Hace 2 añosLa narcopolítica ha cavado sus garras profundamente en el tejido de nuestra institucionalidad, una amenaza latente que erosiona los cimientos de la confianza pública y la gobernabilidad. Este fenómeno no es reciente; fue José Raúl Mulino, entonces ministro de Seguridad y hoy presidente, quien inicialmente encendió las alarmas sobre esta perniciosa influencia. Desde entonces, sucesivos gobiernos han reconocido el problema, pero han demostrado una alarmante inacción. No se investiga, no se castiga, más bien hay indicios de complicidad en las altas esferas del poder, alimentados por un temor palpable a que las investigaciones desvelen más de lo conveniente y sacudan las estructuras de poder establecidas. Cada quinquenio que pasa sin acción efectiva nos acerca más al abismo de un narcoestado, donde los carteles operan con impunidad y los políticos se convierten en peones de una agenda criminal. La Operación Jericó podría revertir décadas de negligencia y corrupción. Es imperativo que las autoridades actúen con la determinación y transparencia necesarias para desmantelar estas redes, demostrando así un compromiso firme con la restauración de la integridad institucional. ¡Caiga quien caiga!
Hace 2 añosLa propuesta de ley que permitiría al Ejecutivo manejar traslados de partidas de hasta $5 millones sin pasar por la Comisión de Presupuesto plantea un debate crucial sobre el equilibrio entre eficiencia y control. Por un lado, es innegable la necesidad de agilizar la ejecución del presupuesto para responder a las demandas ciudadanas de manera rápida y efectiva. Sin embargo, la premura no debe sacrificar la transparencia ni el rol fiscalizador que corresponde al Legislativo. El riesgo de establecer un umbral demasiado alto es claro: la Comisión podría verse reducida a un mero espectador, incapaz de ejercer su función de supervisión y rendición de cuentas sobre los fondos públicos. Al mismo tiempo, un umbral demasiado bajo podría resultar en una parálisis burocrática, donde la fiscalización de cada dólar diluiría la efectividad del control. No se trata de establecer una cifra arbitraria, sino de encontrar un balance basado en argumentos sólidos que garantice tanto la agilidad en la gestión pública como la integridad en el uso de los recursos del Estado. En última instancia, la discusión no debe centrarse únicamente en quiénes ocupan actualmente posiciones de poder, sino en proteger la institucionalidad que salvaguarda el bienestar común y la democracia.
Hace 2 añosComo si la fiesta con los auxilios económicos del Ifarhu no hubiese sido suficiente —con dinero distribuido de manera conveniente para parientes y amigos del poder— ahora se han descubierto cuentas en el Programa de Descentralización de las que salieron cientos de millones de dólares sin justificación, reglamentación ni supervisión. Es evidente que el saqueo fue masivo y que la Contraloría no solo no hizo su trabajo, sino que fue cómplice de lo que puede ser uno de los mayores atracos al Estado panameño. Desde 2021 hasta hoy, hay transferencias en el Programa de Descentralización que suman $320 millones, cuyo uso no tiene justificación hasta ahora. Tal es la magnitud del despojo que la Autoridad de Descentralización admite que carece de capacidad para investigar los cerca de 700 expedientes en los que quedaron constancias de los multimillonarios desembolsos. La negligencia de las instituciones de control y el derroche del gobierno pasado durante la pandemia y posterior a esta no puede quedar impune. Será necesario dotar al Ministerio Público de recursos, personal y capacidad técnica forense para determinar un alcance aproximado de lo robado y luego perseguir a los delincuentes que saquearon el patrimonio estatal.
Hace 2 añosLa divulgación de los auxilios económicos administrados por el Ifarhu ha evidenciado una extrema negligencia en su gestión a lo largo de los últimos mandatos. Este organismo, ideado como pilar de propósitos altruistas, ha degenerado en una fuente de beneficios indebidos. Convertido en presa de maniobras políticas, incluso ha favorecido a empleados internos, con registros de hasta siete subsidios por individuo. Aún más alarmante es que un 26% de los trabajadores del Ifarhu hayan accedido a estas subvenciones sin justificación transparente. Se han asignado 330 auxilios a 240 empleados.La explicación radica en la corrupción sistémica que ha transformado al Ifarhu en un mecanismo de saqueo. La tarea de los gobernantes es urgente: reformar la normativa del Ifarhu para erradicar la discrecionalidad y la opacidad. Es indispensable abolir la gestión arbitraria de los recursos, vetar el acceso a ayudas sin méritos verificables, transparentar la participación en los programas y asegurar que los beneficiarios justifiquen su elegibilidad a través de un riguroso criterio meritocrático y un exhaustivo análisis socioeconómico. Es imperativo poner fin a estos abusos. Es una vergüenza que actos tan viles se ejecuten en nombre de la educación.
Hace 2 añosCelebramos los 110 años del Canal de Panamá, una fecha que nos insta a mirar atrás, al presente y hacia un futuro prometedor. Y es que el Canal no solo transformó el comercio global al conectar los océanos Atlántico y Pacífico, sino que también forjó un espíritu de resiliencia y unidad en Panamá. Desde el tránsito inicial del vapor Ancón hasta la ampliación de 2016, cada paso ha reforzado la posición de Panamá en el comercio mundial. Este logro no es solo una proeza de ingeniería, sino el reflejo de la tenacidad panameña, que culminó con su histórica reversión. Aunque el Canal contribuye significativamente a nuestra economía, estas cifras no capturan la totalidad del impacto del Canal, que va más allá de lo económico para abrazar lo social y ambiental.
