ASOCIACIóN MUNDIAL DE ESCRITORES PEN

Denuncian allanamiento ilegal de vivienda de periodistas en Nicaragua

Al menos 60 periodistas han sido intimidados o amenazados por cubrir las protestas contra el gobierno de Ortega, según la Comisión Permanente de derechos humanos. 

Denuncian allanamiento ilegal de vivienda de periodistas en Nicaragua
Según grupos humanitarios, la represión a las protestas que piden la salida de Daniel Ortega ha dejado más de 32

La asociación mundial de escritores PEN, capítulo Nicaragua, denunció este viernes 14 de septiembre que la policía allanó sin orden judicial la casa de dos periodistas y exigió al gobierno cesar la persecución contra la prensa independiente.

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"PEN Internacional denuncia el allanamiento, sin orden judicial, del que fueron víctimas los periodistas Ramón Hernández y Rotsen López, en su casa ubicada en la comunidad Cañas Blancas" en el departamento de Carazo, 45 km al sureste de la capital, indicó PEN en una nota.

Los comunicadores, críticos del gobierno, trabajaron en diferentes medios de comunicación y actualmente se dedican a administrar un vivero. La agrupación decidió solidarizarse con los periodistas, que están casados, y llamó "al gobierno de Nicaragua a cesar de inmediato la persecución hacia periodistas y medios de comunicación".

Unos 10 oficiales ingresaron y filmaron sin dar explicaciones la propiedad de los comunicadores, dijo Rotsen López en un video tomado al momento del allanamiento. Al retirarse, "dijeron que era una revisión para verificar si habían cuestiones vandálicas (...) Yo no tengo nada que temer, pero por la policía tengo mucho que temer", comentó Hernández.

"Todo el mundo sabe mi posición política", dijo el comunicador al diario La Prensa de Nicaragua. Hernández atribuyó el allanamiento a su participación en las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Afirmó que la noche del jueves, antes de la requisa policial, su casa fue asediada por "turbas y paramilitares".

Al menos 60 periodistas han sido intimidados o amenazados por cubrir las protestas contra el gobierno de Ortega, según la Comisión Permanente de derechos humanos (CPDH, oenegé local).

Según grupos humanitarios, la represión a las protestas ha dejado más de 320 muertos. El gobierno ha tildado a los manifestantes de vandálicos, terroristas y golpistas.


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