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Alejandro Moncada Luna se convirtió ayer en el segundo magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designado en el gobierno de Ricardo Martinelli, forzado a salir del cargo. El primero fue José Abel Almengor, quien renunció en 2011, luego de que lo implicaran en un supuesto complot contra la exprocuradora Ana Matilde Gómez.
En el caso de Moncada Luna, su suspensión es “provisional”, mientras se le investiga por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos.
Así lo determinó la subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional, instancia compuesta por las juezas Katleen Levy, del Partido Panameñista; Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y, coincidentemente, Ana Matilde Gómez, que ahora es diputada por la libre postulación.
Como fiscal actúa el diputado perredista Pedro Miguel González, luego de que la Asamblea Nacional recibiera una denuncia del Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, a raíz de que La Prensa revelara que Moncada Luna adquirió dos apartamentos por $1.7 millón, uno de ellos al contado, luego de ser nombrado en la CSJ.
LUNES DE JUSTICIA
La audiencia celebrada ayer en el Salón Azul de la Asamblea Nacional, inició a las 10:36 a.m. Moncada Luna y su abogado Sidney Sittón llegaron a las 10:15 a.m.
Sittón, quien el fin de semana cuestionó el proceso, desafío al fiscal y volvió a alegar que no se les notificó. Originalmente, la audiencia de imputación de cargos se programó para el pasado viernes, pero Moncada Luna y su defensa no concurrieron, alegando que formalmente nadie les avisó. Aquella ausencia del magistrado fue el motivo por el que su residencia fue allanada el sábado pasado, con orden de conducirlo a la subcomisión, a la que finalmente acudió ayer, de manera “voluntaria”.
Sittón exigió a las juezas de garantías copia, dirección y teléfono de la notificación para la audiencia. Primer receso. Al retomar el caso, le dieron la información requerida: correo electrónico remitido el 16 de octubre pasado a las 14:50 p.m.
Moncada Luna, vestido de saco azul oscuro, corbata rosada y portando un reloj Rolex en su muñeca izquierda, solicitó la palabra. Dijo que tenía interés en agilizar el proceso y no “dilatarlo”. Una de las juezas le preguntó si acaso asumiría su propia defensa. Él respondió que no.
Llegó el turno del fiscal, quien en tono enérgico, pero pausado, solicitó a las juezas que se le imputaran los cargos: enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos. Petición concedida.
Desde su trinchera, Sittón, que llevaba un ejemplar de la obra Cuando la Justicia Quema de Santander Tristán Donoso, advirtió que solicitaría la nulidad del proceso, porque –según él– González –a quien incluso llegó a interrumpir– transgredió normas del Código Procesal Penal .
“Usted a mí me respeta porque, que yo sepa, usted no es abogado sino agrónomo”, le advirtió Sittón al fiscal, con cierta virulencia. Levy, quien es la presidenta de la subcomisión, le llamó la atención.
Moncada Luna, además de ser suspendido del cargo, tiene prohibido abandonar el país y debe permanecer en su domicilio. Tampoco podrá disponer de sus bienes, luego de que la semana pasada la subcomisión dictaminó la aprehensión de los dos apartamentos de Coco del Mar, por estar vinculados a los hechos que se investigan.
Gómez presentó un “voto razonado”, al considerar que confinar a Moncada Luna limita su derecho a reunirse para elaborar su defensa.
Sittón advirtió de que esta medida en especial lleva a su cliente al “extremo de indefensión”. Anunció que apelará la decisión y acudirá a instancias internacionales, de ser necesario.
González, también solicitó un allanamiento al despacho del magistrado. Las juezas no lo aprobaron.
Las pruebas
Entre las pruebas que aportó el fiscal está la declaración jurada de bienes patrimoniales que presentó Moncada Luna en diciembre de 2010, en la que consta que el magistrado dijo ser dueño únicamente de una camioneta Toyota de 2005, y un Rolex tipo “Presidente”.
González dijo, además, que información recabada por la Dirección General de Ingresos (DGI) determinó que las declaraciones de renta que hizo el magistrado imputado entre los años 2004 y 2009, fue de $12 mil por año. Es decir, un promedio de $1,000 al mes.
