El traslado de 29 personas privadas de libertad al Parque Nacional Coiba ha generado preocupación entre organizaciones ambientales y del sector pesquero, que advierten impactos directos en el turismo, la investigación científica y la protección de este sitio, declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
La alerta fue emitida por la Federación de Pescadores Artesanales del Área de Influencia del Parque Nacional Coiba (Fepacoiba), junto con la Fundación MarViva y la organización ANCON, que cuestionan la decisión al considerar que introduce riesgos en una de las áreas marinas y terrestres de mayor valor ecológico del Pacífico panameño.
El Parque Nacional Coiba alberga más de 1,045 especies de plantas, 224 vertebrados terrestres y cerca de 2,000 especies marinas, además de ecosistemas de alto valor científico conectados al Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR). Su condición de área protegida y su reconocimiento internacional lo han convertido en un referente de conservación y turismo sostenible en la región.
De acuerdo con estimaciones citadas por las organizaciones, el área genera servicios ecosistémicos valorados en más de $22.4 millones anuales, mientras que la actividad turística en su zona de influencia moviliza alrededor de $18 millones al año, principalmente en comunidades como Santa Catalina, Mariato, Montijo, Pixvae y Bahía Honda.
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El flujo anual se estima entre 20,000 y 25,000 visitantes, lo que ha impulsado una economía local basada en hospedajes, restaurantes, transporte marítimo y servicios turísticos, generando empleos directos e indirectos en una región que ha transitado de la pesca tradicional a un modelo mixto de turismo sostenible.
Las organizaciones ambientalistas advierten que la presencia de personas privadas de libertad dentro del parque podría afectar la imagen internacional de Coiba como destino de naturaleza, así como la continuidad de proyectos de investigación científica desarrollados por universidades nacionales e instituciones extranjeras.
Además, señalan que estos estudios requieren condiciones de aislamiento y bajo impacto humano, por lo que cualquier alteración en el manejo del área podría incidir en los cronogramas de investigación, el financiamiento académico y la cooperación internacional, debilitando el rol de Coiba como laboratorio natural.
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Aunque reconocen la crisis del sistema penitenciario y la necesidad de respuestas estructurales en materia de seguridad, las organizaciones sostienen que el traslado a un área protegida no resuelve el problema de fondo y, por el contrario, traslada riesgos a un territorio ambientalmente sensible y económicamente estratégico.
En ese sentido, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para reconsiderar la medida y reforzar el sistema penitenciario en infraestructuras existentes, sin comprometer las áreas protegidas ni su estatus internacional.
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Asimismo, solicitaron la salida de las personas privadas de libertad del Parque Nacional Coiba y la protección de su integridad como patrimonio natural, científico y comunitario de Panamá y del mundo.
