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El abogado Jesús Lisímaco Rosas, expresidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, se reunió este jueves, 23 de octubre, a la Asamblea Nacional, con el diputado fiscal Pedro Miguel González. El encuentro duró una hora.
Rosas dijo que asistió al Legislativo para presentar elementos en el proceso que se le sigue a Alejandro Moncada Luna, magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos.
Rosas, un veterano político, ha dicho ser socio de Moncada Luna en Omega Security, una antigua agencia de seguridad.
Moncada Luna no incluyó esta participación accionaria en su declaración jurada de bienes, elaborada en el mes de diciembre de 2010.
En aquel documento informó que sus únicas pertenencias eran una camioneta Toyota Land Crusier Prado del año 2005, y un reloj de oro marca Rolex tipo “Presidente”.
TESTIGOS Y DILIGENCIAS
El fiscal González anunció que en los próximos días citarán a cinco testigos en este caso. Afirmó que se están programando también diligencias a entidades bancarias. “Vamos a analizarlo todo”, expresó.
Moncada Luna fue denunciado en la Asamblea por el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia, luego de que La Prensa informara que el funcionario adquirió dos apartamentos por $1.7 millón, uno de ellos al contado, desde su designación en la Corte Suprema de Justicia.
(Con datos de Eduardo Mendoza)
Jesús Lisímaco Maco Rosas conoce bien a Alejandro Moncada Luna. Incluso dice que el magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le llama afectuosamente “ tío Maco”.
Pero a diferencia del otro “tío” de Moncada Luna –el empresario Felipe Pipo Virzi, quien ahora guarda un prudente silencio–, Maco Rosas ha dado declaraciones en las que expone elementos de la situación patrimonial del investigado magistrado.
Para empezar, el veterano político reconoció ser socio de Moncada Luna en la compañía Omega Security, S.A., que hace años operó una agencia de seguridad. El otro socio era Uttam Choithram Nandwani. Cada uno era dueño del 33.3% de las acciones.
Moncada Luna no incluyó esta participación accionaria en su declaración jurada de bienes, elaborada en diciembre de 2010. En aquel documento informó, que sus únicas pertenencias eran una camioneta Toyota Land Crusier Prado del año 2005, y un reloj de oro marca Rolex tipo “Presidente”.
En el año 2000, la CSJ autorizó la destitución de Moncada Luna como director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), por faltas a la ética. Rosas –que entonces presidía el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena)– contó que Moncada Luna se le acercó para proponerle un negocio de una empresa de seguridad. El otro socio sería Nandwani.
“Le dije que me presentara un proyecto; él lo presentó y le dije vamos a hacerlo”, recordó. A Moncada Luna le conocía desde 1992, cuando trabajó para su firma de abogados.
La Empresa
Omega Security, S.A. fue constituida el 26 de mayo de 1999, según consta en el Registro Público. La sociedad continúa vigente.
Sus primeros dignatarios fueron Rodrigo Molina Ortega (presidente), Mayela Rosas (secretaria) y Humberto Elías Juárez (tesorero). Actualmente, esos cargos los ocupan, respectivamente, Humberto Elías Juárez, Alexis González y Raúl Santiago. (Ver documento).
“Esta directiva la preside [Humberto Elías Juárez] un amigo de Alejandro. A los otros dignatarios no los conozco... Es más, mi hija estaba en la directiva original y la sacó”, comentó Rosas.
Calificó a Juárez como un “amanuense” de Moncada Luna.
deudas y secuestros
“Antes de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia fui abogado litigante por muchos años, fui copropietario de dos empresas de guardia de seguridad y atendí procesos millonarios”, declaró Moncada Luna, el 2 de octubre pasado, al diario Panamá América. El pasado lunes, luego de la audiencia en la que se le imputaron cargos y se le separó del puesto, aportó más detalles de su pasado empresarial. Por ejemplo, contó que no tenía cuentas bancarias porque a sus clientes siempre les cobró en efectivo, para –según él– evitar la molestia de tener que acudir al banco a cambiar cheques.
No aportó más detalles sobre su alegado pasado empresarial. El que, dicho sea, no consta en su declaración notarial de 2010.
Ana Beatriz Bouche, quien por casi dos décadas fue abogada y asistente de Moncada Luna, confirmó la vinculación de este con Omega Security.
En una declaración jurada, que es parte de las pruebas que reposan en el expediente que maneja el diputado fiscal Pedro Miguel González, Bouche indicó que las operaciones de Omega Security fueron cerradas entre 2008 y 2009, por registrar pérdidas. También dijo que su exjefe tenía participación en Star Security.
Según el testimonio de Bouche, Omega Security tenía un préstamo con la Caja de Ahorros. Moncada Luna era el fiador; como la agencia no generaba los ingresos esperados, hubo retraso en los pagos al banco y este secuestró parcialmente la residencia de Moncada Luna en Dos Mares. Bouche adjuntó copia de dicho secuestro.
