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Una comisión del Colegio Nacional de Abogados (CNA) que viajó este mes a Italia constató que en el expediente abierto en ese país a Valter Lavítola por corrupción internacional, se menciona a funcionarios panameños, entre ellos el presidente Ricardo Martinelli.
Así lo informó ayer el presidente de este gremio, José Alberto Álvarez, quien agregó que ante la resistencia del Ministerio Público (MP) de designar a un representante legal para el juicio a Lavítola que inicia el próximo 23 de junio en Roma, el CNA decidió contratar a un abogado para que los represente como “observador”.
Esto, dijo, para conocer el alcance de la afectación al Estado por la compra de radares, helicópteros y un mapa digital al consorcio Finmeccanica, en la cual Lavítola ejerció un papel “instrumental”, según reconocieron los funcionarios panameños involucrados en la misma.
El presidente del CNA cuestionó el poco interés del MP por el caso, y haber cerrado “prematuramente” la investigación local. En contraste, destacó que el Gobierno de India sí se constituyó en querellante, como parte afectada, por el mismo tipo de delito de corrupción internacional que, según los fiscales italianos, se consumó en Panamá.
Martinelli y funcionarios de su gobierno han calificado el proceso que se le sigue a Lavítola como una “telenovela”.
El Colegio Nacional de Abogados (CNA) otorgará un poder a un abogado en Italia para poder convertirse en observadores en el juicio que próximamente se le realizará a Valter Lavítola por corrupción internacional.
Así lo informó José Alberto Álvarez, presidente del CNA, este lunes, 21 de abril, cuando fue presentado un informe sobre el viaje que una comisión de esa organización efectúo a Italia.
La misión era conocer sobre el avance del proceso seguido a Lavítola y otros por corrupción en la compra de radares, helicópteros y un mapa digital a la empresa Finmeccanica.
El presidente del CNA explicó que, al no ser parte en el proceso, a la comisión no se le pudo dar acceso al expediente que se instruye en ese país. No obstante, pudo conocer que "sí están mencionados" panameños.
En ese sentido, Álvarez advirtió que si Panamá no toma una acción en el momento oportuno podría perder la oportunidad de participar en el proceso que adelanta la justicia italiana.
Agregó que todo recurso de las autoridades panameñas debería presentarse antes del 23 de junio, fecha en la que la jueza italiana Maria Bonaventura decidió enviar a juicio a los acusados Paolo Pozzessere y Lavitola de corrupción internacional en Panamá.
Las revelaciones del exjuez cuarto penal Alexis Ballesteros han desatado una ola de críticas sobre el sistema de administración de justicia, en cuanto a la independencia, así como a la resolución de los procesos y emisión de los fallos.
Tanto es así que algunas organizaciones de la sociedad civil han calificado de “valiente” la acción de Ballesteros, mientras que otros piden la introducción de mecanismos independientes para la investigación de jueces y magistrados por faltas a la ética.
En ese sentido, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño aseguró que la denuncia presentada por el exjuez Ballesteros contra los magistrados del Segundo Tribunal de Justicia, debe ser investigada por el Ministerio Público (MP).
De Troitiño estimó que la denuncia de Ballesteros demuestra que se requiere de una prolija investigación para determinar la existencia de presiones sobre los jueces penales por parte de sus superiores.
Sistema débil
La exfuncionaria planteó que “la debilidad del sistema de administración de justicia radica en que no hay independencia para la designación ni para el juzgamiento de jueces y magistrados”.
José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, consideró que las denuncias de Ballesteros son “muy serias” y deben ser investigadas.
“Independientemente de la falta cometida, los magistrados saben donde hay jueces corruptos y que faltan a la ética, lo que nosotros queremos es que se haga una limpieza de todas esas manzanas podridas, pero si los jueces y magistrados denuncian cosas, también hay que investigarlas”, precisó Álvarez desde Washington, Estados Unidos.
Carlos Rubio, candidato a diputado por el Partido Popular, dijo que Ballesteros confirma lo que es un secreto a voces. “El presidente [Ricardo] Martinelli se inmiscuye en el Órgano Judicial y pareciera tener una adicción a concentrar poder. Esto viola flagrantemente la Constitución Política y es un delito grave que destruye el sistema democrático”, planteó el político.