Mientras que los salarios obtenidos por Moncada Luna, entre enero de 2010 a la fecha, ascienden a $571 mil 531 sin aplicar las deducciones de ley y sin descontar sus gastos personales y familiares, señaló González. “El patrimonio del magistrado no refleja la posibilidad de adquirir los cuantiosos bienes que posee”, resaltó.
Las averiguaciones preliminares determinaron además que María del Pilar Fernández de Moncada Luna, esposa del suspendido funcionario de la Corte, abrió una cuenta en el Banco Universal, donde el 2 de octubre de 2013 recibió una transferencia personal de $400 mil.
María del Pilar trabajó en la Presidencia en el gobierno de Martinelli, devengando $4 mil al mes.
El fiscal hizo un recuento de cómo el magistrado imputado adquirió los dos inmuebles a través de Corporación Celestial, S.A. y Corporación Alpil, S.A.
Recordó que su primera compra fue el apartamento 26B en el PH Ocean Sky, transacción que realizó en 2011 al Grupo Corcione, por $545 mil. Este monto fue cancelado de la siguiente manera: $395 mil al momento de la firma del contrato y $150 mil a través de un financiamiento con el Banco Nacional de Panamá (BNP), pactado a 23 años con una letra mensual de $1,000. Esta deuda fue cancelada al 6 de agosto de 2013, 29 meses después de haber sido adquirida.
Mientras que el 5 de mayo de 2014, Moncada Luna y su esposa compraron el apartamento del piso 16 en el PH Santorini, por $1 millón 179 mil 200. Esta propiedad fue pagada en un año y tres meses aproximadamente.
En la compra de ambos apartamentos resaltan los cheques de gerencia del Banco Universal.
González narró que en la época en que se hizo la transacción del primer apartamento, Moncada Luna fue ponente de un fallo relacionado con un litigio entre Petrolera Nacional, S.A. y el Banco Universal. La sentencia, dijo, revocó lo decidido en las instancias inferiores para favorecer al Banco Universal.
Aportó copia autenticada de este fallo, así como las declaraciones juradas de seis testigos: Ana Beatriz Bouche, exasistente de Moncada Luna por casi dos décadas; Luis Adolfo Corró, amigo del magistrado; Carlos Fernández Cooke, directivo de Desarrollo Coco del Mar (promotora del PH Santorini); Nicolás Corcione, promotor del PH Ocean Sky; José Alejandro Rojas Pardini Santacoloma, ejecutivo de Grupo Corcione, y Enrique Antonio Rivera Aguilar, oficial de crédito del BNP.
El magistrado no llegó solo. Le acompañaron sus parientes Gonzalo y Celma Moncada, y Kevin Arjona Moncada. En los recesos contó con la compañía de los abogados Neftalí Jaén y Arturo Vallarino, ambos asesores de la bancada de Cambio Democrático (CD), partido fundado por Martinelli.
“Estábamos presentes para elaborar un informe... la bancada decidió que estuviéramos allí tomando nota, porque en algún momento los diputados tienen que conocer lo que se dio durante el proceso”, justificó Jaén.
Vallarino también replicó que concurría como asesor de CD. Todos se sentaron en las filas detrás del asiento que ocupó Moncada Luna.
También la exministra de Trabajo y directiva de CD Alma Cortés se dejó ver por esos lares. “Vengo a ver la parte técnica y docente para transmitirle a mis estudiantes. Este es un procedimiento nuevo para el país. Solo estamos solicitando que sea un juicio parcial, transparente y alejado de la política”, manifestó.
El ambiente en el Palacio Legislativo cambió a las 2:05 p.m., cuando se escucharon gritos y consignas. Era el Sindicato Único de Trabajadores y Similares de la Construcción (Suntracs). Bandera en mano gritaban: “ ¡magistrados corruptos de la Corte Suprema, abajo!, ¡El Suntracs está en la calle...unidad, unidad!”. Esto alertó a la seguridad del Legislativo que desplegó a sus agentes y bloqueó el ingreso al lugar.
