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CIUDAD DE MÉXICO AFP. -México amaneció este sábado horrorizado por la masacre de los 43 estudiantes desaparecidos confesada por presuntos narcotraficantes detenidos, una revelación que los padres de las víctimas se niegan a creer hasta que haya pruebas y que muchos esperan que genere una gran reacción social.
Tras casi un mes y medio sin noticias claras sobre los chicos, la fiscalía general mexicana compartió el viernes la escalofriante declaración de tres sicarios del cartel Guerreros Unidos que confesaron haber matado a los estudiantes y quemado sus cuerpos durante 14 horas para luego arrojar sus restos calcinados a un río.
Hasta ahora, la fiscalía solo había logrado reconstruir parte del crimen que arrancó la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur), cuando policías locales atacaron a alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa que recaudaban fondos en la ciudad por orden del ahora exalcalde detenido, que quería evitar que sabotearan un acto público de su esposa.
En esos ataques fallecieron seis personas y desaparecieron los 43 alumnos, la mayoría de entre 18 y 21 años, que según confesiones de otros detenidos habrían sido entregados por policías a sicarios de Guerreros Unidos.
El crimen, que ha sido calificado por Human Rights Watch (HRW) como uno de los “más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina”, ha supuesto la peor crisis desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012 y ha generado masivas protestas por todo el país que podrían aumentar a raíz de la brutal nueva confesión.
La noche del viernes, unas 300 personas se concentraron con velas en la emblemática plaza capitalina del Ángel de la Independencia y luego se desplazaron a la sede de la fiscalía, donde pintaron en la fachada: "YaMeCanséDelMiedo".
“Siento impotencia, coraje, incredulidad a lo que dice el gobierno que pasó, hartazgo”, decía Judit Ureña, madre de una niña de siete años.
Considerando que este caso que conmocionó al mundo ya escapa de promesas como las de Peña Nieto de hacer justicia, para el historiador Lorenzo Meyer, ahora “lo importante es cómo va a reaccionar la sociedad mexicana. ¿Va a seguir tan apática como por años lo fue? ¿Tan acostumbrada a que así son las cosas?”.
“El estado de ‘shock’ espero que no sea solo mío, sino que sea compartido por mis conciudadanos. Si esto no produce un ‘shock’ entre nosotros, ya nada lo puede producir”, dijo Meyer a la AFP.
Más de 80 mil personas han sido asesinadas en México y otras 22 mil han desaparecido desde que el expresidente Felipe Calderón lanzó el combate militar contra los cárteles en 2006.
Por el momento, los agotados padres de los estudiantes son los primeros en prometer no “bajar la guardia” ante el nuevo giro en las investigaciones al que no dan crédito.
“Parece que el gobierno federal, con una gran irresponsabilidad, le interesa que esto se vaya cerrando porque todo es en base a testimonios, no hay nada certero”, dijo a la AFP Meliton Ortega, tío de un desaparecido.
En base a la confesión de los tres sicarios mostrada parcialmente en videos, el viernes, el fiscal general Jesús Murillo Karam explicó que los jóvenes fueron trasladados la noche del 26 de septiembre a un apartado basurero de la localidad de Cocula (vecina a Iguala), a donde algunos ya llegaron muertos por asfixia, y donde mataron al resto. Allí, también quemaron los cuerpos durante 14 horas y colocaron los troceados restos calcinados en bolsas de basura que vaciaron en un río cercano.
El fiscal dijo que una de las bolsas fue encontrada cerrada y que, en su interior, fueron hallados restos humanos que, por su estado de calcinación, podrían no llegar a ser nunca identificados, aunque aseguró que se ha solicitado ayuda a expertos de una universidad de Austria.
Asegurando que solo creerán esta versión si estos restos son verificados por un peritaje independiente de forenses argentinos, Ortega advierte: “Se quiere decir que aquí se acabó todo, pero nosotros estamos cada día más fuertes a pesar de la tortura y seguiremos incrementando el nivel de movilizaciones”.
MÉXICO. -El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue recluido ayer, miércoles 5 de noviembre, en una prisión federal en el Estado de México, como presunto autor intelectual de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
La PGR (fiscalía general) indicó en un comunicado que a las 5:00 de la tarde de ayer el exalcalde quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en el municipio de Almoloya de Juárez, a disposición del juez primero de distrito en materia de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimento a la orden de aprehensión emitida en su contra el 24 de octubre de 2014.
"Esto independientemente del resultado de las investigaciones que sigue llevando esta Procuraduría sobre Abarca Velázquez", apuntó la institución.
En el caso de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, "como consecuencia de las investigaciones que se realizan, ayer, del mismo modo, un juez federal especializado determinó imponerle la medida cautelar de arraigo (detención provisional) por 40 días", puntualizó.
Abarca y Pineda fueron arrestados la madrugada del pasado martes (4 de noviembre) por agentes federales en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México, y fueron entregados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en la misma capital, para ser interrogados.
