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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 3 añosLa sinvergüenzura sigue siendo el símbolo que más identifica a la actual administración gubernamental. Con los escuálidos presupuestos nacionales y municipales que han quedado tras la pandemia, es inconcebible que alcaldes y representantes solo piensen en aumentar sus emolumentos, como los representantes en el Municipio de Santiago, que insisten en adjudicarse gastos de representación absolutamente injustificables. Para autocomplacer sus apetitos –que bien pudieran incluir sufragar con este dinero parte de sus respectivas campañas de reelección– destinarán más de $250 mil del presupuesto del Municipio. ¿Hasta dónde llega el descaro de esta gente? Nadie del Gobierno parece estar interesado en parar el despilfarro de dinero que pronto se necesitará. Alcaldes y representantes deben entender que sus cargos no les dan una carta en blanco para subirse salarios o adjudicarse dinero por servicios inexistentes. No deben pretender hacerse ricos ni esperar que el Estado les complazca sus caprichos. Son servidores públicos de un país en vías de desarrollo. No son faraones ni reyes. Son simples funcionarios, y si no les gusta el salario que acompaña sus cargos, pues renuncien. Nadie los obliga a seguir en el cargo.

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Hace 3 añosLa Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) tuvo suficiente tiempo para convocar a concurso los servicios que necesitaría para organizar y hacer realidad el carnaval capitalino de este año. Pero, en vez de ello, optó por contrataciones directas y dejar todo para último minuto y así cuadrar las excusas de la inminencia de las fechas de celebración. Por ello los contratos están plagados de irregularidades, algunas bastantes obvias e inexcusables. Pero, además, nacen las suspicacias porque en estos negocios directos, casi siempre hay sobrecostos y mordidas. A ello hay que agregar la incompetencia de los funcionarios de este gobierno, que ya no tiene parangón. Desde altos cargos del Ejecutivo –que incluye, obviamente, al ministro de Obras Públicas, recientemente abochornado en un restaurante–, pasando por el alcalde de la ciudad capital, diputados y representantes de corregimiento, que en medio de la pandemia no se les ocurrió mejor idea que subirse el salario a niveles escandalosos, tanto como el equivalente a un asalto a mano armada. Lo que ocurre en la ATP es el reflejo de todo lo que está pasando en el gobierno que, llegando a sus estertores, el despojo al Estado es abierto, sin importar las consecuencias, porque sencillamente no hay castigo.

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Hace 3 añosEl proyecto de ley que crea la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, pese a que la Asamblea Nacional se niega rotundamente a discutirlo desde hace años, sigue dando de qué hablar. Si bien hay argumentos que revelan abusos que se pueden cometer con esta, lo cierto es que es necesario discutirla y, si fuera necesario, reformar el proyecto para evitar atropellos. Pero es inadmisible negarse a abordar un tema que está trastocando nuestra democracia. Hay evidencias de que el narcotráfico ha empezado a colarse en nuestras instituciones, lo cual facilita su expansión y el reclutamiento de servidores públicos que deberían combatirla desde sus respectivos cargos en los tres órganos del Estado. Además, al negarle al país contar con un instrumento para reprimir delitos financieros, se perjudica enormemente el sistema bancario. Ello, sin contar el dinero sucio de bandas criminales que financian campañas electorales, convirtiendo a funcionarios de alto perfil en sus lacayos. ¿Acaso es eso lo que está ocurriendo y por eso se resisten a tocar el tema? Esta negativa de discutir el proyecto, ¿es un mandato del crimen organizado? A veces es inevitable pensarlo.

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Hace 3 añosLejos, pero no olvidadas por los contribuyentes, quedaron las promesas del alcalde de la capital de mantener –y no subir– los impuestos municipales. Y, con ayuda de la bancada oficialista del Consejo Municipal de Panamá, aumentó casi todos los impuestos sin avisar, sin divulgar, sin consultar. Es por ello que esta acción tomó por sorpresa a una población ocupada en tratar de salir adelante en medio de un virus respiratorio. Por una vez hay que reconocer y aplaudir la rápida actuación de la Sala Tercera de la Corte, que en cinco días acogió una demanda contra el Acuerdo Municipal 142 de 2022 y ordenó su suspensión provisional inmediata, al considerar que el mismo contiene elementos que pudieran afectar su legalidad y serían violatorios de la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo general. Para la Sala Tercera, resulta contradictorio que el acuerdo demandado se sustente en una moratoria para el pago de tributos, multas, intereses y recargos, pero también introduce incrementos en los impuestos municipales en su parte final. El alcalde y sus ediles han demostrado que los ciudadanos de la capital son su última prioridad. Los recordaremos, pero porque su contribución al bienestar ciudadano ha sido absolutamente nula.

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Hace 3 añosEl presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a través de sus títeres en el Órgano Judicial de ese país, ordenó el destierro de 222 presos políticos, detenidos ilegalmente, solo porque se oponen a su gobierno. Según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de ese país, el destierro es “para proteger la paz, la seguridad nacional, al orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros…”, aunque es de sus gobernantes que la población nicaragüense debe cuidarse.

