Hace 2 añosEl debate sobre la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social (CSS) ha girado en torno a una multiplicidad de temas, pero hay un aspecto que ha quedado relegado y que es fundamental: el comportamiento del mercado laboral. El sistema de pensiones no se resolverá sin una verdadera formalización de la enorme masa de trabajadores independientes e informales que, hoy en día, representan un pilar desaprovechado para aumentar las finanzas de la CSS. Mientras la reforma propone elevar la cotización de las empresas formales del 4.25% al 7.25%, los independientes verán un aumento del 13.5% al 18%. Sin embargo, exigir más a quienes ya están luchando por emprender puede ser contraproducente para que se integren al mercado laboral. Lo que el país necesita es apoyar la formalización de este sector con incentivos claros y mecanismos ágiles. En la medida en que los independientes y emprendedores logren integrarse a la economía formal, el país y la CSS se fortalecerán. Formalizar no solo significa recaudar más; significa garantizar un futuro digno para miles de trabajadores y sus familias. Eso también es seguridad social
Hace 2 añosLa celebración navideña de la empresa estatal Etesa para 500 personas, con un costo de $52,875.01, es un agravio para la ciudadanía. Más aún cuando el Gobierno, que habla de contención del gasto, prohibió estas actividades financiadas con fondos públicos mediante una circular del ministro de la Presidencia. En un contexto donde el desempleo ha aumentado significativamente y la calificadora Fitch rebajó la nota de Etesa debido a incumplimientos financieros por $12.8 millones, estas acciones son una muestra de desconexión con la realidad del país. La excusa de una convención colectiva -negociada sin tomar en cuenta la situación del país- no justifica la opulencia ni la contratación directa de proveedores para fiestas en hoteles de lujo. Este tipo de decisiones mina la credibilidad de la empresa estatal y refuerza la percepción de desidia en la gestión pública. Mientras se piden sacrificios a la población, los administradores de Etesa deben dar el ejemplo. Es momento de renegociar cláusulas innecesarias hechas a costa de los ciudadanos y priorizar siempre el interés nacional.
Hace 2 añosEl peculado, uno de los delitos más comunes contra la administración pública en Panamá, representa el 63% de los casos registrados entre 2018 y 2024. Sin embargo, el 33% de los procesados por estos delitos fue absuelto, lo que subraya las dificultades en la lucha contra la corrupción. A pesar de que el 67% de los procesados recibió condena, algunos expertos consideran que esta cifra es insuficiente, dado el daño que estos crímenes causan a las finanzas del país y a los servicios básicos. El Sistema Penal Acusatorio, que tiene una tasa de condena del 93%, ha mostrado un mejor desempeño que el Sistema Inquisitivo. Sin embargo, las sanciones no siempre son proporcionales a la magnitud de los delitos. Casos como el del exdirector de Pandeportes, Javier Tejeira, o la compra fraudulenta de comida deshidratada, evidencian cómo la corrupción drena los recursos públicos, afectando el desarrollo del país. Además, la lentitud de los procesos judiciales y la prescripción de los casos siguen siendo grandes obstáculos para lograr justicia efectiva.
Hace 2 añosLuego de un año del cierre de operaciones de la mina de Donoso, la inacción de las autoridades pone en riesgo la seguridad de los panameños y el medio ambiente. Informes alarmantes revelan fallas críticas en la tina de relave: inclinómetros inoperativos, líquidos acumulados peligrosamente cerca del muro norte y riesgos de erosión interna. Estas amenazas no pueden esperar más tiempo para ser atendidas.A esto se suma el peligro inminente de las 132 mil toneladas de concentrado de cobre almacenadas en la mina. Mientras permanezcan allí, sin ser exportadas, representan una bomba de tiempo ambiental. Las excusas y las dilaciones ya no son aceptables.Los desastres en instalaciones de relaves han causado tragedias irreparables en otros países. Panamá no debe unirse a esa lista negra. Exigimos al Ministerio de Ambiente y al gobierno acciones inmediatas y definitivas. El futuro del país y de su gente no puede seguir dependiendo de la falta de decisión.
Hace 2 añosEl sector vivienda es fundamental para la calidad de vida de los panameños y el impulso económico del país. Por ello, es positivo que el Gobierno, encabezado por el presidente y su equipo, haya iniciado un diálogo con promotores y constructores para rediseñar el esquema de financiamiento de viviendas de interés social. La propuesta de reformar la Ley de Interés Preferencial busca adaptar los subsidios a la realidad presupuestaria, con topes claros y tramos definidos, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente. La liberación de la tasa hipotecaria y la introducción de nuevos límites de subsidios son pasos hacia un sistema más sostenible, que beneficie tanto a las familias como al sector bancario. Aunque el plan aún está en desarrollo, la disposición de las autoridades para encontrar soluciones prácticas refleja un compromiso con el bienestar social y la estabilidad financiera. Este esfuerzo, basado en consenso y responsabilidad fiscal, sienta las bases para un futuro más sólido para el sector vivienda en Panamá
Hace 2 añosLa democracia florece en una sociedad educada, y la educación comienza con la lectura. Este vínculo esencial une al Ministerio de Cultura, BI Bank y Corporación La Prensa en el proyecto La Ruta de la Lectura. Las nuevas bancas literarias no solo embellecen nuestros espacios, sino que simbolizan el poder transformador de la lectura. Leer no es un lujo; es una herramienta para comprender, cuestionar y participar activamente en la vida democrática. Sin ciudadanos capaces de interpretar su entorno y exigir transparencia, la democracia pierde su esencia. Es significativo que una de las primeras bancas honre a Guillermo Sánchez Borbón, cuya labor como periodista y escritor inspiró a generaciones a defender la libertad y la justicia. Este proyecto reafirma el compromiso de estas instituciones con un Panamá más justo y equitativo. Que las palabras encuentren en estas bancas un lugar para inspirar reflexión y acción en nuestra sociedad.