Vergüenza nacional
Entre tanto, Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro Justicia, calificó las denuncias de Ballesteros como “gravísimas” y sostuvo que si en Panamá se viviera en un estado de derecho, hoy mismo la Asamblea Nacional empezaría una investigación.
“Es una vergüenza nacional lo que está pasando en la justicia. No existe ninguna confianza en que las denuncias del exjuez contra magistrados del Tribunal Superior se investiguen a lo interno del Órganos Judicial, ya que han salido a relucir nombres de magistrados de la Corte”, expresó.
Por otra parte, Castillo consideró que los ataques contra el exjuez están saliendo de la propia Corte Suprema de Justicia. “No veo manera de aclarar estas denuncias que vienen de un lado y del otro. En este país la institucionalidad no funciona”, recalcó.
No hay confianza
Para la exprocuradora Ana Matilde Gómez, la denuncia del exjuez “no es algo nuevo, es un secreto a voces y nada pasa”.
“Es un grito desde adentro del mismo sistema, y no es el primero. Todo comenzó con las declaraciones que hizo el exmagistrado Adán Arnulfo Arjona y hemos venido padeciendo pequeños brotes de algunos llamados de atención y de algunas voces valientes que denuncian que hay injerencia del Ejecutivo en el sistema de administración de justicia”, precisó Gómez .
La jurista acotó que la falta de confianza en el Órgano Judicial “llevará a Panamá a una anarquía”. “Hay que rescatar la institucionalidad del país y con estos magistrados tan desprestigiados y la falta de respeto del Presidente de la República [Ricardo Martinelli] a la separación de poderes, es un cínico retroceso en materia de consolidación democrática”, puntualizó Gómez.
A su vez Angélica Maytín, presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional capítulo de Panamá, reclamó al exjuez Ballesteros por qué esperó dos años para hacer la denuncia. “Si [la denuncia] fuese apenas se presenta la primera presión, hubiese renunciado”, cuestionó.
Sin embargo, Maytín dijo no tener dudas sobre las presiones que haya recibido el exjuez bajo la presidencia de la Corte Suprema de Justicia del magistrado Alejandro Moncada Luna para modificar sus fallos.
“Sé que él iba a ser despedido por sus fallos en casos de narcotráfico, donde sus superiores manejaban información de que hubo irregularidades, y por eso decide salir y hace esas declaraciones. Eso no es heroísmo, es conveniencia. El juez honesto ante la primera presión hace la denuncia; ese no fue el caso de este juez, que se aprovecha de la mala fama de la Corte para contar una historia que a mí no me convence”, resaltó Maytín.
También hizo un llamado a jueces y juezas que hayan sido presionados por la anterior presidencia de la Corte Suprema y en los escasos tres meses de la actual, que hablen ahora y no cuando se continúe con la depuración del Órgano Judicial, y les motivó a que protesten ante el primer atisbo de presión indebida.
MP debe investigar
El Movimiento de Abogado Gremialistas (MAG) solicitó a la procuradora de la Nación, Ana Belfon, que inicie una investigación contra el exjuez Ballesteros por haber confesado la supuesta comisión de un delito al aceptar que falló en algunos casos bajo presión de sus superiores jerárquicos y de funcionarios del Ejecutivo.
Esta petición fue hecha por la presidenta del MAG, Edna Ramos, el viernes 28 de marzo, luego que representantes de este gremio se reunieron con la jefa del MP.
Explicó Ramos que de la misma forma como su gremio solicitó al pleno de la Corte que se investigaran los señalamientos de presiones que hizo Ballesteros contra varios magistrados, así mismo el MP debe abrirle un proceso de oficio, por la confesión que hizo de fallar en contra del derecho por las presiones recibidas de sus superiores.
Añadió que la procuradora Belfon tiene jurisdicción para abrirle este expediente, y debe llamar a Ballesteros a que se ratifique de las denuncias públicas que ha hecho ante medios de comunicación social.
La presidenta del MAG destacó que Belfon les dijo que no podía emitir criterio sobre este asunto, debido a que posiblemente se tenga que pronunciar judicialmente en este caso.
(Con información de Juan Manuel Díaz C., José Otero, Elio Nuñez y Eduardo Mendoza).