La audiencia concluyó a las 2:37 p.m., y siete minutos después, dos agentes motorizados de la Policía Nacional y una patrulla se presentaron en la Asamblea. Venían a conducir al suspendido magistrado a su residencia.
Moncada Luna tardó casi una hora en salir. A las 3:45 p.m. subió a un vehículo Toyota Land Cruiser blanco, rumbo al Ocean Sky, donde llegó a las 3:57 p.m.
LO QUE SIGUE
Conforme al Código Procesal Penal, el fiscal tiene hasta dos meses para examinar la documentación e investigar los hechos. Luego, presentará el expediente con una solicitud de apertura de juicio o la desestimación de los cargos. Las juezas deberán decidir si hay causa para remitir el expediente al pleno de la comisión de Credenciales. Esta instancia, a su vez, decidirá si hay méritos para la apertura de un juicio oral en el pleno.
Para dictar una sentencia condenatoria se requiere del voto de las dos terceras partes del pleno, es decir, 40 de los 60 diputados actuales. De lo contrario, el imputado será declarado no culpable.
El magistrado suspendido de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, luego de la audiencia y antes de dejar la Asamblea Nacional, se acercó a los periodistas.
Durante una improvisada rueda de prensa aseguró que aceptaba las medida que avalaron la juezas de garantías, pero que se cometía una injusticia en su caso. “Se me han violado todas mis garantías. El fiscal me acusó de enriquecimiento ilícito, me ha acusado de una serie de delitos inconcebibles... vamos a presentar todas las pruebas que tengo”.
“Ustedes me conocen, no soy un tonto para poner [a nombre de una sociedad] el apartamento donde voy a vivir, y voy a poner las iniciales de mi esposa. Voy a comprobar que los pagos que se han hecho son de procedencia lícita y le pido al tribunal, que ha violado todos mis derechos, que me deje presentar las pruebas”.
“Tengo una defensa y voy a probar mi inocencia y después, qué va a decir Pedro Miguel González... esto es político”, insistió.
Aseguró que esa declaración jurada que presentó antes de ser magistrado es la misma que aportó cuando fue viceministro de la Presidencia y director de la extinta Policía Técnica Judicial. “Es la misma, porque los bienes yo los ponía a nombre de mi esposa, ... yo no tengo cuenta bancaria a mi nombre”, confesó. Dijo tener una certificación en la que consta que ha cambiado sus cheques, producto del pago de su salario de magistrado, en un cajero automático. Explicó que durante su vida laboral como abogado, cuando los clientes le iban a cancelar, él les decía: “págame en efectivo, dámelo en efectivo [el dinero] por que me vas a hacer cambiarlo [si le pagaban con cheque] en el banco. Eso es fácil, que la Superintendencia de Bancos certifique que no tengo una cuenta de banco a mi nombre”, resaltó.
En cuanto al fallo, que según el fiscal Pedro Miguel González emitió a favor del Banco Universal, sostuvo: “ese caso yo lo heredé... el expediente comenzó en 2009 y yo comencé en el año 2010, todo el pleno de la Corte Suprema falló en ese caso, no fui el único”.
Sobre la medida cautelar de reclusión domiciliaria dijo: “Cómo voy a trabajar en mi defensa, si yo no puedo salir de mi casa... de todas maneras vamos a seguir hacia adelante en el sentido de que vamos a presentar la pruebas”.
Eduardo Mendoza
Tras la suspensión del magistrado Alejandro Moncada Luna su despacho quedará a cargo de su suplente, Abel Zamorano. Zamorano, de 62 años de edad, se recibió de maestro en el año de 1973 en el Instituto Normal Rubiano y tiene 32 años de ejercicio profesional. Es magistrado del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial desde 1996 y profesor titular en la Universidad de Panamá.
Fue dirigente universitario en sus días de estudiante y es miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados. Fue designado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, luego de que la Asamblea Nacional rechazara la candidatura de Zaira de Latorraca.
Previamente, en los años 2005 y 2007, Zamorano presentó sus papeles para aspirar al cargo de magistrado de la Corte.