Rosas contó que Moncada Luna cerró las operaciones de Omega Security, sin informar a los socios. Luego, en 2005, recibió una notificación del Banco Cuscatlán, hoy Citibank. Le informaron sobre una deuda de $123 mil 474. (Ver carta).
Por esa razón, tiene más de nueve años pagando letras de $550 al mes; hasta ahora suman unos $62 mil.
También afirmó que Moncada Luna vendió todos los activos de la agencia, que ascendían a $64 mil 572.
“Pudo haber vendido el equipo, de mucho dinero, todo el patrimonio de la empresa, a otra agencia o se alió con otra agencia... No puedo saber cuál fue el destino, pero nunca se disolvió [la sociedad], nunca se informó, nunca se líquido legalmente, nunca se rindió cuentas. Esa es la realidad”, expresó Rosas.
El fiscal cita a rosas
Una fuente judicial confirmó que Rosas fue citado para hoy por el diputado fiscal González, para que aporte estas informaciones como prueba al proceso que adelanta la Asamblea contra Moncada Luna por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos.
Para Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), las declaraciones de Rosas comprueban uno de los cargos impuestos, específicamente el de falsificación de documentos.
Para Araúz, la declaración jurada de bienes de Moncada Luna es falsa porque afirmó no tener acciones ni tener participación alguna en sociedades anónimas.
Víctor Lewis, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que el fiscal hace bien en sumar estas revelaciones al cúmulo de pruebas contra Moncada Luna, quien tiene prohibido salir del país y está confinado en su residencia, por orden de las juezas de garantías.
Moncada Luna fue denunciado en la Asamblea por el CNA y la Alianza , luego de que La Prensa informara que el funcionario adquirió dos apartamentos por $1.7 millón, uno de ellos al contado, desde su designación en la CSJ.
Vienen más casos
El presidente Juan Carlos Varela, en un almuerzo ayer con representantes de medios de comunicación, advirtió que “vienen más casos y más fuertes” relacionados con denuncias de corrupción. Varela pidió no “fijarse” en los nombres de los procesados, y sí en los delitos que se les endilgan.
Al rechazar la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa del magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, los miembros del pleno del Palacio Gil Ponce De León estimaron que “la disposición legal cuya constitucionalidad se cuestiona, ya fue aplicada antes de que la acción se presentara”.
El fallo, bajo la ponencia del magistrado Harley Mitchell, explica que la citada norma se aplicó desde el 8 de octubre pasado cuando se admitió la denuncia contra Moncada Luna, presentada por el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Y la advertencia de inconstitucionalidad, según el fallo, fue recibida el pasado martes 21 de octubre en la Secretaría General de la Corte. Ello, pese a que la defensa legal de Moncada Luna presentó la advertencia el jueves 16 de octubre ante la subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional. Mitchell advirtió de que uno de los requisitos para admitir una advertencia de inconstitucionalidad es que la ley demandada no haya sido aplicada.
Según Mitchell, la comisión de Credenciales no solo admitió la denuncia y nombró una subcomisión de garantías, sino que, incluso, las diputadas que actúan como juezas –Katleen Levy, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez– ya han intervenido en el trámite de la investigación penal.
El fallo de Mitchell fue avalado por los magistrados Abel Zamorano (suplente de Moncada Luna), Oydén Ortega, José Ayú Prado, Víctor Benavides, Secundino Mendieta (suplente de Hernán De León), Wilfredo Sáenz (suplente de Harry Díaz), Luis Ramón Fábrega y Luis Mario Carrasco (suplente de Jerónimo Mejía).
El pleno de la CSJ, que se encuentra en sesión permanente para analizar los dos recursos, debatió y discutió el hábeas corpus presentado en contra del arresto domiciliario de Moncada Luna. La reunión concluyó pasadas las 7:30 p.m. sin resolver el hábeas corpus, y se decretó un receso hasta hoy, jueves. Ayú Prado, como presidente de la Corte, dio declaraciones al concluir el pleno y explicó que el magistrado Carrasco, como ponente del hábeas corpus, pidió tiempo para redactar el proyecto de fallo. Informó que la sesión del pleno se reanuda en la mañana de hoy.
Al ser consultado sobre lo inusual de convocar a dos plenos extraordinarios en sesión permanente para resolver cuatro recursos presentados por Moncada Luna, Ayú Prado dijo que “estamos hablando de un procedimiento especial dentro del sistema penal acusatorio, el cual debe ser ágil y rápido”. El pasado jueves 16 de octubre, en sesión permanente, el pleno de la CSJ no admitió un amparo de garantías y una advertencia de inconstitucionalidad presentada por Moncada Luna.
Rubén Polanco
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El Movimiento Institucionalidad y Justicia presentó ayer las hojas de vida de cuatro candidatos para el cargo de contralor general de la República ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional a fin de que sean considerados por los diputados en el proceso de escogencia de este funcionario.
Se trata de Luz María Salamina, funcionaria del Banco Mundial en África occidental; Luis Chen, contador y presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá; José Chen Barría, excontralor de la República, y Roberto Brenes, economista y director de la Bolsa de Valores de Panamá.
