la empresa en Brasil y que en varios países la constructora se ha acogido o negocia "acuerdos de clemencia y colaboración" con la justicia.
El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, viajó a Washington recientemente y se reunió con un fiscal para avanzar en el intercambio de información sobre el caso Odebrecht y los sobornos que pagó en Argentina.
Pero, según los investigadores en Argentina no existe un mecanismo legal que le permita a la compañía llegar a un acuerdo con la justicia para entregar información a cambio de que sus ejecutivos no sean procesados o reducir eventuales sanciones, como suscribió con otros países.