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Organizaciones de la sociedad civil hicieron ayer un llamado a las instituciones encargadas de administrar justicia, para que impidan que los casos vinculados con el manejo de fondos públicos queden impunes y den una pronta resolución a las demandas contra los indultos otorgados por el exgobernante Ricardo Martinelli.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Rubén Elías Rodríguez opinó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da largas al trámite de las demandas interpuestas contra los indultos de Martinelli, pese a que hay dos precedentes en los que se decretó la inconstitucionalidad de medidas similares otorgadas en casos por delitos comunes.
Explicó que, basado en esos precedentes, el presidente Juan Carlos Varela puede derogar los indultos de Martinelli mediante un decreto ejecutivo.
En tanto, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, informó que pidieron al Gobierno retomar el Pacto de Estado por la Justicia, para cumplir acuerdos como la implementación de la carrera judicial y la derogación de la Ley 55 de 2012, que afecta la investigación a los diputados.
La Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados (CNA) exigió este lunes, 26 de mayo, la “inmediata” suspensión de las ferias migratorias conocidas como Crisol de Razas, creadas por el actual Gobierno en el año 2010.
Irma Silka Araúz, presidenta de dicha comisión, resaltó que desde que se inició este programa, el CNA ha manifestado su preocupación por el ingreso al país de miles de extranjeros que, al no cumplir con los requisitos establecidos por ley, ponen en riesgo la seguridad nacional. Esto, ya que se filtran personas vinculadas con actividades relacionadas al tráfico de personas, drogas y autos robados; blanqueo de capitales y/o financiamiento de terrorismo así como aquellas que no cuentan con solvencia económica alguna.
En vista de esta situación, la comisión del CNA solicitó a las nuevas autoridades que entran en función en julio próximo, a realizar una auditoría inmediata “sobre el uso y destino de las sumas cobradas por el gobierno actual” de los fondos recaudados en estas ferias migratorias.
Se instó también a las autoridades del nuevo gobierno de Juan Carlos Varela que inicien las consultas correspondientes para la elaboración de una “política migratoria integral”, que tome en consideración el impacto de estas ferias, con medidas que se ajusten a la realidad nacional, tanto en materia de seguridad personal y social, así como en los rubros de salud, trabajo, vivienda y educación.
En tanto, el presidente del CNA, José Alberto Álvarez, envió una carta al actual canciller de la República, Francisco Álvarez de Soto, con el fin de darle a conocer formal denuncia para que el Gobierno actúe por la violación del protocolo contra el tráfico ilícito de mirantes por tierra, mar y aire, que contempla la Convención de las Nacionales Unidades contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, adoptado en Nueva York (Estados Unidos), el 31 de mayo de 2001, aprobados mediamente la Ley 23 de 7 de julio de 2004.
La denuncia se hace con base a datos estadísticos oficiales que arrojan un 70% de migrantes captados a través de las denominadas ferias migratorias o crisol de razas que ha legalizado su estatus migratorio en el país, "sin que medie permiso de trabajo", lo cual coloca al migrante en una condición de vulnerabilidad y explotación.
Vea la información completa en el video que acompaña esta nota
