Resurgen dudas y confusión en contrato de la Defensoría

Más cuestionamientos que claridad ha dejado la explicación que diera la defensora del Pueblo, Patria Portugal, a un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos que acudió a una cita para que les aclararan el tema de la contra

Resurgen dudas y confusión en contrato de la Defensoría
Resurgen dudas y confusión en contrato de la Defensoría

Más cuestionamientos que claridad ha dejado la explicación que diera la defensora del Pueblo, Patria Portugal, a un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos que acudió a una cita para que, entre otras cosas, les aclararan el tema de la contratación directa por $250 mil a la empresa Imaginarium Studio, S.A para rediseñar el sitio digital de la institución.

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En una nota de prensa enviada este sábado, Alianza Ciudadana Pro Justicia, en representación de unas 33 organizaciones, expresa que luego de leer el contrato y una serie de documentos que fueron presentados, “más que aclarar la situación nos deja aún más dudas”. Señalan que la justificación para la utilización de los 250 mil dólares es sumamente pobre.

Pese a las explicaciones, indican que “no podíamos entender cómo una institución que tiene 280 mil dólares para inversión, estudios, diseño y construcción, pueda gastar 250 mil dólares en una consultoría para asesoría de imagen”.

Dudas en relación con el estudio del valor en el mercado de los trabajos, precio de referencia que se utilizó y obviar el hecho de inspeccionar si la empresa contratada tenía la experiencia y ejecutoria para realización de la obra son aspectos que, en definitiva, no han sido aclarados y que levantan suspicacias.

El énfasis se hace referente al hecho de que la Defensoría señala que “con referencia a la idoneidad, esta no se exigió, toda vez que la profesión de diseño gráfico no está regulada y mal puede la INDH exigir un requisito que no está regulado legalmente”. Situación que es considerada como inaceptable por las organizaciones.

Así las cosas, las agrupaciones indican que “este caso refleja la falta de controles por parte de la Contraloría [General del República], la falta de transparencia y de una adecuada legislación en materia de contrataciones públicas”.

Actualmente, la procuradora general de la Nación, Ana Belfon, se encuentra a la espera de que funcionarios de la Contraloría le entreguen los resultados y observaciones de una auditoría que se ordenó a la Defensoría en alusión a este caso.

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