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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 9 añosLa Dirección de Asistencia Social (DAS), creada el 12 de noviembre de 2015 y adscrita al Ministerio de la Presidencia, existe para cumplir con dos fines fundamentales: proveer de asistencia focalizada para combatir la pobreza y socorrer a las personas afectadas por desastres naturales y catástrofes humanas. Ante las infinitas necesidades de las comunidades urbanas, rurales, e indígenas de nuestro país, sería deseable que la DAS hiciera un estudio minucioso y detallado del costo beneficio de sus intervenciones. Nada más lejos de la realidad. La construcción de una iglesia por más de 210 mil dólares en la comunidad de Valle Rico, provincia de Los Santos, ratifica la tendencia clerical de una parte del gasto social, y desvía valiosos y escasos recursos, que los pobladores de Valle Rico pudieran utilizar para la educación, la salud o la infraestructura de su poblado. La DAS es la sucesora del PAN, el FIS y el FES. Al igual que sus antepasados carga con los pecados de la politiquería criolla. Al final, la cuestión ya no es que nos hayamos alejado del Estado laico, sino que nos hemos distanciado de la razón en el uso de fondos públicos.

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Hace 9 añosLa Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones específicas definidas por la Constitución Política, entre las cuales se destaca la de juzgar a los diputados de la República. Por esto, es de extrañar que el pleno del máximo tribunal haya remitido a la propia Asamblea Nacional la denuncia por el cobro de múltiples salarios que reciben algunos diputados suplentes. Como si se tratara de algún juego infantil, en el cual se le pasa la responsabilidad de decidir una causa tan seria a un tercero sin competencia para tal asunto, los magistrados ratifican su compromiso con la impunidad, y con el terrible daño que le hacen al Estado de derecho. Con esta decisión, ya no cabe la más mínima duda de que no hay forma posible de procesar a un diputado por aprovecharse del tesoro público. Esta nueva patente de corso revela lo obvio: son unos piratas que saquean nuestra democracia.

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Hace 9 añosEn la evaluación más reciente sobre la situación del trabajo infantil en Panamá, nuestro país registró 23 mil 855 niños trabajadores, lo que es una reducción significativa frente a los 26 mil 710 que fueron identificados en los años 2014-2015.

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Hace 9 añosLos incidentes de violencia y robos a mano armada que han sacudido a la ciudad capital en los últimos días han causado que la ciudadanía se sienta en la indefensión y exija la acción decidida y firme de los cuerpos de seguridad pública. El combate a la delincuencia no debe significar el abuso de los derechos de los nacionales y extranjeros residentes en nuestro país. Según la Policía Nacional, entre la noche del domingo 21 de mayo y la madrugada del lunes 22 se “verificaron” mil 148 conductores de motocicletas, de los cuales ninguno resultó con caso pendiente. Este operativo ha exacerbado la xenofobia y el miedo. La práctica policiaca de aprehender a los motociclistas, sobre todo si son extranjeros, es ilegal, porque la aprehensión policial solo se puede dar en circunstancias de flagrancia, o de fuga de un establecimiento penitenciario o similar. Esta no es la forma de proteger a la comunidad y de servir a la Constitución.

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Hace 9 añosEl Gobierno nacional tiene la intención de usar el mecanismo “llave en mano” para financiar proyectos en la parte final del actual periodo presidencial. Estas obligaciones se extenderían hasta el año 2022. El uso de este tipo de contratación es desfavorable para el Estado porque se paga por un costo de financiamiento innecesario, a su vez propicia sobreprecios y expone a los fondos públicos a la corrupción y voracidad de contratistas y políticos. ¿Por qué usar los “llave en mano”? El único beneficio que existe es de naturaleza contable, ya que genera la ficción de que las finanzas públicas están en orden, mientras se compromete irresponsablemente la viabilidad financiera del Estado a futuro. La calificación crediticia de nuestro país es suficientemente buena para poder contratar las obras necesarias. Persistir en este truco financiero castiga el futuro de los panameños y nos obliga a contratar empresas mediocres, que al final deben ser financiadas por el Estado. El Gobierno debe entender que es hora de que en materia presupuestaria se evite repetir la irresponsabilidad de la administración anterior y se arrope hasta donde le alcance la manta.

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Hace 9 añosEn sentencia del 4 de mayo del presente año, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia revivió de un plumazo un proyecto que pretende establecer una plataforma flotante en el humedal bahía de Panamá, y desde allí bombear combustible a un oleoducto marino para abastecer al Aeropuerto Internacional de Tocumen. A pesar de una lúcida opinión jurídica favorable a la protección del humedal bahía de Panamá del procurador de la Administración, no hubo argumentos válidos para la Sala Tercera. Complica el escenario que Tocumen, S.A., empresa estatal que regenta el aeropuerto, está próximo a licitar el servicio de abastecimiento de combustible. Esta decisión puede alejar a los proponentes. Este fallo le amarra las manos a las instituciones que deben sanear los viricuetos y trampas efectuadas por el gobierno anterior. Ahora están en peligro los manglares de la bahía de Panamá, las comunidades que se pueden ver afectadas con más inundaciones por la destrucción de este humedal, la buena marcha del Aeropuerto Internacional de Tocumen y la defensa de los intereses públicos. Este fallo no solo es un error, es una catástrofe.

