El fallo de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2021 que impide al Ejecutivo recortar los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público resonó con fuerza ayer miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometió a dar los fondos necesarios a esas dos instituciones para 2023.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, sustentó una cifra de $330 millones y el procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, $188 millones.
La justicia operaría con $518 millones en 2023
El procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, y la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, sustentaron ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sus respectivos presupuestos para 2023: $188 millones y $330 millones, respectivamente.
Es decir, que la justicia operaría el próximo año con $518 millones.
En el caso del Órgano Judicial, el presupuesto de 2023 supondría un incremento de $109 millones en comparación con el aprobado para 2022. Para el Ministerio Público, el aumento es de $29.8 millones.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó a ambas instituciones el monto que habían solicitado para el año entrante, a diferencia de como suele suceder con las demás instituciones.
Un fallo de la Corte, del 23 de diciembre de 2021, concluyó que estas instituciones tienen, por mandato constitucional, la potestad de definir su propio presupuesto, por lo cual el MEF no puede reducirles la cifra.
Tanto el diputado independiente Juan Diego Vásquez, como el vicepresidente de la Comisión, el perredista Raúl Pineda, se refirieron a la necesidad de ratificar a Caraballo en el cargo. Actúa como procurador encargado desde marzo de 2021. “Debe ser nombrado lo más pronto posible... Se vio un cambio desde que usted llegó”, dijo Pineda.
Caraballo se refirió a equiparaciones salariales que espera poder concretar en 2023. Puntualmente, para receptores de denuncias, secretarios judiciales y asistentes operativos.
Por su parte, López aclaró que muchos de los fondos se utilizarían para hacer frente a déficits de vigencias anteriores y habilitar juzgados que están pendientes de operar, por ley, desde hace años.
López se refirió a la necesidad de fortalecer la carrera judicial a nivel institucional y de regularizar los estándares.
