Redacción de La PrensaHace 2 añosLa empresa privada, los sindicatos, los pacientes y los funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) han estado presentes en las conversaciones sobre el futuro de la institución. Los pacientes piden una mejor cobertura médica y medicamentos, así como estar representados en la junta directiva de la CSS. Los profesionales de la CSS exigen equidad y obligatoriedad para todos (incluidas las empresas extranjeras) y plantean que el Estado asuma poco a poco la atención médica de los afiliados de la CSS, así como de los enfermos crónicos, discapacitados y personas no cubiertas por el sistema. También sugieren que la fuerza laboral del país pague sus cuotas para evitar la evasión. Además, proponen que las empresas de telecomunicaciones, puertos, ferrocarriles, el Canal y las plataformas digitales hagan aportes a la CSS. Por su parte, los sindicatos solicitan regresar al sistema solidario de pensiones y un aumento progresivo con un tope de $2,500. La empresa privada defiende las cuentas individuales, que podrían aumentar de forma voluntaria para planificar un mejor monto de jubilación, y que el Estado realice aportes similares a los del programa “120 a los 65″. Como se puede observar, hay mucho que discutir y acordar, pero al menos hay sugerencias válidas que merecen un análisis profundo para lograr las metas.
Hace 2 añosLa presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, ha justificado los gastos en planilla amparándose en la ley. De cualquier otra figura, podría entenderse que las normativas actuales limitan la reducción de estos gastos, pero en su caso, no. Como líder del Órgano Legislativo, respaldada por el PRD, CD y Panameñista, tiene el poder de cambiar esta realidad. Es momento de que presente un proyecto de ley que garantice el uso eficiente de los recursos públicos, con una carrera administrativa basada en el mérito y no en los vaivenes políticos. El país necesita equipos de calidad que sirvan a todos los ciudadanos, sin distinciones partidarias. Las excusas solo aumentan la desconfianza. Los panameños ya no aceptan justificaciones vacías, especialmente en tiempos de crisis. Castañeda tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con el país y su liderazgo proponiendo una reforma que priorice el bienestar ciudadano sobre los intereses políticos. Es hora de actuar con responsabilidad patriótica, asegurar que los recursos limitados se usen de forma eficiente y demostrar que la Asamblea está dispuesta a liderar con el ejemplo.
Hace 2 añosLas noticias sobre el estado actual de las instituciones del Estado sencillamente no dejan de sorprender. Esta vez, el turno correspondió al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), cuyo nuevo titular, tras hacer una evaluación, ha informado que las cuentas por pagar del Idaan suman casi $500 millones. Sorprendentemente, en la institución no se encuentran los contratos o documentos que respalden, al menos, unos $180 millones de los casi $500 millones que debe el Idaan. Como es de suponer, los resultados de este primer vistazo a la gestión del Idaan tendrán que ser objeto de auditorías por parte de la Contraloría General de la República. Además de todo esto, es sorprendente la negligencia. El nuevo director indicó que el Idaan cuenta con $1,427 millones destinados a inversiones, pero solo se ha utilizado poco más del 50%, pese a las enormes necesidades de agua potable en todo el país. Todo esto nos dice que perdimos cinco años, que en el último lustro Panamá estuvo en manos de la administración pública más incompetente que se conozca, porque, además de la desidia, las deudas y el robo, los funcionarios fueron incapaces de mejorar, aunque solo fuera un poco, el nivel de vida de sus conciudadanos.
