Los ejemplos se multiplican. En los últimos 10 años, la Corte Suprema de Justicia ha desestimado múltiples casos contra diputados, argumentando falta de prueba idónea, uno de los requisitos para admitir una denuncia o querella contra los hombres y mujeres encargados de hacer las leyes en el país.
Los recursos contra diputados han sido archivados pese a que en muchos casos hay elementos que sustentan la investigación. Así lo han dejado claro algunos magistrados que han salvado su voto en varias de las causas.
La Prensa recopiló 19 casos que no han prosperado por “falta de prueba idónea”.
Solo en este mes de agosto, este medio ha reportado dos casos: el de Raúl Pineda, quien no fue investigado por su supuesto vínculo con la Operación Jericó, y el de su copartidario Benicio Robinson, quien fue denunciado por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales por una concesión de 2013 a una empresa para extraer grava y arena en Bocas del Toro.
En abril de este año, apenas un mes antes de las elecciones generales del 5 de mayo, la Corte archivó dos denuncias que fueron presentadas contra los diputados de la Asamblea Nacional que dieron luz verde a la Ley 406, que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá para la explotación de cobre en Donoso, Colón; norma que fue declarada inconstitucional el 28 de noviembre de 2023.
Uno de los recursos apuntaba a los 45 diputados que le dieron su voto favorable al proyecto que le dio vida al contrato; el otro, contra los siete diputados de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que aprobaron el contrato en primer debate. En ambos casos se solicitaba que fueran procesados por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Los magistrados argumentaron que ninguna de las dos denuncias contenía la prueba idónea necesaria para demostrar un hecho punible.
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Nada nuevo. Algo similar ocurrió en marzo de 2024, cuando la máxima corporación de justicia archivó otra acción legal contra los diputados que aprobaron el contrato minero. A diferencia del ejemplo anterior, aquí se pedía que fueran procesados por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
Sin la prueba idónea, “la querella será rechazada de plano”, se leyó en el fallo que tuvo como ponente al magistrado Carlos Vásquez Reyes.
El tribunal, que preside la magistrada María Eugenia López, tampoco le dio luz verde a un recurso que pedía procesar a Roberto Ábrego por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, nuevamente, por haber aprobado la Ley 406 que avaló el contrato minero suscrito entre el Estado y Minera Panamá.
Ábrego no logró la reelección como diputado en las elecciones del 5 de mayo.
Marylín Vallarino y las planillas sospechosas
En mayo de 2023, la Corte Suprema de Justicia archivó otra denuncia vinculada con un caso emblemático: las sospechosas planillas de la Asamblea. El Ministerio Público (MP) pidió a la Corte que investigara a la entonces diputada Marylín Vallarino, a raíz de que la Unidad de Análisis Financiero detectó que personas asignadas a la planilla de la diputada en la Asamblea realizaron transacciones “sospechosas” a una tarjeta de crédito a nombre de ella y a una cuenta bancaria de la Agencia de Aduanas Sellhorn, S.A, sociedad en la que Vallarino es accionista.
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Por tratarse de una diputada, el MP solicitó a la Corte que investigara el asunto, pero la Corte, en una decisión que tuvo como ponente al magistrado Olmedo Arrocha, no admitió la causa, alegando que la fiscalía no realizó una investigación preliminar que revelara una situación más allá de la “sospecha” consignada en el informe de la UAF. El tribunal advirtió que no puede realizar gestiones para configurar la prueba sumaria.
Vallarino tampoco logró su reelección en las elecciones del 5 de mayo. Sin embargo, el presidente José Raúl Mulino la nombró gobernadora de Panamá Oeste.
Las evidencias que señalaban a Rubén De León
El escándalo por las planillas de la Asamblea tampoco fue suficiente para que la Corte procesara a uno de sus principales protagonistas: Rubén De León, quien presidió ese órgano del Estado entre 2015-2016 y 2016-2017.
En el quinquenio 2019-2024, De León dejó de ser diputado de la Asamblea, pero se convirtió en diputado del Parlamento Centroamericano. A pesar de que fue quien firmó y autorizó en 2016 la entrega de cheques en concepto de “servicios profesionales” en el Legislativo, a nombre de personas que ni siquiera sabían que se usaba su firma para ello, la Corte Suprema de Justicia (2022) no encontró mérito para investigarlo.