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Hace 9 añosTanto el gobierno central como el Municipio de Panamá están realizando todo tipo de proyectos de infraestructura, desde una línea del Metro hasta nuevas aceras que redefinirán en su conjunto el paisaje urbano y la vida cotidiana en nuestra metrópoli. Sin embargo, los gobernantes parecen haber adoptado como propio aquel eslogan de otra administración que decía: “Las molestias pasan, las obras quedan”. Este aforismo se quedó corto, porque las obras siguen gobierno tras gobierno y la desaparición temporal de estacionamientos, áreas comunes o aceras, como en el parque Urracá, obligan a los peatones a arrancarle un pedazo de la calle a los vehículos, o privan de sus espacios al área de la Cabeza de Einstein, en El Cangrejo, castigando a los ciudadanos. ¿Qué decir del Mercado Central de Abastos, del San Felipe Neri y del Mercado de Mariscos? Simultáneamente y sin planificación hemos perdido, aunque temporalmente, aquello que nos hacía parte de una misma comunidad. Los cambios deben mejorar lo que ya existe, y a la vez deben tratar con civilidad a las personas que habitan en esta urbe.

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Hace 9 añosEl presidente Belisario Porras mejoró la salud panameña con la construcción del Hospital Santo Tomás. El mandatario Enrique A. Jiménez respaldó al Club de Leones en su campaña de recolección de fondos para edificar el primer Hospital del Niño de la república. Roberto Chiari fundó el Idaan para que el agua potable le llegara a más panameños. Ninguno de estos ilustres jefes de Estado puso en riesgo las finanzas públicas para hacerse más popular so pretexto de la salud. La mora quirúrgica en el país es el resultado de la ineficiencia y falta de planificación de muchas administraciones. Prometer que todos los quirófanos del Minsa y de la CSS serán arreglados, y que habrá 100% de medicamentos e insumos, no suena a una arenga populista, pero es lo más responsable con los 2 mil 300 millones de dólares de reserva que tiene la CSS en el Banco Nacional. Lo correcto no es siempre lo más popular, y sobre todo si se trata de administrar frugalmente el dinero ajeno. El país no está para improvisaciones. “Al que le guste, bien y al que no le guste también”, eso sonó a populismo y oportunismo. Señor presidente, eso no es saludable para la democracia.

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Hace 9 añosDesde hace 20 meses, no se ha podido realizar audiencia alguna en las dos causas penales que se le siguen al afortunado ex director general de Ingresos Luis Cucalón. La explicación es que la prolongada hospitalización del exfuncionario le ha permitido evitar la acción de la justicia. Si la excusa es el largo rosario de padecimientos del encausado, se esperaría que como resultado de la extensa hospitalización, su situación personal fuese mucho mejor y pudiese enfrentar, en los estrados de los tribunales, las acusaciones en su contra. ¿Cuántos privados de libertad tienen dolencias críticas, iguales o peores que las del señor Cucalón? En las cárceles panameñas hay detenidos con enfermedades terminales, y que enfrentan una situación de salud deplorable, pero a ninguno se le ha concedido el beneficio de 20 meses de hospitalización en el centro médico de su predilección. Ojalá que este caso no termine con la prescripción de la acción penal. Este descaro demerita a la justicia y causa el profundo reclamo de ¡hasta cuándo!

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Hace 9 añosLa seguridad alimentaria de los panameños requiere de un suministro confiable y seguro de productos, disponibles al mejor precio posible. Existe una tensión natural entre la necesidad de importar y el fomento de la producción nacional. En el caso de la leche, las importaciones están causando severas pérdidas a los pequeños productores y a los procesadores industriales, que deben reducir su oferta al mercado por la presencia del producto importado. En materia alimenticia, el país no puede vivir de las importaciones y eso requiere que la producción nacional sea competitiva, eficiente y rentable. Nada de esto se puede alcanzar cuando las reglas del juego se cambian para favorecer a un sector por encima de los demás. La economía del país se resiente cuando los pequeños ganaderos pierden su mercado y sus ingresos, mientras que todos los otros actores de la cadena de valor disminuyen sus márgenes. Esto sucede en condiciones que no facilitan la libre competencia. Estamos arriesgando nuestro futuro con políticas agropecuarias erráticas, que al final solo consiguen pan para hoy, y hambre para mañana.

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