El emperador japonés Naruhito se dirige a sus simpatizantes con la emperatriz Masako desde el balcón del Palacio Imperial en Tokio, Japón, el 23 de febrero de 2025. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON
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Mónica PalmHace 2 años‘DELAY’. Los diputados no quieren asumir las responsabilidades para las que fueron electos y ahora pretenden que sea una comisión (conformada por una firma técnica, una entidad académica y un organismo internacional) la que decida (¡en seis años!) si es necesario aumentar o no la edad de jubilación del programa IVM. Eso no es muy distinto a las mesas de trabajo, diálogos y pactos de Estado que por años se han instalado, sin aportar soluciones reales a la crisis. Pareciera que están haciendo todo lo necesario para garantizar que el Ejecutivo vete el proyecto de ley
Hace 2 añosEs muy reconfortante que el presidente de la República, en nombre de todos los panameños, haya dejado claro las intenciones del comisionado estadounidense Louis Sola, quien parece estar buscando convertirse en el Buneau-Varilla de nuestros tiempos. Este funcionario ha acudido al Congreso de Estados Unidos para lanzar acusaciones infundadas contra Panamá, mientras impulsa su marina privada en Amador, lo que pone de manifiesto un evidente conflicto de interés. La intervención del presidente José Raúl Mulino era urgente y necesaria para frenar los intentos de Sola de distorsionar la realidad y manipular la percepción internacional sobre nuestro país. Su postura firme al rechazar cualquier concesión a quien ataca falsamente refleja valentía y liderazgo. No podemos permitir que intereses privados, por muy cercanos que estén a figuras poderosas, dicten las decisiones que deben tomarse en beneficio del pueblo panameño. Es hora de que el país se mantenga firme y no ceda ante presiones ajenas que amenazan nuestra soberanía.
Hace 2 añosEn 2021, diversos sectores del país -incluyendo al entonces procurador de la Administración, Rigoberto González-, alzaron su voz contra la prórroga automática del contrato entre el Estado y PPC. A pesar de las advertencias, el gobierno de Laurentino Cortizo y la Contraloría avalaron lo que confirma la figura del Estado como “socio bobo”. Hoy, el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, refuerza la postura de quienes lo advirtieron, al declarar que el contrato de PPC es inconstitucional. En un detallado análisis, Gómez señala que el contrato infringe varios artículos de la Constitución, principalmente por lesionar el interés público y restringir la competencia. Las prerrogativas otorgadas a PPC, como la exoneración tributaria y la expansión de terrenos sin contraprestación, son ejemplos claros de desventajas para el país. Lamentablemente, este debate se da en un contexto internacional cargado de presiones, especialmente por los fake news sobre la influencia china en el control del Canal. Lo más importante ahora es que se haga justicia y se respete la Constitución, protegiendo los intereses nacionales, sin miramientos.