Fungió como magistrado fiscal en el proceso judicial que se adelantó por el presunto pago de sobornos para la aprobación del contrato del Centro Multimodal, Industrial y Servicios (Cemis) en el año 2001.
En este caso Zamorano imputó cargos al expresidente Martín Torrijos, que luego fueron desestimados en agosto pasado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, al declarar que el caso se encontraba prescrito. En relación a Carlos Afú, que en 2001 aceptó que recibió sobornos para dar su voto de diputado a favor del contrato–ley del Cemis, consideró que este debía ser sobreseído porque se arrepintió y dio a conocer los hechos.
Zamorano, además, fue parte de la comisión arbitral de la Federación Panameña de Fútbol.
Pertenece a diversos gremios forenses locales e internacionales entre ellos, a la Academia Panameña de Derecho y es fundador del Instituto Panameño de Derecho Procesal. También ha hecho múltiples publicaciones en materia de derecho laboral y civil.
Juan Manuel Díaz C.
La subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional ordenó la separación del cargo del magistrado Alejandro Moncada Luna, a quien se le imputan los cargos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos.
También tiene prohibido salir del país y la obligación de permanecer en su residencia. La semana pasada, la subcomisión dictó la aprehensión de dos apartamentos de Moncada Luna en Coco del Mar, por estar vinculados a los hechos que se investigan.
Las juezas autorizaron la conducción obligatoria de Moncada Luna a su casa.
En ausencia de Moncada Luna lo reemplaza su suplente, Abel Zamorano, en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las juezas de garantías son las diputadas Kaytleen Levy, Zulay Rodríguez y Ana Matilde Gómez. Esta última emitió un voto razonado, por considerar que la orden de mantenerse recluido en su domicilio “merece un atenuante”.
Acto seguido, el abogado defensor Sidney Sittón apeló las medidas cautelares que restringen la libertad de su cliente.
“Lo están llevando a un extremo de indefensión”, remarcó.
"Ustedes [las juezas] han sido condescendientes", replicó el diputado Pedro Miguel González, quien fue investido como fiscal del caso.
Las jueces decretaron un receso para estudiar el pedido de Sittón. A su regreso informaron que tal solicitud era improcedente.
El fiscal Pedro Miguel González solicitó el allanamiento de las oficinas de Moncada Luna. La petición fue negada.
Desde enero de 2010, cuando fue nombrado como magistrado a la fecha, el magistrado ha recibido salarios de 571 mil 531 dólares sin deducciones de ley, por lo que a juicio del fiscal, el magistrado debe explicar cómo compró dos apartamentos en Coco del Mar por 1.7 millón de dólares.
El fiscal señala que ha entrevistado a los siguientes testigos para basar sus acusaciones: Ana Beatriz Bouche, exasistente de Moncada Luna; Luis Adolfo Corró, amigo del magistrado; Carlos Fernández Cooke, directivo de Desarrollo Coco del Mar (promotora del PH Santorini); Nicolás Iván Corcione Pérez Balladares, promotor del PH Ocean Sky; José Alejandro Rojas Pardini Santacoloma, ejecutivo de Grupo Corcione y Enrique Antonio Rivera Aguilar, oficial de crédito del Banco Nacional de Panamá (BNP).
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HABLA MONCADA LUNA
Luego de la audiencia Moncada habló a los medios de comunicación:
"Se me violaron todas mis garantías. Lo único que faltó fue acusarme de homicidio y tráfico de droga. Voy a presentar todas las pruebas que tengo. Voy a comprobar todos los pagos que he hecho, que son de procedencia lícita. Cuando vean mis pruebas, vamos a aclarar esto. El fiscal me ha acusado sin fundamento. Ha violado la ley. Pidió un allanamiento a mi oficina. Gracias a dios las juezas de garantías no se lo permitieron. Hay un Dios, y ya veremos qué pasa más adelante", precisó.
OBREROS PROTESTAN
A eso de la 1:30 p.m. se presentó un grupo de trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares a las afueras de la Asamblea Nacional para protestar.
