Hace 2 añosEl caso del Metro de Panamá y la Autoridad Nacional de Aduanas, que pagan millones de dólares anuales en alquiler por terrenos que son propiedad estatal, expone nuevamente al Estado como un socio bobo. Estos terrenos, bajo concesión a la Panama Canal Railway Company (PCRC) desde 1998, han generado más beneficios para la empresa privada que para el país. En 25 años, PCRC solo ha entregado $55 millones al Estado, mientras entidades públicas pagan exorbitantes alquileres. Peor aún, la concesión fue renovada en 2024 por 25 años más, sin considerar los cambios económicos y estratégicos del país. ¿Dónde estaban quiénes debían defender los intereses nacionales? Este modelo de gestión refleja negligencia y una preocupante falta de visión. El Estado no puede seguir hipotecando su soberanía a favor de intereses particulares. Es urgente revisar estas concesiones y garantizar que primen los intereses de Panamá y su gente. La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales; son esenciales.
Hace 2 añosPanamá enfrenta una de las decisiones más trascendentales de su historia: reformar el sistema de pensiones. Sin embargo, este debate no puede sostenerse en cifras tergiversadas ni en argumentos populistas que confunden más de lo que aclaran.Los estados financieros de la Caja de Seguro Social son claros: las reservas del subsistema de beneficio definido están prácticamente agotadas, mientras que el subsistema mixto cuenta con poco más de $9,000 millones.
Hace 2 añosEl reciente comunicado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) revela una alarmante desconexión con la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS). Tras cinco años de gobierno, con control absoluto del Ejecutivo y una mayoría legislativa, el PRD no logró avances en el diálogo sobre la CSS, dejando al sistema al borde del colapso. De hecho, ese diálogo tenía una instrucción precisa: no hacer nada de fondo con la crisis de la CSS para no afectar el mal llamado “capital político”. Ahora, en lugar de presentar soluciones responsables, instan a sus diputados a oponerse al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, sin ofrecer una alternativa concreta.Aunque el proyecto requiere ajustes y consensos para garantizar la sostenibilidad de la CSS, la postura del PRD es aún más irresponsable que las propuestas populistas y carentes de sustento de la bancada RM. ¿Dónde queda su responsabilidad por el bienestar de los panameños? Este comunicado los expone como oportunistas políticos, incapaces de priorizar los intereses del país sobre sus cálculos electorales. La CSS no puede esperar más. Es momento de actuar con seriedad.
Hace 2 añosLa crisis de la Caja de Seguro Social enfrenta no solo desafíos técnicos, sino también interferencias políticas que agravan la situación. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que el expresidente Ricardo Martinelli, actualmente asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá, está detrás de intentos por desestabilizar las iniciativas gubernamentales destinadas a resolver esta crisis.
Hace 2 añosDesde el 6 de noviembre pasado, cuando el Ejecutivo presentó su propuesta de reforma para la Caja de Seguro Social (CSS), se ha insistido en la idea de un sacrificio compartido: los trabajadores enfrentarían un aumento en la edad de jubilación de tres años, los empresarios asumirían un incremento de tres puntos porcentuales en sus cuotas, y el Estado destinaría aportes anuales superiores a $966 millones. Sin embargo, de manera sorpresiva y sin estudios técnicos, las bancadas mixta y de RM aseguran haber encontrado una fórmula mágica: mantener la edad de jubilación intacta y aplicar un aumento gradual en las cuotas de los empresarios. ¡Y dicen que con esto se salvaría la CSS! Pero ni los bancos del Estado parecen dar crédito a semejante propuesta. ¿Qué motiva este repentino cambio de postura de los diputados? ¿Es el resultado de una legítima reflexión o una maniobra orquestada por intereses inconfesables, ya sean propios o impulsados por terceros que operan tras el telón de una embajada? ¿O un espectáculo para incautos? El futuro de la CSS es demasiado trascendental para ser víctima de agendas ocultas o estrategias que prioricen intereses políticos sobre el bienestar nacional.
Hace 2 añosA casi 35 años de la invasión de Estados Unidos del 20 de diciembre de 1989 y la caída del régimen militar que encabezó Manuel Antonio Noriega y sus leales, el libro El colapso de Panamá, de Fernando Berguido, nos enfrenta al desafío de comprender ese capítulo trágico sin las distorsiones del olvido o el sesgo interesado. Su investigación ofrece un retrato integral de las causas, los responsables y las consecuencias de un periodo marcado por la dictadura, la represión y la pérdida de vidas humanas. Este esfuerzo llega en un momento clave, cuando las generaciones que vivieron la invasión buscan sanar sus heridas y las nuevas necesitan entender cómo ese evento definió el Panamá actual. Contextualizar los hechos es indispensable para construir una sociedad más justa, consciente de su historia y determinada a no repetir sus errores. La obra no solo dignifica la memoria de las víctimas, sino que desafía a la nación a reflexionar sobre su presente y futuro, demostrando que enfrentar el pasado es una condición necesaria para fortalecer nuestra democracia.