Hace 2 añosEl anteproyecto de ley presentado por el diputado Jamis Acosta, que endurece las penas por injuria y calumnia, vuelve a poner sobre la mesa la eterna lucha por la libertad de expresión. Mientras el presidente José Raúl Mulino se comprometía a firmar la Declaración de Chapultepec, su copartidario propone modificar el Código Penal para incrementar sanciones contra quienes critiquen o expongan a figuras públicas, lo que representa un intento de silenciar la crítica en los medios de comunicación y las redes sociales. En lugar de avanzar hacia la despenalización de estos delitos, como sugieren las tendencias modernas en democracias consolidadas, este anteproyecto refuerza las cortapisas contra la prensa, incrementando penas casi al doble o triple en algunos casos. Esto, en un contexto donde los poderosos buscan blindarse frente a la crítica, crea un clima en el que el periodismo independiente corre peligro, ahogado por las demandas judiciales y la amenaza de sanciones desproporcionadas. La contradicción entre los discursos oficiales y las acciones legislativas no podría ser más evidente: se promete libertad, pero se legisla para restringirla.
Hace 2 añosEn los últimos días hemos sido testigos de la captura de figuras de alto perfil que tenían órdenes de arresto pendientes desde hace años. Casos como el del exalcalde de Arraiján, quien durante cuatro años logró evadir su sentencia ejecutoriada, nos muestran una realidad alarmante: la justicia no siempre ha sido prioritaria para las autoridades. Durante ese periodo, la inacción de las administraciones pasadas creó una sensación de impunidad, dañando la credibilidad del sistema judicial y el respeto a la ley. Sin embargo, la nueva dirección de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) han dado un giro significativo al ejecutar estas órdenes sin importar el peso político de los involucrados. Este esfuerzo por hacer cumplir la ley devuelve la dignidad a sus funciones, recordándonos que la justicia no puede ser selectiva ni opcional. La ejecución de una sentencia debe ser sagrada en cualquier estado de derecho. No debe haber excepciones ni favoritismos. El mensaje debe ser claro: la justicia se respeta, caiga quien caiga. La ciudadanía merece vivir en un país donde el respeto a la ley sea la norma y no la excepción.
Hace 2 añosEl reciente retiro de Panamá de las pruebas PISA es un golpe para la educación del país, pero no es una sorpresa. A pesar de los esfuerzos ya realizados, la baja inversión necesaria para participar —unos 200 mil dólares— y las recomendaciones de expertos en la materia, se ha optado nuevamente por evitar esta evaluación internacional. Esta decisión refleja una preocupante combinación de desconocimiento y, quizás, la soberbia que a menudo acompaña la ignorancia, lo que condena a nuestra nación a seguir navegando a ciegas en cuanto a la realidad de nuestro sistema educativo. El impacto de esta postura es grave. Las pruebas PISA ofrecen un diagnóstico clave que permite mejorar la calidad de la educación, con el objetivo de preparar a las futuras generaciones para un mundo cada vez más competitivo. Ignorar esta oportunidad es optar por el oscurantismo y negar la crisis que afecta a las escuelas públicas. La educación no puede estar supeditada a decisiones unilaterales o a enfoques cerrados. Debe ser el resultado de un consenso entre organizaciones, profesores, padres y estudiantes, enfocado en lo mejor para el futuro de nuestros niños y jóvenes. Solo así podremos avanzar hacia una educación de calidad.
Hace 2 añosContrario a lo que está haciendo un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que está anulando las delaciones de todos los operadores financieros de Odebrecht, en Andorra continúan las investigaciones tras la intervención de un banco de ese país europeo, que apuntan hacia el que fuera el mandamás en una de las mayores constructoras brasileñas: Marcelo Odebrecht. Y, aunque el empresario niegue su participación o haber tenido cuentas bancarias en ese país, lo cierto es que él encabezó el mayor esquema de corrupción que se recuerde en América Latina, y para ello utilizó bancos de varios países, incluido los andorranos, donde se cuentan supuestos pagos de coimas por centenares de millones de dólares utilizando sociedades panameñas e, incluso, funcionarios que sirvieron durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Muy a pesar de los esfuerzos del magistrado brasileño de dejar en la impunidad graves delitos cometidos en todo el continente americano, las huellas del dinero evidencian los multimillonarios pagos de sobornos a funcionarios, empresarios, testaferros y políticos que recibían el dinero a través de sociedades creadas para lavar el dinero, en una suerte de servicio express para facilitar el trasiego de dinero corrupto. Y esas mismas evidencias pueden hallarse en Panamá, el Caribe Suiza y otros países. Basta con escarbar un poco.