Hace 2 añosUna meticulosa investigación periodística realizada por este medio ha sacado a la luz un esquema alarmante de malversación de fondos públicos en juntas comunales y municipios afines al partido que gobernó en el pasado. Desde entonces, múltiples funcionarios de aquella época no han escatimado esfuerzos ni recursos en negar categóricamente estos hechos. Sin embargo, las evidencias reveladas hoy por la misma institución afectada son irrefutables y señalan una profunda corrupción institucionalizada. Los hallazgos apuntan a un “uso discrecional” de más de $150 millones, mostrando una gestión negligente y corrupta de los recursos estatales. Es imperativo que la Autoridad Nacional de Descentralización, que ha reconocido estos abusos y promete cerrar el programa, exija rendición de cuentas a todos los involucrados. Más aún, aquellos que gestionaron y se beneficiaron de estos desembolsos y en especial aquellos que lograron reelegirse. Este escándalo no solo subraya la necesidad de transparencia y regulación en la gestión de fondos públicos, sino que también refuerza la urgencia de implementar mecanismos de control más efectivos. El gobierno debe garantizar que cada centavo de los recursos del Estado se destine a mejorar la vida de todos los ciudadanos y no a llenar los bolsillos de unos pocos.
Hace 2 añosEl manejo de los auxilios económicos por parte del IFARHU en los últimos diez años, donde se han distribuido $421.4 millones, ha revelado serias deficiencias en discrecionalidad y estrategia. La confianza pública en esta institución, encargada de promover la equidad en la educación, se ha visto gravemente afectada por la asignación arbitraria de estos recursos. Aunque la discrecionalidad en el uso de fondos públicos pueda ser legal, su aplicación en este caso es absolutamente inmoral, favoreciendo a unos pocos y perpetuando la desigualdad. Además, la falta de una estrategia alineada con las necesidades nacionales es preocupante, ya que se han financiado carreras y programas innecesarios en lugar de enfocarse en formar capacidades críticas para el desarrollo del país. Esto no solo desperdicia recursos, sino que también frustra a cientos de miles de estudiantes que, sin influencias, han sido excluidos de estos beneficios. Es urgente corregir estas prácticas y establecer un sistema de auxilios económicos que sea transparente, equitativo y alineado con las necesidades estratégicas del país. Solo así se podrá garantizar que los recursos públicos se utilicen para construir un futuro mejor y más justo para todos.
Hace 2 añosEl ministro de Economía y Finanzas ha sido sincero al revelar la actual y preocupante situación de la economía nacional, especialmente en lo que respecta a las finanzas del Estado. Ha informado a toda la población, así como a las calificadoras de riesgo y al mercado en general, incluyendo a los bancos con los que Panamá mantiene deudas presentes y futuras. El ministro reconoce que el déficit fiscal será mayor de lo esperado, principalmente debido a los aumentos automáticos en la planilla estatal. Será necesario modificar el tope del déficit a una cifra mayor del 2% este año y del 1.5% en 2025, porque, además, las recaudaciones corrientes actualmente están un 14% por debajo de las proyecciones del gobierno anterior. Este déficit tendrá que financiarse con deuda, para la cual se buscan mejores condiciones de financiamiento, explicó el ministro, pero también nos dio esperanzas, ya que el Gobierno está elaborando un plan para estabilizar el presupuesto nacional y contener el gasto, mientras equilibra las finanzas durante los próximos años. Esto podría revertir las intenciones anunciadas por dos calificadoras de reducir la calificación de riesgo de Panamá y recuperar la que ya fue retirada por una de ellas. Nos encontramos en un camino escabroso, pero hay esperanza.
Hace 2 añosLa pugilista Atheyna Bylon —finalista olímpica en París 2024— nos ha hecho vibrar de emoción, como en la época dorada del boxeo panameño, por su gran desempeño en el cuadrilátero olímpico. Sin importar cómo termine su último desafío por el oro, ya es una ganadora. Ha luchado duro con un equipo que la ha llevado a la cima del deporte mundial y así se ha convertido en la primera atleta panameña en obtener una medalla olímpica y en la tercera nacional en conseguir una presea en el mayor evento deportivo internacional. Nos llena de orgullo que represente los colores de Panamá y que su esfuerzo haya valido cada minuto con los guantes puestos. Su disciplinada dedicación y sacrificio en un deporte de alto rendimiento nos dice mucho sobre la capacidad de nuestros atletas, quienes, superando barreras y obstáculos, salen adelante y triunfan dentro y fuera de nuestras fronteras. Panamá puede dar mucho más —en entrenamiento, instalaciones y competencias—, pero las autoridades deben garantizar que cada dólar destinado al deporte llegue a su destino y no se quede en el camino, como hemos visto tantas veces. El deporte debe ser lo que es y no un botín político. Se lo debemos a esos atletas que se esfuerzan por poner nuestra bandera en el podio de la victoria, como Atheyna Bylon.
Hace 2 añosLa reciente divulgación por parte del gobierno del presidente José Raúl Mulino sobre los beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu representa un cambio significativo hacia la transparencia en la administración de fondos públicos. Es vital subrayar que estos fondos, provenientes del erario, no son más que el dinero de los ciudadanos, y es de interés público conocer su destino. La anterior administración, adoptó una postura de ocultamiento, declarando estos datos como confidenciales. Esta actitud limitó severamente la capacidad de los ciudadanos para supervisar el uso adecuado de sus recursos. La acción de Mulino establece un precedente para la rendición de cuentas en todos los sectores del gobierno. La apertura de estas informaciones refuerza la democracia y fomenta una cultura de responsabilidad y transparencia que debe ser la norma, no la excepción. Ojalá que esta medida sea el inicio de una era donde la gestión de todos los recursos públicos sea abierta y de acceso para escrutinio y evaluación de todos los panameños.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
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‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
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