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La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados recomendó hoy, 17 de julio, al pleno legislativo, ratificar la designación de Rolando De León De Alba como gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP).
Una hora después, luego de un receso, los diputados también avalaron la propuesta que el pleno ratifique a Jesús Sierra como administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
En la agenda también fue incluida la ratificación de Jorge Barakat Pittí como administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y de Julio González, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Tras su ratificación, De León dijo que se concentrarán en reforzar el sector agropecuario y de vivienda.
De León explicó que continuarán con el apoyo a los productores para que enfrenten los embates que están sufriendo. También hizo énfasis en el financiamiento para la construcción de viviendas a fin de “reducir el déficit habitacional”.
Sostuvo que la entidad a su cargo “seguirá creciendo”. Dijo, por ejemplo, que tienen $9 mil millones en activos totales y en cuanto a las perspectivas económicas “seguiremos positivos pese a que este último año creció más lento por las elecciones".
Rosendo Rivera –hasta hace unos meses abogado del gobernante Ricardo Martinelli– reafirmó hoy que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, cuando fungía como procurador, resolvió un cuestionario que la Fiscalía Séptima de Circuito le remitió al mandatario, tras una denuncia que éste interpuso contra la dirigente opositora Balbina Herrera por divulgar correos que había intercambiado con el italiano Valter Lavítola.
Rivera reveló que el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah, lo llamó el 24 de junio de 2012 a sus oficinas para entregarle el cuestionario resuelto por Ayú Prado.
“Esto me molestó. Shamah me dijo que no tendríamos problemas, porque el cuestionario lo respondió el propio Procurador”, sostuvo Rivera, al tiempo que advirtió la gravedad de esta situación.
Según el abogado, no había necesidad de esta ‘injerencia’ porque el proceso seguido a Herrera estaba bien llevado y, en ese momento, no tenía la menor duda de que la dirigente del Partido Revolucionario Democrático sería llamada a juicio.
“Me comuniqué con el Presidente y sinceramente creo que él no sabía, pues a su alrededor hay personas que le gusta ganar gracia”, contó el abogado, tras asegurar que esta acción –sumadas a otras– le sirvieron a Ayú Prado para llegar a la Corte.
“Acordamos que no intervendrían más nunca en este caso”, indicó Rivera, quien aclaró que su testimonio no es político, sino que busca llamar la atención para que esto no se repita.
Asimismo, lamentó que los gremios y la propia ciudadanía hayan dejado solo al exjuez cuarto penal, Alexis Ballesteros, quien tuvo la valentía de denunciar actos de corrupción al más alto nivel del sistema judicial.
Justamente el 26 de marzo pasado Ballesteros denunció ante la Asamblea Nacional a cuatro magistrados de la Corte Suprema, entre ellos Ayú Prado, por presuntamente ejercer intimidación directa e injerencia para favorecer intereses del Órgano Ejecutivo. Además de Ayú Prado, se acusó a los magistrados Moncada Luna, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta, y a Shamah.
En esa denuncia, Ballesteros comentó que cuando ejercía como juez undécimo penal, el magistrado Sáenz le indicó en presencia del entonces presidente de la CSJ, Alejandro Moncada Luna, que resolviera el proceso seguido a Herrera por divulgar correos electrónicos del presidente Martinelli, debido a que requerían del apoyo porque estaba involucrado el mandatario.
Argumentó que Sáenz, en presencia suya, llamó a Shamah para decirle que no había problemas con el caso de Herrera, y luego le indicó que el administrador de Turismo era el enlace directo con la persona a la que llamaban el Boss.
Ballesteros también denunció que en otro caso el magistrado Sáenz en presencia de Moncada Luna le pidió en abril de 2013, cuando aún estaba en el Juzgado Undécimo, que decretara de oficio la prescripción de un proceso por estafa contra el empresario Gabriel Btesh.
Más información mañana en la edición impresa de La Prensa.
