Hace 2 añosEl endurecimiento de las sanciones para empleadores que incumplen sus responsabilidades con la Caja de Seguro Social (CSS) es un paso necesario para combatir la evasión y proteger los recursos de esta institución vital. Sin embargo, esta medida debe ir acompañada de un compromiso igual de firme para sancionar a los funcionarios que, abusando de su poder, han debilitado tanto el servicio como las finanzas de la CSS. El proyecto de ley 163 busca cerrar brechas de evasión, pero es igualmente urgente que se agilicen los procesos judiciales contra quienes han gestionado de manera irresponsable o corrupta los recursos de la institución. Sin un sistema judicial eficiente, objetivo y con ejecución efectiva, cualquier reforma quedará incompleta. Sanear la CSS en beneficio de todos los panameños requiere atacar la corrupción en ambos frentes: del lado de quienes incumplen y del lado de quienes administran. Solo así se podrá devolver la confianza en una institución clave para el país.
Hace 2 añosEl clima no se puede controlar, pero sí nuestra respuesta ante sus efectos. En las últimas tres semanas, las tormentas tropicales Rafael y Sara han causado estragos en Panamá, especialmente en las provincias del interior y Chiriquí, con caminos destruidos y plantas potabilizadoras fuera de servicio, dejando a miles de panameños sin agua potable. Esta es la primera emergencia que enfrenta este gobierno. El pasado gobierno dejó un mal precedente: emergencias mal manejadas, con recursos excesivos y poca transparencia. Ahora, con un estado de emergencia decretado y $100 millones asignados, el desafío es demostrar que sí se puede atender las necesidades de la población de manera eficiente y ética. Más de 150,000 personas dependen de la reparación de los acueductos y plantas potabilizadoras para recuperar algo tan básico como el agua, y otros cientos de miles de la reparación y despeje de carreteras. Es momento de que el gobierno demuestre, con hechos y no solo palabras, que es capaz de estar a la altura de las circunstancias, actuando con transparencia y priorizando el bienestar de todos los panameños.
Hace 2 añosEs un privilegio vivir en un país como Panamá, que deslumbra al mundo con lugares tan fascinantes como El Valle de Antón y Portobelo, recientemente galardona dos entre los mejores destinos turísticos rurales por la ONU a través de su programa de Turismo. Este reconocimiento refleja nuestra riqueza natural y cultural, así como la importancia del turismo en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. La ONU Turismo ha destacado el trabajo de estas comunidades por su compromiso con la inclusión social, la accesibilidad y la sostenibilidad, demostrando que el turismo puede ser un motor de cambio positivo. Sin embargo, este premio también conlleva una gran responsabilidad: asegurar que los beneficios del turismo lleguen a todas las zonas de este país, tan desigual como diverso. La inclusión de las comunidades rurales en el progreso es esencial para construir un futuro en el que la sostenibilidad, la equidad y el orgullo nacional se mantengan como pilares de nuestro crecimiento colectivo y de la consolidación de una identidad turística única. ¡Enhorabuena a El Valle y Portobelo; bravo por Panamá!
Hace 2 añosLa reciente entrega del convenio entre el Ministerio de Educación y la fundación One Laptop Per Child a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional llega tras una serie de negativas y trabas por parte de la ministra de Educación. Después de meses de espera y reiterados intentos de este medio por obtener el documento, su entrega al final en otro foro parece una jugada casi caprichosa, que contradice el espíritu de la ley de transparencia. El convenio en cuestión, que dista de representar un riesgo para la seguridad nacional, debería haber sido de acceso público desde el inicio. Los funcionarios que ocupan puestos de alta responsabilidad tienen la obligación de rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos. La transparencia no es una opción, sino un pilar fundamental para fortalecer la confianza ciudadana. Ocultar información genera sospechas y erosiona la credibilidad, especialmente en instituciones tan vitales como el Ministerio de Educación. La transparencia es esencial para construir un país donde la rendición de cuentas sea la norma, no la excepción.
Hace 2 añosA partir de este jueves, la Asamblea Nacional discutirá un tema trascendental para el futuro de varias generaciones: una propuesta de ley para extender la vida de la Caja de Seguro Social y los servicios de salud estatales. Con cientos de personas inscritas para participar en el debate en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarroll o, queda claro que la expectativa de la población es alta. No se trata solo de garantizar atención de salud y jubilación; es necesario analizar en profundidad temas como la esperanza de vida, los requisitos y cálculos de beneficios, el impacto de leyes que distorsionan el sistema, y las opciones de cobertura para jubilados. Esta oportunidad es crucial para asegurar una jubilación y servicios de salud dignos para todos. Es imperativo que mantengamos un debate de altura, fundamentado en datos y en una solidaridad que beneficie a toda la población, construyendo un sistema justo y sostenible para los panameños.
