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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 2 añosEl procurador de la Administración ha emitido una opinión fundamentada sobre las indemnizaciones por mutuo acuerdo que han negociado gerentes y ejecutivos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), para recibir elevadas compensaciones en momentos en que su salida del cargo es inminente, quieran o no. Según el procurador, estos acuerdos no son viables jurídicamente, es decir, no pueden ejecutarse, porque, entre otras razones, todos estos gerentes y directores asumieron sus cargos mediante nombramientos concurrentes con el quinquenio del gobierno en turno. Desde el momento de su designación, saben que al concluir el gobierno que los nombró, deben dejar sus cargos, ya que son posiciones de libre remoción y, por lo tanto, no tienen derecho a reclamar nada. El presidente electo y organizaciones de la sociedad civil han calificado estas indemnizaciones como un “atraco” al Estado y han instado al contralor a abstenerse de refrendarlas. Esta crítica debería extenderse también a los miembros de las juntas directivas que autorizan estos generosos beneficios. Seguramente, si se tratara de dinero de su propio bolsillo o el de sus empresas particulares, nunca habrían consentido este desembolso. El procurador también recuerda que los ejecutivos de empresas mixtas son funcionarios sujetos al derecho administrativo y pueden ser removidos en cualquier momento sin derecho a indemnización. Más claro ni el agua.

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Hace 2 añosEl presidente electo parece desconocer el proceso de nombramiento del director general del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur) o ha recibido un erróneo asesoramiento sobre el tema, ya que se trata de una designación que, por ley, es competencia de la junta directiva de ese organismo. No solo eso: el mecanismo de selección es complejo, pues los directivos evalúan a los candidatos, los entrevistan e incluso les exigen que elaboren y presenten un plan estratégico de trabajo. Es un proceso riguroso en el que no prima el criterio político partidista ni las lealtades electorales. El presidente electo debe reconsiderar si su favorito tiene las competencias y la disponibilidad para ejercer el cargo plenamente, pues de lo contrario, además de ser una flagrante violación a la ley, representaría una distracción innecesaria para una industria que languidece y necesita urgentemente una estrategia país para desarrollar todo su potencial. El anuncio del futuro presidente revive todos los problemas legales por los que atravesó su elegido, así como su trayectoria como funcionario, que tampoco es digna de admiración ni de grata recordación, por lo que su designación es cuestionable desde cualquier punto de vista. Todavía hay tiempo para reconocer el error y enmendar.

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Hace 2 añosEl gerente general de Etesa no tuvo reparos en negar un aumento a los trabajadores en 2023, como está acordado en la convención colectiva, alegando que la entidad que dirige había sufrido un recorte presupuestario que hacía imposible cumplir con ese compromiso. Casi ocho meses después, gestiona una compensación de casi $250,000 para dejar el cargo. El mismo beneficio se extiende a otros ejecutivos que estuvieron los últimos cinco años con él. Es decir, hay dinero para unos pero no para otros. El presidente electo no se equivoca en decir que esas indemnizaciones son inmorales y ha instado al contralor general de la República a no refrendarlas. Etesa, aunque se maneja como una empresa privada, es 100% propiedad del Estado. Mosquera, al asumir el cargo, sabía que sería por cinco años. De hecho, para que él ocupara el cargo, el gerente designado por el gobierno anterior tuvo que marcharse. Estaba claro que su nombramiento tenía fecha de caducidad, por lo que estas indemnizaciones son simplemente una expresión corporativa y sofisticada del juego vivo de siempre.