La presidenta del Movimiento Institucionalidad y Justicia, Sandra Escorcia, manifestó que estas personas tienen el perfil para ser el próximo contralor, tras considerar que ningún candidato que surja de unas negociaciones tendrá la capacitad, ni será la persona en la que los ciudadanos van a tener la confianza para que cuide los dineros del pueblo.
“Creemos que el que debe ocupar el cargo debe ser una persona independiente, que tenga la capacidad, que no haya pertenecido en los cinco años anteriores a ningún gobierno ni a la Asamblea Nacional y que no pertenezca a ningún poder económico”, dijo.
Al consultársele sobre el candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Bernabé Pérez, y sobre Federico Humbert Arias, quien sería postulado por los panameñistas, expresó: “el señor Bernabé Pérez no cumple con los requisitos y lamentablemente el señor Humbert Arias tampoco”.
Dijo que dado que la Asamblea representa a la sociedad civil, los diputados deberían acatar las recomendaciones que hacen las agrupaciones de esa misma sociedad.
La falta de consenso entre las bancadas del PRD y el panameñista para elegir al reemplazo de Gioconda Torres de Bianchini podría extender el proceso de selección de esta figura más allá del 31 de octubre, fecha en que culmina el período de sesiones extraordinarias del Legislativo.
Hace poco el partido Cambio Democrático informó, a través de un comunicado, que no apoyaría al candidato que postule el Panameñista, lo que dejó abierta la posibilidad de respaldar al PRD.
Voces a lo interno del PRD advierten de que el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, estaría impulsando la candidatura de Pérez.
Francisco Sánchez Cárdenas, expresidente del PRD, no descarta que Martinelli esté en medio de la negociación. “Me inclino por pensar eso, aunque no tengo ninguna prueba”, señaló. “De ser cierto, es un golpe más a la democracia panameña y debería investigarse, pero, ¿quién lo va a investigar si los organismos que investigan están a merced de Martinelli?”, planteó.
Fernando Berguido Guizado, futuro embajador de Panamá en Italia, dijo estar decidido a restablecer la armonía en las relaciones entre ambos países, las cuales –agregó- se han afectado ante los recientes escándalos de corrupción.
Berguido, a quien el Gobierno de Italia otorgó su beneplácito la semana pasada, sustentó su plan de trabajo hoy, 22 de octubre, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional.
Actualmente, en tribunales de Roma y Nápoles se adelantan procesos por corrupción internacional en Panamá y extorsión, entre otros cargos, relacionados con la compra de equipos de seguridad al conglomerado Finmeccanica, por $250 millones durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
“Mi función no es de fiscal”, advirtió Berguido, quien dijo respetar las funciones diplomáticas que como embajador le corresponde asumir. Abogado de profesión, este es su primer cargo público.
Agregó que aceptó la designación al presidente Juan Carlos Varela para también “defender los intereses de Panamá ante los consorcios que han vendido equipos y que Panamá tiene reclamaciones pendientes”.
“Los panameños tenemos el derecho a saber qué pasó en Italia”, acotó.
Martinelli y personeros de su gobierno repetidamente descalificaron los procesos en Italia, a los que se referían como una “telenovela mal traducida”.
Berguido dijo que semejante caracterización demerita la seriedad del sistema judicial italiano. “Es muy grave lo que se está llevando allá”, comentó.
Berguido ha sido presidente de la junta directiva de Corporación La Prensa (Corprensa) y director del diario La Prensa; presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), y miembro de la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes de la dictadura militar (1968-1989).
Con su designación diplomática, Berguido renunció a la junta directiva de Corprensa.
El Movimiento Institucional y Justicia presentó hoy ante la Asamblea Nacional el perfil de cuatro profesionales que aspiran al cargo de contralor de la República.
Se trata de Luz María Salamina, Roberto Brenes Pérez, José Chen Barría y Luis Chen.
Sandra Escorcia, representante del movimiento, explicó que presentaron de manera formal ante la Secretaría General de la Asamblea el currículum de estas cuatro personas.
"Tienen el perfil para que sean postulados y que uno de ellos salga como el próximo contralor. Son independientes, así lo considera la sociedad civil", dijo.
Agregó que la persona que ocupará el cargo no debe estar ligada al poder político ni económico. "Que no tenga rabo de paja", sostuvo Escorcia..
Roberto Brenes Pérez es gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá; José Chen Barría fue contralor de la República y exvicerrector administrativo de la Universidad de Panamá; Luis Chen es contador de profesión, y Luz María Salamina, exgerente de la Asociación Panameña de Crédito (APC).
La Asamblea tiene que elegir antes que finalice el año a un nuevo contralor.
A Gioconda Torres de Bianchini, actual contralora, se le vence su periodo el próximo 31 de diciembre. Torres de Bianchini fue nombrada por el expresidente Ricardo Martinelli, en 2009.
(Con información de Gustavo A. Aparicio O.)
