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Opinión
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¿Quién paga la fiesta?
Hace 3 añosDurante 15 años Panamá vivió una fiesta inolvidable.Exclusivo Suscriptores
Hoy por Hoy
Hace 3 añosAl acercarse una nueva negociación con Cobre Panamá, para el cierre ordenado y planificado de la mina, es absolutamente necesario que el Gobierno sea transparente, a fin de evitar sospechas o suspicacias. Algunos, incluso, han recomendado que sean nombrados comités de asesoría que incluyan la academia y la sociedad civil, que, al fin y al cabo, es la responsable de que la mina se cierre tras el fallo de de la Corte Suprema de Justicia. En beneficio de la transparencia en este proceso de cierre, el Gobierno debe comunicar con precisión quiénes serán los negociadores que representarán al Estado y cuál será su rol. Además, dado que se avecinan los arbitrajes que ha anunciado la minera, el país también necesitará saber quiénes llevarán la representación del Estado, tanto los locales como los abogados que tendrá que contratar el Gobierno en el extranjero, así como informar al país de los resultados de cada etapa de la negociación. Está de más recordar, pero de todas formas hay que hacerlo, que por ninguna razón los negociadores de Panamá pueden ser los mismos que causaron el desastre que nos tiene en esta situación. Una vez más: es necesaria la transparencia en todo lo que se nos viene.
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Sin plan para erradicar la pobreza
Hace 3 añosPanamá ha optado por una política de subsidios impagable, insostenible sin el apropiado enfoque en el desarrollo de programas de inserción laboral.Exclusivo Suscriptores
Hoy por Hoy
Hace 3 años¿Qué oportunidades tiene Panamá frente a los arbitrajes que promueve la empresa minera tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato? Si nos remitimos a los hechos, las posibilidades parecen buenas, aunque costosas. Años atrás, cuando la minera le compró a Petaquilla los derechos para explotar la mina de cobre, debía saber que estaba pendiente de resolver una demanda de inconstitucionalidad contra esa concesión y que la sentencia podía ser tanto a favor como en contra. Asumió el riesgo y acepó las consecuencias. El fallo fue en contra y el Gobierno, lejos de acatar el fallo, hizo otro contrato con los mismos vicios y probablemente más. La empresa y sus abogados debían saber que estaban frente a un contrato que adolecía de los mismos vicios que el primero. Lo maquillaron, pero siguió siendo una burla a la Constitución. Y eso también lo sabía el Gobierno, porque fue advertido a tiempo por el procurador de la Administración. Entonces, ¿debe Panamá pagarle a la minera cuando se instaló en Donoso, a su cuenta y riesgo? ¿Acaso la minera ignoraba que el contrato firmado este año era gemelo de aquel pactado en 1997? La respuesta a ambas preguntas es sencillamente no.