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Hace 2 añosCientos de miles de dólares –incluyendo $250 mil para el exgerente general de Etesa– serían pagados a ejecutivos de la estatal sociedad panameña Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., quienes han llegado a acuerdos mutuos para dejar sus cargos ante el eventual ascenso del nuevo gobierno. Se trata de un nuevo atraco al Estado que definitivamente se debe impedir, pues nada justifica esta indemnización, ya que todos ellos sabían que esta no es una empresa privada, sino estatal y, por lo tanto, no deben esperar estos pagos. Ellos prestaron un servicio público, pero incluso, algunos de ellos ganaron salarios por encima de sus similares en el mercado laboral privado, lo cual fue siempre una ventaja para ellos, por lo que también es injustificable que ahora reclamen indemnizaciones que el Estado no le paga a ningún servidor público, salvo sus prestaciones y vacaciones. Si el contralor decide pagar estas indemnizaciones será nuevamente cómplice del desgreño administrativo y del asalto que ha sufrido del erario en esta administración. Bajo ninguna circunstancia son viables estos pagos y es una perfecta sinvergüenzura que quienes están al frente de esta empresa estatal hayan aprobado este asalto al patrimonio del Estado.

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Hace 2 añosLa transparencia es un requisito necesario para mantener o sumar credibilidad en la administración pública, pero este gobierno terminará como uno de los gobiernos más corruptos de las últimas décadas, gracias, precisamente, a la opacidad con la que ha manejado miles de millones de dólares. Los presupuestos de tres instituciones –la Asamblea Nacional, el Ifarhu y la Autoridad de Descentralización– han sido fuera de toda proporción: suman, entre las tres, más de $4 mil millones. Han saqueado el tesoro nacional para hacer política de la más corriente e improductiva; no han rendido cuentas de los gastos e inversiones y se han negado sistemáticamente a transparentar la gestión gubernamental, incluso, negando información que es de naturaleza pública. Si el gobierno entrante no ordena auditorías ni denuncia estas irregularidades, sencillamente será cómplice de uno de los mayores atracos al fisco nacional y será tan responsable del despojo como lo son sus autores materiales. También perderá credibilidad, y eso es grave, pues solo hay que recordar el poco apoyo popular con el que llegará al poder este gobierno. Pero lo más grave es que perderá capital político, pues, sin ese capital, será virtualmente imposible hacer los cambios que se necesitan.

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Hace 2 añosEn los últimos días de este gobierno, siguen las sorpresas. Con un salario que duplica al del presidente de la República – lo que implica ingresos que superan los $800 mil durante todo el quinquenio 2019-2024 – el gerente general de Etesa concluirá su gestión cobrando casi $250 mil, tras llegar a un “mutuo acuerdo” para separarse de esta sociedad estatal. Si se puede definir la desvergüenza con un acto de gobierno, este sería uno de ellos. Etesa es una empresa estatal, regida por el Código de Trabajo, aunque su propietario no sea una entidad privada. Este pago es totalmente inaudito y esperemos que el contralor se abstenga de aprobarlo. Además, es preocupante que este tipo de comportamiento pueda generar un efecto dominó, dado que Etesa no es la única entidad estatal que opera bajo una modalidad de empresa privada. El gerente de Etesa comprende bien que su cargo, aunque técnico, también tiene una dimensión política. De hecho, ya sabe quién es el candidato favorito del próximo presidente para sucederlo. No es la primera vez que vemos este tipo de abusos. Ya sucedió durante la privatización – en un gobierno del PRD – del extinto Intel, S.A., donde se pagó una suma similar al entonces director. Han transcurrido más de 25 años y aún persisten estos malos hábitos. Parece que no hemos aprendido nada.

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Hace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia ha ordenado suspender la construcción del tramo dos del llamado Corredor del Caribe, mientras el Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en el proceso de aprobar el estudio de impacto ambiental de su tramo uno. El tramo dos tiene un avance del 24.5%, pero el ministro de Ambiente dijo que “si la Corte falla en contra del proyecto, no se podrá construir”, lo cual, teóricamente, haría inviable –en parte o completamente– el tramo uno del proyecto. En consecuencia, en vez de seguir adelante con este proyecto, lo que se debe hacer es pausar ambas etapas, al menos hasta que los magistrados lleguen a una conclusión sobre la demanda contenciosa-administrativa interpuesta contra la obra. Otra cosa que es cuestionable es todo el proceso de selección de contratistas, de la confección del pliego de cargo e, incluso, haber dividido en dos este proyecto, pues ahora tenemos dos estudios de impacto ambiental de una misma obra que se aprueban en procesos distintos. Todo es un absurdo que, de perder ante la Corte Suprema, se habrán cometido daños irreparables en la zona, dado el avance de la obra. El juegavivo en su máxima expresión.