La denuncia contra De León fue presentada en 2018 por Zamira Chong Massoud, quien argumentó que, siendo empleada de un banco privado, se enteró de que su nombre aparecía como suscriptora de un contrato de trabajo en la Asamblea (2016), documento que se podía leer en la página web de la Contraloría, que lo había hecho público.
Pero siete de los nueve magistrados sustentaron: “no se aprecia una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho atribuido en relación a la posible comisión de un delito contra la administración pública y la posible participación del diputado del Parlacen, De León, pues la única referencia utilizada gira en torno a la participación y sus funciones administrativas como presidente de la Asamblea Nacional”. Alegaron que no se aportaba la prueba sumaria.
Dos magistradas salvaron su voto. Maribel Cornejo advirtió que el expediente deja claro que los cheques se pagaron sin que se brindara el servicio a la Asamblea. Argumentó que sí se cumplía con los requisitos establecidos en los numerales 3 y 4 del Código Procesal Penal (relación de hechos y la prueba idónea). Por su lado, María Eugenia López Arias sustentó que las circunstancias, tiempo y lugar de los hechos están claros.
Rubén De León, actualmente, es el secretario general del Partido Revolucionario Democrático.
Jairo ‘Bolota’ Salazar, otro beneficiado
La falta de prueba idónea también benefició al diputado perredista Jairo Bolota Salazar. En septiembre de 2023, la Corte no admitió la denuncia penal que presentó el Ministerio de Cultura contra el diputado colonense, por haber participado en la demolición de dos caserones que tenían un alto valor histórico patrimonial en la ciudad de Colón.
También desestimó otros dos recursos presentados por la Policía Nacional, contra el diputado por protagonizar riñas en Colón. Y una más. Esta última fue presentada por su copartidaria Kayra Harding, por la supuesta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales por violencia psicológica, y por violencia de género, al asegurar que le lanzó una botella de agua a la cara durante una reunión de la bancada del PRD, celebrada en abril de 2020, en las oficinas de la Asamblea Nacional. El 26 de agosto de 2021, la Corte, bajo la ponencia del magistrado Arrocha, no admitió ni la querella ni la denuncia penal, por considerar que no había méritos suficientes.
Y la lista sigue
En 2019, cuando Héctor Valdés Carrasquilla era diputado por San Miguelito, también fue salvado por la Corte por falta de prueba sumaria. Con ese argumento, ordenó el archivo de una denuncia contra el político por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Sergio Chello Gálvez ha sido otro de los beneficiados con la controversial figura. Mediante un fallo del 12 de marzo de 2019, la Corte archivó una solicitud del Ministerio Público para que se investigara a este diputado por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Junta de Control de Juegos (JCJ). Gálvez era miembro de la JCJ y, en ese momento, se investigaban irregularidades en un contrato para la operación del bingo televisivo Buko Millonario.
En 2017, la Corte también salvó a la actual presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, quien había sido denunciada por el presunto uso de recursos del Estado para proselitismo político. Pero un fallo con ponencia del entonces magistrado Oydén Ortega Durán, argumentó que “no se proporcionó información sobre la supuesta entrega de los bienes o artículos, es decir, en qué fecha fueron adquiridos, con qué recursos o partidas fueron adquiridos y qué persona o entidad estatal los compró”.
Hay más, muchos más. Una página de este periódico no alcanza para describirlos todos. Aquí otros: en noviembre de 2018, desestimó casos contra los hoy exdiputados Alfredo Fello Pérez y Francisco Pancho Alemán, por el caso de las planillas de la Asamblea.
En esa misma época también se salvó el hoy diputado Manuel Cohen de ser investigado por la Corte por un caso de supuesta estafa.
En el año 2017, el procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió a la Corte declarar inconstitucional la norma que establece la prueba idónea, argumentando que es “inconstitucional”. Explicó que la figura “crea un privilegio” que “riñe con el principio de igualdad” y, por lo tanto, “debe desaparecer”.
El tema entra al debate público cada cierto tiempo. En agosto de 2019, por ejemplo, en la Asamblea se debatía una propuesta legislativa para eliminar esa coraza. Como era de esperarse, la iniciativa no prosperó.
