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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 2 añosJamás la Asamblea Nacional ha tenido tanto dinero como el que gastó durante este quinquenio. La cifra, casi mil millones de dólares, escapa a toda imaginación y nos obliga a reflexionar sobre el despilfarro del dinero público, gran parte obtenido mediante créditos que todos los panameños tendremos que pagar. Mientras tanto, un grupo de diputados se ha enriquecido sin recato alguno, con la complicidad del contralor del República . Es imperativo que el nuevo gobierno ponga fin a este saqueo y a la desviación de fondos que deberían destinarse a las necesidades de la población. Los diputados que llegan a la Asamblea Nacional, a partir del 1 de julio, deben hacer cumplir la promesa del presidente electo, José Raúl Mulino, y de muchos de ellos, de eliminar las prácticas irresponsables y opacas. Es fundamental reducir estos gastos desmedidos y llevar a cabo auditorías exhaustivas para asegurar que cada dólar se destine correctamente, para atender las verdaderas necesidades del pueblo panameño. ¡Basta ya de las vagabunderías que todos conocemos!

Hoy por hoy

Hace 2 añosSi hay un tema que está claro en nuestra Constitución, es que ni el Ejecutivo ni la Asamblea Nacional pueden decretar indultos o amnistías por delitos comunes como homicidio, robo, peculado y blanqueo de capitales. La propia Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa y consecuente con este tema, a pesar de los intentos por desafiar este principio que busca garantizar que no haya impunidad, especialmente impulsada por aquellos en el poder. El artículo 184 de la Constitución, que describe las atribuciones del presidente de la República de Panamá, es categórico: “Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes”. Asimismo, en este tema la Asamblea Nacional (artículo 159) solo está facultada en su función legislativa para “decretar amnistía por delitos políticos”. Nótese que en ambos casos se excluyen los delitos comunes. Por lo tanto, cualquier intento de evadir la justicia o ganar tiempo a favor de personas condenadas o procesadas por delitos comunes mediante estas herramientas sería simplemente un desafío a la institucionalidad, al imperio de la ley y al prestigio internacional del país.

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Hace 2 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) pagarés por un monto de $1,272 millones, que serán desembolsados en los próximos 10 años, para saldar los aportes que debió haber hecho el Gobierno entre los años 2020 y 2023. Además de ser una solución absurda, este gobierno jamás ha explicado en qué utilizó los ingresos producto de la ampliación del Canal que debían depositarse en el FAP durante la pandemia. Seguramente no ha sido en nada provechoso, ya que todo respecto al uso de esos dineros se manejó con total opacidad. Según diputados independientes, este plan es una artimaña del titular del MEF para eludir su responsabilidad penal por haber privado al FAP de recibir los fondos que, por ley, le correspondían. Estos pagarés supuestamente generarán al FAP un rendimiento del 7.45%, lo cual será una pesada carga para el Estado, que deberá saldar no solo el capital, sino también esos intereses que suman millones de dólares anualmente y que saldrán del presupuesto general de la Nación. Desde cualquier punto de vista, estos pagarés no son más que maniobras desesperadas que deberían ser denunciadas para que los responsables respondan por el desvío del dinero.

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Hace 2 añosLa nueva cúpula de la Fuerza Pública se enfrenta a una crisis de seguridad que clama por una respuesta inmediata y efectiva. El aumento alarmante de homicidios y robos, así como la creciente actividad del crimen organizado y, en particular, del narcotráfico en la política nacional y en los estamentos de seguridad exige una acción decidida por parte del gobierno entrante. El presidente electo, quien cuenta con experiencia previa como ministro de Seguridad, conoce de primera mano el alcance y la gravedad de estos desafíos, los cuales denunció en su momento y desde entonces poco o nada se ha hecho para combatir este flagelo. Sus recientes designaciones para liderar las instituciones clave de seguridad, como la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, reflejan la urgencia de abordar esta compleja realidad. Las cifras alarmantes de homicidios, especialmente entre jóvenes de áreas urbanas vulnerables, y el aumento de delitos como el robo y el tráfico de drogas, requieren una estrategia integral y coordinada. Ante la gravedad de la situación, el gobierno entrante debe actuar con determinación y eficacia para restaurar la seguridad y proteger a la población. La confianza del pueblo panameño en su capacidad para enfrentar estos retos dependerá de la acción decidida y efectiva del nuevo equipo de seguridad pública.

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Hace 2 añosEl presidente electo José Raúl Mulino ha planteado un panorama alentador para Panamá, prometiendo un gobierno proempresa y un crecimiento económico significativo. Sin embargo, la realidad que enfrenta es cruda: las finanzas del país están en rojo, con una deuda que supera los $50 mil millones y una crisis pensional sin precedentes. Para enfrentar estos desafíos, Mulino ha tomado medidas iniciales, como nombrar ministros y asesores con experiencia técnica y financiera, alejados de la política partidista. Sin embargo, esto es solo el comienzo. La recaudación de impuestos, la contención del gasto público y una gestión eficiente de los recursos son esenciales para enderezar el rumbo. Solo con un gobierno transparente, que cumpla con la ley y la constitución, Panamá podrá avanzar hacia un futuro de esperanza y oportunidades para todos. Mulino debe entender que las palabras no bastan; son las acciones concretas las que ganarán la confianza del país. Solo así se podrá construir un Panamá más fuerte y próspero para las generaciones venideras.