El paradero de Abarca y Pineda era desconocido desde el pasado 30 de septiembre tras pedir él una licencia de 30 días, cuatro días después de una violenta acción coordinada por la policía local y el cartel Guerreros Unidos contra un grupo de estudiantes, que se saldó con seis muertos a tiros y la desaparición de los 43 jóvenes.
MARCHA
Por otro lado, una multitud, en su mayoría jóvenes que portaban banderas mexicanas con lazos negros de luto sustituyendo sus habituales franjas roja y verde, realizaron ayer una gran marcha para recordar la desaparición de los estudiantes y exigir a las autoridades que los encuentren.
Los manifestantes coreaban una frase que se ha vuelto un símbolo de la protesta no solo en México sino fuera del país: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".
Asimismo, en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, grupos de manifestantes enfadados por la incapacidad del gobierno para encontrar a los desaparecidos utilizaron camiones robados para bloquear las tres carreteras de acceso a la ciudad durante varias horas.
"La desaparición de los estudiantes es el detonante de la explosión de dolor acumulado por los miles de desaparecidos que hay en el país", dijo durante la marcha Camila Bernal, una chilena de 19 años que estudia comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México.
La movilización, que convocó 120 mil personas según los organizadores o 60 mil según la policía, culminó en la plaza del Zócalo frente al palacio presidencial, donde los padres y compañeros de escuela de los desaparecidos pronunciaron encendidos discursos.
"Exigimos al gobierno la presentación con vida de nuestros hijos. Los padres de familia no vamos a permitir una nueva artimaña porque quieren cerrar el caso con una conferencia [de prensa] en la que van a anunciar que nuestros normalistas están muertos”, exclamó Felipe de la Cruz, padre de uno de los desaparecidos.
“El coraje por la desaparición de los 43 alumnos no se va con la detención de Abarca. Eso es lo que queremos demostrar al gobierno con esta marcha, seguiremos movilizándonos hasta que los regresen vivos”, manifestó Bardomiano Martínez, subdirector de la escuela de Ayotzinapa, en Guerrero, a la que asistían los desaparecidos.
MÁS DETALLES DEL ARRESTO
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, dio detalles adicionales sobre la captura del Abarca y su esposa. Señaló que agentes federales fueron alertados de la presencia de la pareja en el suburbio en el que fueron aprehendidos por una de sus socias, Noemi Berumen, quien aparentemente acompañó a los dos detenidos o les ayudó en su huida de la justicia.
Berumen fue también arrestada en la redada. "La casa en la que fueron encontrados parecía como si estuviese abandonada", dijo Murillo Karam.
"La razón por la que empezamos a sospechar de esta persona [Berumen] fue porque parecía estar entrando a una casa abandonada".
Las autoridades descubrieron fosas comunes clandestinas y los restos de 38 personas durante la búsqueda de los estudiantes, pero ninguno de ellos fue identificado como uno de los desaparecidos.
Además de los arrestos del martes, al menos 56 personas más fueron detenidas, y el jefe de policía de Iguala está también bajo investigación. La relación de los Abarca con el crimen organizado era conocida.
Según funcionarios, el alcalde y su esposa dirigían Iguala como un feudo en colaboración con Guerreros Unidos, al punto de que la pareja recibía supuestamente hasta 220 mil dólares cada pocas semanas en sobornos para pagar a la policía corrupta.
El gobierno estima que 22 mil 322 personas han desaparecido desde finales de 2006, cuando empezó la guerra contra la droga en el país.
Los 43 estudiantes han recibido mucha más atención que cualquier otro caso, en parte porque la policía supuestamente corrupta de Iguala habría jugado un papel muy claro en su desaparición y según los cargos presentados por la Procuraduría, el exalcalde y su esposa tenían vínculos con Guerreros Unidos.
MÉXICO (EFE). -La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy que la obligación del Gobierno mexicano en el caso Iguala no acaba con la detención del exalcalde José Luis Abarca, ya que aún permanecen desaparecidos los 43 estudiantes.
“La obligación de procurar justicia respecto de un caso de desaparición forzada no culmina con la captura de los autores intelectuales, sino con el esclarecimiento del paradero de las víctimas y la sanción de todas las personas responsables”, apuntó AI en un comunicado.
La organización explicó que pese a “la relevancia de estas detenciones” aún continúan prófugas personas que han sido identificadas por la fiscalía como claves para el esclarecimiento total de los hechos y para la ubicación de los estudiantes.
Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos hoy en un barrio de la capital mexicana por su presunta participación como autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de seis personas en Iguala, estado sureño de Guerrero, el 26 de septiembre.
Por este caso, las autoridades mexicanas han detenido a más de medio centenar de policías locales y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, han tomado el control de la seguridad de 17 municipios y desplegado una búsqueda de los desaparecidos en la que participan unos 10 mil agentes.
Sin embargo, matiza AI, “al día de hoy, las múltiples medidas adoptadas por el Estado no hayan sido exitosas para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos, lo cual plantea la duda acerca de la verdadera efectividad de las medidas implementadas”.