Hace 2 añosEl nombramiento irregular de docentes en el Ministerio de Educación (Meduca), de acuerdo con declaraciones de la titular de ese ministerio, es un “secreto a voces”, pero hasta ahora, gracias a una denuncia –que inexplicablemente no provino del Meduca– es que se realiza una investigación formal en el Ministerio Público (MP) que ha logrado, hasta ahora, siete aprensiones en 23 allanamientos. Los sospechosos son docentes, funcionarios y exfuncionarios del Meduca, acusados de blanqueo de capitales y peculado, en un radio de acción que abarca casi todo el país. Estas personas no hacen más que seguir el ejemplo de políticos que, al igual que ellos, tienen montados negocios y negociados para sacarle dinero al Estado. Las autoridades del MP deben ser minuciosas en la investigación, mientras que el poder judicial, severo en caso de condenas. Estos nombramientos atentaban contra la calidad de la educación, algo que es imperdonable, si consideramos que es inconcebible que esta clase de corrupción haya alcanzado a docentes del Meduca, que contrario a estos vicios, deberían ser luz y esperanza para nuestra juventud. No solo son lamentables estos hechos, sino tener a docentes deshonestos y corruptos a cargo de nuestros estudiantes.
Hace 2 añosEn la conferencia de prensa del jueves 10 de octubre, el presidente José Raúl Mulino demostró inteligencia y elocuencia, abordando temas cruciales para el país con claridad y transparencia. Entre los temas tratados se destacaron asuntos internacionales, de seguridad, salud y justicia, además del anuncio del próximo magistrado del Tribunal Electoral. Este nombramiento, en contraste con los anteriores, se aparta de la práctica política habitual, enviando un mensaje de independencia que inspira esperanza. El presidente ha mostrado respeto hacia la audiencia, los periodistas y los medios de comunicación en este ejercicio que realiza semanalmente, lo que le permite acercarse a la población en un momento en el que Panamá enfrenta desafíos decisivos. La transparencia en la comunicación es vital, especialmente en comparación con la falta de información que caracterizó a sus predecesores, incluso durante las protestas masivas del período pasado. Este enfoque abierto y participativo es un paso positivo hacia un gobierno más cercano a la gente. Animamos al presidente a continuar este ejercicio con el mismo nivel de compromiso y profesionalismo, porque solo a través de una comunicación abierta y transparente podremos construir un futuro mejor para Panamá.
Hace 2 añosEl contrato de concesión firmado en 2006 para la recaudación de impuestos municipales en el distrito capital ha sobrevivido a cinco administraciones alcaldicias sin una revisión exhaustiva. A lo largo de 18 años y tras múltiples incidentes de incumplimiento, el acuerdo ha sido prorrogado y modificado bajo el argumento de garantizar la continuidad del servicio, pero sin que se justifique la falta de transparencia en su ejecución. Durante la pandemia, se firmó una adenda (la quinta) al contrato original, que benefició a la empresa contratista con una remuneración significativamente mayor, sin informar a la población ni publicar los detalles en la Gaceta Oficial. Esta opacidad pone en entredicho las decisiones adoptadas en las diferentes administraciones, que parecen privilegiar a la empresa en lugar de proteger los aportes de los contribuyentes. El hecho de que este contrato siga vigente 18 años y cinco administraciones después refleja una preocupante falta de control, supervisión e interés sobre los fondos municipales. Luego se quejan de que el dinero no alcanza para atender las necesidades del distrito. Mientras tanto, la ciudadanía queda a merced de decisiones poco claras y de una gestión ineficiente de sus contribuciones.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
Lotería: sorteo dominical cambia de hora por eventos sísmicos. Leer más
Derrame en la antigua mina de Remance tras el terremoto. Leer más
