En los últimos cinco años, el Ministerio de Ambiente (Miambiente) ha impuesto más de 70 sanciones por contaminación de ríos, quebradas y otras fuentes hídricas en el país, según registros obtenidos por La Prensa. Sin embargo, el monto total de las multas —que apenas supera los $230,000— contrasta con la magnitud de un problema que persiste en múltiples cuencas.
Los datos apuntan a que la mayoría de las sanciones está vinculada a descargas ilegales, manejo inadecuado de residuos y fallas en sistemas de tratamiento de aguas.
Los montos varían según la gravedad del daño ambiental, la reincidencia y el tipo de actividad involucrada, aunque una parte significativa de los procesos tramitados a nivel regional se mantiene dentro del límite de hasta $10,000, establecido en el Decreto Ejecutivo 43 de julio de 2004.
En los casos que exceden ese monto, los expedientes son remitidos a la sede central de Miambiente para su evaluación y sanción. La normativa vigente permite imponer multas que pueden superar los $600,000.
Aunque se han abierto decenas de expedientes, la institución reconoce que no cuenta con un listado público consolidado de empresas infractoras. En parte, esto se debe a que muchos expedientes permanecen en trámite dentro de procesos administrativos, lo que limita la divulgación completa sobre los responsables de las afectaciones ambientales.
Casos recientes y denuncias ciudadanas
Uno de los casos más recientes se registró en Marbella, en la ciudad de Panamá, donde una inspección confirmó la descarga ilegal de aguas con sedimentos hacia el río Matasnillo. La infracción fue atribuida al proyecto residencial Moderna 360 Urban Living, desarrollado por la sociedad The Panoramic Residences Corp.
La actuación de la entidad se originó tras la circulación en redes sociales de un video en el que se observaba una tubería vertiendo un líquido con apariencia de cemento directamente al afluente. A partir de la denuncia, el equipo técnico realizó una inspección en sitio y confirmó la existencia de una conexión clandestina al sistema pluvial, que descargaba sedimentos y residuos sólidos al río.
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Como medida inmediata, Miambiente ordenó la paralización de la obra e impuso una multa de $10,000, además de exigir la ejecución de acciones correctivas para detener la descarga y mitigar el impacto ambiental.
El proyecto, que contemplaba la construcción de un edificio de 23 niveles en una zona de alta densidad urbana, contaba con un estudio de impacto ambiental que prohibía expresamente cualquier vertido al río, así como la alteración de su caudal o su calidad.
Un problema extendido en las cuencas
Más allá de los casos puntuales, la información recopilada por la entidad revela una problemática de mayor alcance. A través del Proyecto de Identificación y Mitigación de Puntos Críticos de Contaminación, se han identificado más de 868 focos de contaminación en diversas cuencas del país.
Entre las principales irregularidades detectadas figuran fracturas en tuberías, plantas de tratamiento con deficiencias operativas, tanques sépticos desbordados y conexiones ilegales que descargan residuos directamente en ríos y quebradas. Estas condiciones no solo deterioran la calidad del agua, sino que también representan riesgos para la salud pública y los ecosistemas.
De los puntos identificados, al menos 130 han sido corregidos o eliminados, lo que ha implicado intervenciones técnicas, adecuaciones de infraestructura y la eliminación de vertidos ilegales. Sin embargo, la magnitud de los hallazgos confirma que el problema persiste en múltiples regiones del país.
Las denuncias ciudadanas se han convertido en una de las principales vías de detección, al permitir orientar las inspecciones y priorizar las áreas más afectadas. Para las autoridades de Miambiente, esta participación comunitaria es un componente clave del monitoreo ambiental.
Como parte de estas acciones, el personal técnico de la entidad ha recorrido aproximadamente 768 kilómetros de ríos en todo el país. Las evaluaciones incluyen cuencas como Pacora, La Villa, Santa María, Antón, Caimito y Chame, así como ríos urbanos como Juan Díaz, Tocumen, Matasnillo y Curundú. También se han realizado inspecciones en provincias como Chiriquí, Los Santos, Darién y Bocas del Toro, donde se han identificado distintos niveles de presión ambiental sobre los recursos hídricos.
Frente a la magnitud de los problemas identificados, Miambiente informó que aprobó en 2025 un decreto que reglamenta la gestión integral de los pasivos ambientales. Este instrumento está orientado a atender la contaminación acumulada en infraestructuras abandonadas o sistemas en mal estado que continúan generando impactos negativos en el ambiente.
El decreto establece mecanismos para la identificación de los responsables, la exigencia de rehabilitación de los sistemas afectados y la supervisión de su operación y mantenimiento. El objetivo es evitar que estos focos de contaminación sigan afectando las fuentes hídricas y las comunidades cercanas, especialmente en zonas donde los problemas se han prolongado por años.
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Sanciones que tardan años en ejecutarse
Uno de los casos que refleja los desafíos en la ejecución de sanciones es el de la empresa Campos de Pesé S.A., sancionada en 2014 por la contaminación con vinaza del río La Villa. La multa original fue fijada en $608,930, tras comprobarse la afectación al recurso hídrico.
No obstante, el pago no se concretó sino hasta febrero de 2026, luego de más de una década de recursos legales y procesos administrativos. El caso avanzó cuando fue remitido a cobro coactivo en diciembre de 2025, lo que permitió a la institución aplicar medidas como la retención de cuentas bancarias y el secuestro de 69 vehículos pertenecientes a la empresa.
Estas acciones facilitaron la recuperación del monto adeudado, que ascendió a $669,823 tras su actualización. El cierre del proceso dejó en evidencia tanto la capacidad del Estado para ejecutar sanciones como las demoras estructurales que persisten en este tipo de procedimientos.
La crisis en La Villa y el Estibaná
En paralelo, la cuenca del río La Villa y su afluente, el río Estibaná, ha concentrado múltiples sanciones recientes por contaminación. La Dirección Regional de Miambiente ha procesado al menos ocho casos, además de mantener expedientes en trámite por presuntas infracciones ambientales.
Las sanciones han alcanzado los $9,999.99 por infractor —el máximo permitido en este nivel— y han sido aplicadas a diversas actividades, incluyendo fincas porcinas, lecherías y desarrollos urbanísticos. Entre las irregularidades detectadas figuran descargas ilegales de aguas residuales, ausencia de instrumentos de gestión ambiental y manejo inadecuado de desechos.
Estas prácticas han impactado directamente las plantas potabilizadoras que abastecen a comunidades de las provincias de Herrera y Los Santos, donde el agua producida ha sido catalogada como no apta para el consumo humano en determinados momentos.
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Las autoridades de ambiente sostienen que las acciones de fiscalización continuarán, en un escenario en el que las denuncias ciudadanas y los hallazgos técnicos siguen evidenciando una presión sostenida sobre los ecosistemas acuáticos del país.
En este contexto, los recorridos y las inspecciones continúan identificando nuevos focos de contaminación. Los registros de Miambiente reflejan un escenario en el que, pese a las sanciones impuestas y las medidas correctivas ordenadas, la presión sobre las fuentes hídricas no cede y los procesos administrativos siguen acumulándose en diversas cuencas del país.