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Hace 3 añosEl expresidente Ricardo Martinelli se ha unido al grupito de exfuncionarios que pretende acallar medios de comunicación mediante el secuestro de bienes y cuentas bancarias. Ayer quiso hacerlo con comunicadores del portal digital de información 'Foco', mientras que en uno de sus periódicos hizo saber de una amenaza –nada velada– contra este medio de comunicación, ufanándose de que las demandas civiles que tiene en curso y otras más que vienen elevarán sus reclamos a $50 millones.

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Hace 3 añosSi el descaro tuviera rostro, sería el de la Asamblea Nacional. Se supone que las leyes que salen de aquí tienen como fin procurar el bienestar de todos los ciudadanos, en especial, de aquellos menos favorecidos. Pero los diputados solo legislan para sus donantes, para la pandilla a la que pertenecen –los mal llamados partidos políticos– y para su propio bolsillo e intereses. El Ejecutivo ha vetado leyes aprobadas en su seno y lo ha sustentado con buenos razonamientos, pero, sin importar la razón, a los diputados solo les interesa que se haga lo que ellos dictan y por eso se han empecinado en aprobar por insistencia la ley de los créditos fiscales en inversiones turísticas, cuyos beneficiarios están lejos de ser el pueblo (o las bases...) que dicen representar. Los diputados también se han empecinado con la ley que le permitiría elegir el salario que más le convenga al funcionario que resulte electo alcalde o representante de corregimiento, es decir, que puede optar por quedarse con su antiguo salario, aunque ejerciendo las funciones del cargo que obtuvo en un gobierno local. Ninguna de las dos propuesta beneficia a los electores, salvo a sus donantes y copartidarios.

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Hace 3 añosSi el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafron) han sido convocados para tratar de garantizar la seguridad en San Miguelito, la situación es preocupante. El Senan y el Senafron son unidades especializadas de la Fuerza Pública, con perfiles propios de un ejército más que de unidades de policía. Sus tácticas, su armamento y su desempeño no se idearon para lidiar con civiles, por lo que estamos en presencia de una situación que, aunque no ha sido comunicada oficialmente, nos indica qué tan preocupante es la delincuencia en ese distrito. De ahí que la Policía destaque unidades cuasi militares en zonas civiles. Evidentemente, el crimen organizado se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Las bandas criminales han penetrado los tres órganos del Estado, gracias a que la institucionalidad está resquebrajada casi irremediablemente. Llamar a los cuerpos de élite de la Policía para tratar de contener estas bandas también nos habla del estado de desesperación de las autoridades. Pero la presencia de estos efectivos en las calles solo es un parche. No pueden quedarse permanentemente. Lo que hace falta es acabar, desde dentro, con los políticos que facilitan la existencia del crimen organizado.

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Hace 3 añosUna reciente licitación de la Caja de Seguro Social (CSS), en la que se adjudicó un contrato para renovar los equipos de imagenología diagnóstica en todo el país –por un monto de $207 millones– tiene todas las características de un gran y descarado chanchullo. Lo más llamativo de la licitación es que, a pesar de que es un contrato que tenía un precio de referencia de $189 millones, nadie se presentó al acto de licitación, salvo un consorcio que, como se dijo, no tuvo competencia alguna. ¿Por qué no se presentaron más proponentes para un contrato tan grande? La experiencia nos dice que casi siempre contratos de este alcance están arreglados desde el pliego de cargos y, de hecho, en los actos que precedieron la licitación, hubo protestas de otras empresas y hasta una de estas –entre las mayores del ramo– presentó un incidente de nulidad contra todo lo actuado. También es notorio el hecho de que el contrato sea global, cuando pudo haberse adjudicado a varias empresas; así como el hecho de que el precio del contrato es casi un 10% por encima del precio de referencia. Es obvio que, sabiendo seguramente que, de hecho, no habría concurso, no había problemas en elevar la propuesta. Y así se hizo.

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Hace 3 añosEl presidente de la República admitió que su gobierno “ha querido hacer más”, pero que la pandemia motivó que disminuyeran los ingresos en casi $4,500 millones en dos años. Lo que no dijo el mandatario es que cuando se miran lo presupuestos de esos años se puede ver que –contra todo buen juicio– todos los gastos aumentaron cada año, particularmente el de las planillas oficiales, que crecieron como nunca; incluso, se han pagado salarios pidiendo prestado. Es la pésima ejecución por parte de funcionarios incompetentes lo que nos tiene contra la pared. El mandatario pidió enfocarse en el trabajo en los 17 meses que le quedan a su administración, pero, ¿qué hicieron en los 43 meses ya transcurridos? Si bien la pandemia frenó la economía, lo que vemos es más bien una paralización que, como se dijo, es responsabilidad de la ineptitud del equipo de trabajo del presidente, quien se ha negado a cambiarlo. Este llamado al trabajo solo es para crear espejismos y mostrar una cara bonita en 2024. Pero ya vimos el rostro sin maquillaje del Gobierno… y no es nada bonito.

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