Hace 2 añosLa carta del 11 de junio, enviada por el agregado jurídico del FBI en Panamá al Procurador General, expone un posible caso de corrupción y extorsión de proporciones alarmantes. En ella, se señala a Odila Castillo, exfuncionaria de la Contraloría y ex socia de la actual secretaria general de la institución, quien, a través de su firma, presuntamente exigió pagos a empresarios para asegurar la emisión de contratos y la aprobación de pagos pendientes en agencias gubernamentales.Este giro internacional pone en evidencia el impacto de prácticas de extorsión que socavan la confianza empresarial y la transparencia estatal. Además, resalta el pobre papel del Contralor, quien, al conocerse la noticia, en vez de investigar optó por defender a su exfuncionaria, mostrando una falta de compromiso con su deber de fiscalización y agravando la percepción de impunidad en el país.Es momento de que las autoridades locales actúen con firmeza para erradicar estos abusos y restaurar la credibilidad de Panamá en la arena global.
Hace 2 añosCuando desde el Ejecutivo se pregona austeridad y sacrificios para salvar la Caja de Seguro Social (CSS), llama la atención el gasto propuesto de $603 mil para tres peritos –un contador, un psicólogo y un psiquiatra– en el caso de las víctimas del envenenamiento masivo con dietilenglicol en 2006. Este gasto, en medio de la crisis financiera de la CSS, genera cuestionamientos. ¿Es razonable pagar sumas tan altas? En países como España, existen estándares de costos para profesionales, algo que evitaría precios arbitrarios. La CSS, en su legítimo intento de excluir posibles estafadores de las listas de víctimas, parece nuevamente ser objeto de abuso financiero. Este caso debe evaluarse detenidamente mientras pensamos, de forma paralela, en revisar los costos de los peritajes en Panamá, que al parecer se manejan de acuerdo a quién es el demandado y no de acuerdo a un criterio técnico.
Hace 2 añosLa ejecución del 22% del presupuesto de inversión en educación hasta la fecha expone dos problemas graves: la falta de compromiso y la incapacidad de gestión. Por un lado, esta baja ejecución revela una aparente despriorización de la educación, un sector clave para el desarrollo del país. Por otro, muestra una preocupante falta de capacidad para llevar a cabo proyectos esenciales, desde mejoras en infraestructura hasta programas de calidad educativa. Este nivel de ineficiencia, además de desmoralizar a los estudiantes y sus familias, pone en duda la capacidad del sistema para gestionar adecuadamente los recursos asignados. Es urgente replantear la estrategia educativa con una estructura de planificación y medición que permita avanzar hacia una educación de calidad.
Hace 2 añosLa reciente aprobación de traslados de partidas por $505 millones desde el Ministerio de Educación hacia otras entidades estatales para saldar deudas con contratistas del Estado, algunos de ellos implicados en casos de corrupción, plantea serias preocupaciones sobre la gestión de los recursos públicos. Es alarmante que fondos originalmente destinados a mejorar la educación se redirijan a empresas que han admitido prácticas corruptas, desviando recursos que deberían fortalecer la infraestructura y la calidad educativa. Los escándalos de Odebrecht y Blue Apple evidenciaron cómo se malversaron fondos públicos mediante sobornos y coimas. A pesar de las pruebas presentadas, muchas de las empresas involucradas continúan obteniendo contratos estatales, y los funcionarios responsables aún no han enfrentado las consecuencias legales correspondientes. Además, la negativa de los diputados a endurecer los requisitos para la contratación estatal, argumentando la protección de los “derechos” de estas empresas, es preocupante. Contratar con el Estado debe ser un privilegio reservado para empresas que demuestren integridad y compromiso con el país. Solo así podremos invertir los recursos del Estado en el bienestar de la población.
Hace 2 añosLa presentación de 24 nuevas denuncias penales por parte de la Autoridad Nacional de Descentralización marca un paso necesario para restaurar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos. La descentralización, concebida como una herramienta para acercar los recursos a las comunidades, ha sido distorsionada por años de abuso y descontrol, donde algunos aprovecharon la falta de fiscalización para desviar fondos destinados a los más necesitados. Si bien, “ni son todos los que están ni están todos los que son”, los señalamientos subrayan la necesidad urgente de tomar acciones para sanear el sistema. Las denuncias son una medida imprescindible para que aquellos responsables enfrenten la justicia, restaurando así la confianza en las instituciones. Se debe garantizar que los fondos destinados al bienestar de las comunidades lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan, y que quienes han mal utilizado el poder que se les confió rindan cuentas ante la sociedad.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Lotería: sorteo dominical cambia de hora por eventos sísmicos. Leer más
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