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Hace 2 añosEl sistema de cálculo para la elección de diputados en Panamá ha sido, históricamente, una pesadilla que atora el conteo electoral y genera una cascada de recursos ante los tribunales electorales, a veces hasta ridículos. Bajo el pretexto de alcanzar una mayor representatividad, este sistema ha logrado el efecto contrario. Se presta a artimañas electorales que inclinan la balanza hacia intereses opuestos a la verdadera voluntad popular. Es imperativo optimizar este mecanismo arcaico y propenso a la manipulación. Es hora de modernizar y aprovechar una tecnología eficiente y segura para evitar que lo que ocurre hoy siga perpetuándose. Se requiere un sistema electoral que garantice la transparencia y la equidad en el proceso, que refleje verdaderamente la voluntad del pueblo panameño. La innovación tecnológica debe ser el pilar sobre el cual construir un sistema electoral sólido y confiable, que respete y promueva la democracia en todas sus facetas. En un país donde la voz del pueblo es la fuerza que impulsa el cambio, no podemos permitir que un sistema obsoleto siga siendo el obstáculo que entorpece el progreso hacia una democracia plena y justa. Es hora de actuar y garantizar que cada voto cuente, sin manipulaciones ni distorsiones.

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Hace 2 añosEl Parlamento Centroamericano (Parlacen), una entidad que consume millones de dólares de nuestros recursos, continúa siendo un mero santuario para aquellos funcionarios y políticos que buscan eludir la justicia en sus respectivos países. Utilizan los fueros y privilegios de una curul en este organismo como un escudo protector contra la rendición de cuentas. En este nuevo periodo, la situación no es diferente: Una vez más, al menos seis diputados, ya sean titulares o suplentes, buscan ampararse bajo este mecanismo. Es lamentable que el Parlacen tenga una reputación tan desastrosa, al punto de que incluso el expresidente panameño, quien solía denunciar con acierto este organismo como una “cueva de ladrones”, no dudó en buscar su amparo para evitar su enjuiciamiento por corrupción en Panamá, y ahora, una vez más, sus hijos encuentran refugio en esta institución. Los miembros del Parlacen están haciendo un flaco favor a su reputación al usarlo como escudo protector, tanto en Panamá como en el resto de la región. Si los diputados del Parlacen desean evitar el ridículo y los insultos, deben comprender que este parlamento debe ser mucho más que un santuario para delincuentes. Deben dejar de participar en este macabro juego que promueve el saqueo y la impunidad, o de lo contrario seguirán siendo considerados como los miembros de esta “cueva de ladrones”.

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Hace 2 añosEs imperativo abordar con determinación y rigor la preocupante situación que aqueja a tres de los municipios más grandes del país: Panamá, San Miguelito y Colón. Nos enfrentamos a un escenario desolador marcado por gastos desmedidos que alcanzan cifras estratosféricas, mientras las inversiones se reducen a mínimos insuficientes para el desarrollo de estas importantes regiones. Además, nos encontramos con un abultamiento injustificado de las planillas municipales, llegando a niveles que claman por una investigación exhaustiva para esclarecer la idoneidad de cada nombramiento y la correspondencia entre responsabilidades y remuneraciones. La deuda millonaria con la Caja de Seguro Social por parte de los municipios de Colón y San Miguelito arroja dudas sobre la eficiencia en la gestión de recursos, planteando interrogantes sobre la integridad del sistema de seguridad social. La Contraloría, por su parte, debe rendir cuentas sobre el uso de los fondos destinados a los gobiernos locales. Las nuevas autoridades electas deben asumir con seriedad y urgencia el desafío de poner fin a esta vergonzosa situación de una vez por todas, garantizando transparencia, responsabilidad y eficiencia en la administración pública.

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Redacción de La PrensaHace 2 añosEl aniversario número 37 de la fundación, el 9 de junio de 1987, de la Cruzada Civilista, ese movimiento de resistencia pacífica de pañuelos blancos que desafió a la dictadura militar que, en colaboración con un grupo de civiles, había gobernado el país desde 1968, nos recuerda la importancia del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y del verdadero significado de la democracia. Si bien la democracia implica votar, como ocurrió el pasado 5 de mayo, también conlleva, entre otras cosas, el imperio de la ley, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. El lema de justicia, libertad y democracia que resonó en la conciencia nacional a finales de los años 80 sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente mientras nos preparamos para un cambio de administración presidencial a partir del 1 de julio. En este momento de impugnaciones, reclamos y presiones diversas, es responsabilidad de la justicia electoral y de los actores políticos respetar escrupulosamente la voluntad popular expresada en las urnas. Las nuevas autoridades electas tienen que ser plenamente conscientes que son mandatarios con un período limitado y, por lo tanto, deben su lealtad a la patria por encima de intereses particulares.

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Hace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia ha dedicado un valioso tiempo a acumular dos acciones legales que buscan declarar inconstitucional la reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Esta lentitud permite que la mencionada institución realice un trabajo mediocre o incompleto en la vigilancia de los fondos estatales. Los cambios a la ley de Contraloría, que han reducido su capacidad de fiscalización, fueron aprobados en diciembre de 2022 y han estado vigentes por un año y medio. La norma fue impugnada por primera vez en abril de 2023, y la Corte ha tardado todo este tiempo en decidir su acumulación. Es imperdonable que se dilate la adopción de un mero trámite mientras se aplican reformas que pueden atentar contra lo dispuesto en la Constitución. Los magistrados deben prevenir que sucedan cosas como estas, ya que seguramente habrá decisiones que no podrán ser revertidas, afectando el patrimonio del Estado y hasta la calidad de vida de los panameños. Urge más conciencia en estos asuntos, dadas las consecuencias. Y esperamos que el fallo no tarde años, por las mismas razones. Ya no hay más tiempo que perder.

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