Hace 2 añosEl caso de la Autoridad Nacional de Aduanas, que paga $700,363.45 anuales a la Panama Canal Railway Company (PCRC) por terrenos que le pertenecen, ilustra el rol del Estado como socio bobo. A pesar de que el edificio de Aduanas fue cedido a PCRC en 1998, la empresa solo ha entregado $55 millones al Estado en 25 años, mientras que la concesión fue renovada por 25 años más sin ajustes a la realidad económica, que incluye la millonaria expansión del Canal. Esto, junto con la denuncia penal contra Maxim Donoso Teplova por posibles sobrecostos en la empresa estatal Tocumen, S.A., evidencia la falta de controles y decisiones que priorizan intereses privados sobre el bien común. ¿Nadie nos representó en la renovación de ese contrato con PCRC en 2023? ¿Quién veló por los intereses del país en Tocumen, S.A.? Es fundamental que los responsables rindan cuentas, ya que estos acuerdos, lejos de beneficiar al país, perpetúan la desigualdad. El Estado no puede seguir actuando como socio bobo, permitiendo que intereses particulares se antepongan a las necesidades de los ciudadanos. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser urgentes para evitar más abusos.
Hace 2 añosEl manejo de los desechos en cerro Patacón es uno de los mayores retos ambientales de Panamá. Durante años, la gestión ha sido negligente, tanto por la falta de visión de los gobiernos como por la indiferencia ciudadana hacia un problema que nos afecta a todos.Es alentador que la actual administración haya optado por estudiar a fondo la situación antes de actuar. Tres informes —de Estados Unidos, Corea del Sur y el BID— ayudarán a diseñar un modelo de Asociación Público-Privada para mejorar la gestión y fomentar el reciclaje de las 2,500 toneladas de basura que llegan diariamente al vertedero.La defensa del ambiente no se limita a proteger áreas verdes o reforestar; empieza con el manejo responsable de nuestros desechos. Sin cambios ciudadanos, como el pago de la tasa de aseo y mejores hábitos, el problema persistirá. Cerro Patacón debe transformarse en un símbolo de sostenibilidad para el país.
Hace 2 añosLa decisión de Moody’s de mantener el grado de inversión para Panamá, aunque con perspectiva negativa, nos brinda un alivio momentáneo en medio de una tormenta fiscal. De haber perdido esta calificación, el país enfrentaría serias dificultades para su recuperación económica, afectando las tasas de interés y ahuyentando la inversión extranjera. Sin embargo, este suspiro es temporal. El peso de una Caja de Seguro Social al borde del colapso, la creciente deuda pública y el aumento descontrolado de los gastos estatales nos acercan peligrosamente al abismo. Si no actuamos con rapidez y determinación para aprobar una nueva ley que rescate a la CSS, controlar la planilla estatal y generar bienestar a través de un crecimiento económico sostenido, las calificadoras no tendrán otra opción que rebajarnos. Es momento de actuar con responsabilidad fiscal. Los ciudadanos debemos mantenernos vigilantes. Tenemos una única oportunidad para revertir esta tendencia antes de que el costo sea irreversible.
Hace 2 añosEl Ministerio Público (MP) es fundamental para el Estado de derecho, encargado de investigar y perseguir delitos en defensa de la sociedad. Sin embargo, el descubrimiento de una red de presunta corrupción que involucra a funcionarios del MP y del Imelcf —detectada gracias a las gestiones de la Unidad de Análisis Financiero— ha puesto en jaque su credibilidad. La operación Alquimia reveló cómo estos funcionarios, en complicidad con abogados, usaron contratos ficticios para blanquear fondos ilícitos mediante la Unidad de Control de Químicos, una instancia clave para regular sustancias controladas. Este caso no solo evidencia fallas internas, sino el grave riesgo de que quienes deben combatir el delito lo terminen facilitando. Además de sancionar a los responsables, se requiere implementar reformas que fortalezcan los controles internos y promuevan la transparencia. Con la próxima gestión de Luis Carlos Gómez como procurador, el MP tiene una oportunidad para demostrar, no solo su independencia, sino también que nadie está por encima de la ley, menos aún quienes tienen el deber de aplicarla.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Lotería: sorteo dominical cambia de hora por eventos sísmicos. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