Hace 2 añosSeñor presidente José Raúl Mulino, enfrentar un problema tan crítico como el de la Caja de Seguro Social requiere coraje. Sabemos que cualquier solución será impopular, pues esta crisis afecta a todos los sectores de la sociedad. A esto se suman desafíos urgentes en economía, salud, vivienda y educación, en un país que parece sostenido con cinta adhesiva tras décadas de abandono institucional, corrupción e intereses políticos y personales de quienes han vivido a expensas del Estado. No necesita la intervención política de un condenado por lavado de dinero, quien, en su momento, evitó publicar los estados financieros de la CSS para eludir el debate necesario. Es hora de hacer valer la ley y las convenciones internacionales de asilo. En sus manos está garantizar que el brazo de la justicia alcance a quienes saquearon los recursos públicos y trabajar para reconstruir el país. Panamá necesita liderazgo firme y acción decidida.
Hace 2 añosLa reciente reforma al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), impulsada por la titular de Educación, Lucy Molinar, y firmada por el presidente José Raúl Mulino, representa un golpe a la equidad educativa en Panamá. Aunque busca una distribución más uniforme de recursos, la asignación fija de $60 anuales por estudiante, sin considerar el nivel de pobreza de cada región, ignora las profundas desigualdades que persisten. En 2019, las escuelas más vulnerables recibían $150 por estudiante, un reconocimiento de la necesidad de compensar las carencias estructurales. Reducir esta cifra afecta directamente a las comunidades que más dependen de estos fondos para alimentación, mantenimiento y materiales básicos. La equidad no significa igualar recursos sin contexto, sino destinarlos donde más se necesitan. Esta reforma pone en riesgo los avances hacia una educación inclusiva, perpetuando el ciclo de desigualdad. Meduca debe rectificar, priorizando a las comunidades más desfavorecidas y asegurando un sistema que garantice justicia educativa.
Hace 2 añosPanamá enfrenta un escenario preocupante: Barclays proyecta que el déficit fiscal de 2025 alcanzará el 4.5% del PIB, superando el límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Como consecuencia, el gobierno podría verse obligado a emitir al menos $3,500 millones en deuda para cubrir sus necesidades, lo que acentúa el riesgo económico. Si bien la suspensión de las fiestas navideñas envía un mensaje positivo, esta medida es insuficiente frente a un problema estructural mucho más profundo: la planilla estatal, que no solo es excesiva en cantidad de funcionarios, sino también en el monto total que implica. Además, la necesidad de destinar $966 millones a la Caja de Seguro Social en 2025 añade una carga adicional a las finanzas públicas. Las leyes especiales y los aumentos automáticos han creado una inflexibilidad fiscal que desvía recursos de áreas esenciales como la salud y las obras públicas. A esto se suman las prácticas que favorecen una economía de privilegios, donde las decisiones se toman más por intereses políticos que por las verdaderas necesidades del país. Para salir de este círculo vicioso, es necesario un cambio radical en la política fiscal, con reformas que eliminen privilegios y promuevan la eficiencia. Sin una acción decidida en este sentido, Panamá seguirá hipotecando su futuro, poniendo en riesgo no solo su estabilidad fiscal, sino también la calidad de vida de su gente.
Hace 2 añosLa disputa por el presupuesto del Municipio de Panamá para 2025 entre ediles y alcalde pone en evidencia la necesidad de replantear cómo se distribuyen los recursos públicos. La descentralización, concebida como un medio para mejorar la calidad de vida mediante la participación ciudadana y el uso eficiente de los fondos, ha sido desvirtuada en los últimos años. Durante la pasada administración, no solo se reformó la ley de descentralización para flexibilizar su aplicación hacia fines alejados de su propósito original, sino que también se utilizó como herramienta para desviar recursos. Estas prácticas han generado múltiples investigaciones, tanto en el Ministerio Público como en instancias administrativas. El actual debate no debe limitarse a cifras y partidas, sino enfocarse en recuperar la confianza de los ciudadanos. Una descentralización transparente y efectiva es fundamental para garantizar que los corregimientos reciban lo que realmente necesitan. La rendición de cuentas debe ser prioridad.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Lotería: sorteo dominical cambia de hora por eventos sísmicos. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