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Hace 2 añosLa Contraloría General de la República en este quinquenio compite con la del periodo 2009-2014 por el peor desempeño que se haya conocido, sin embargo, el titular de esta institución dice que el manejo de presupuesto ha sido “responsable” y la labor de fiscalización, “titánica”. Los autobombos no pueden ocultar la falta de controles, el despilfarro, el robo, la corrupción y las graves faltas a sus deberes constitucionales. Pocas veces ha habido tanto malgasto, porque el contralor no ha hecho más que entorpecer; ni siquiera puede entregar las auditorías que le solicita el Ministerio Público para sus investigaciones por corrupción o las que les pide la Fiscalía de Cuentas. Son decenas de auditorías pedidas y solo unas cuantas entregadas, por lo que los casos deben ser archivados por la ausencia de estos documentos. El contralor debe responder ante la sociedad por su desidia, por haber convertido la Contraloría en una oficina de tercera, carente de toda autoridad. Todo eso se le debe al actual contralor, quien ha elegido ser sordo y ciego ante la crítica, pero elocuente para autoelogiarse. En un país con instituciones fuertes, sería separado del cargo por evidente negligencia. No merece estar sentado allí ni un minuto más.

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Hace 2 añosLa Autoridad Nacional de Descentralización manejó en los últimos cinco años un presupuesto de $1,165 millones, que incluirían los $200 millones de la llamada descentralización paralela –fondos asignados de manera discrecional por el Ejecutivo– para juntas comunales que, en este caso, las más beneficiadas fueron las del partido oficialista, el PRD. Se trata de fondos públicos, que la sociedad panameña en su conjunto ha pedido y hasta exigido que sean auditados por la Contraloría, pero no ha habido forma de hacerlo, mientras la Procuraduría de la Administración le fue prohibida por la Corte Suprema toda iniciativa que busque investigar estos fondos. En consecuencia, los panameños probablemente nunca sabremos cómo se usó ese dinero; tampoco si fueron objeto del pillaje político o si fueron usados legítimamente, porque ni hacen ni dejan hacer las auditorías. Pero, por la forma opaca en que este dinero se aprobó, se repartió y gastó, solo hay lugar para la sospecha. La transparencia ha sido pisoteada una vez más, con la complicidad de los organismos de control y jurisdiccionales. Solo en este programa y en los presupuestos de la Asamblea Nacional, hay más de $2 mil 100 millones que no sabremos cómo se gastaron.

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Hace 2 añosCon la renuncia del candidato propuesto por Realizando Metas para presidir la Asamblea Nacional, las fracturas comienzan a ser evidentes en dicho colectivo. Es claro que, mientras el presidente electo busca pactos de gobernabilidad con diferentes bancadas de diputados, hay otra facción dentro de su colectivo político que busca un control más que una colaboración efectiva. Esta dinámica interna es insostenible y podría tener repercusiones significativas no solo dentro del partido, sino también en el próximo gobierno que asumirá el 1 de julio. En este contexto, es crucial reconocer que estas disputas de poder, motivadas por las intenciones mezquinas de una persona y sus aliados, representan un desafío para el resto de los políticos. Deberán enfrentar una situación que, lejos de promover la gobernabilidad y la unidad nacional, podría entorpecer el progreso del país. Es fundamental que los líderes políticos se mantengan firmes en sus principios y pongan los intereses del país por encima de agendas personales, asegurando que la gestión gubernamental se enfoque realmente en resolver los problemas que afectan a los ciudadanos.

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