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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 2 añosUna candidata a diputada por un circuito de la provincia de Coclé, postulada nada menos que por cuatro colectivos políticos –supuestamente adversarios–, ha sufrido un revés, luego de que la justicia electoral fallara su inhabilitación como candidata porque no renunció a tiempo del cargo que desempeñaba en la Asamblea Nacional, para poder participar en la contienda electoral. La candidata no renunció, por el contrario, continuó en el cargo, solo que pidió vacaciones para hacer campaña, es decir, la funcionaria quiso “jugar vivo”, porque para ella la palabra renuncia no existe, y por eso recurrió al truco de las vacaciones, como si una cosa y la otra fueran equiparables. Lo peor de todo es que la fiscal del caso pidió que no se le inhabilitara. Eso significa que, en la práctica, la funcionaria –subsecretaria de la Asamblea Nacional– tuvo dos defensores. Ahora ha dicho que apelará, por lo que es muy probable que esto no se resuelva definitivamente antes del próximo 5 de mayo. Muy lamentable sería que posteriormente la señora candidata tenga que renunciar –si es que gana– por practicar el odioso “juega vivo” que tanto le gusta.

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Hace 2 añosLa pregunta formulada por el magistrado Olmedo Arrocha al Tribunal Electoral (TE) sobre la posible intervención de los partidos Realizando Metas y Alianza en la designación de José Raúl Mulino como candidato presidencial, o si fue una decisión unilateral de esta institución, plantea interrogantes cruciales sobre la legitimidad de esta postulación. Arrocha aguarda con expectativa la respuesta a esta interrogante antes de tomar una decisión sobre la posible inconstitucionalidad de la misma. Conocer si efectivamente las campañas electorales cumplieron, a cabalidad, con los requerimientos jurídicos dentro del proceso electoral es la piedra angular sobre la cual se construirá el gobierno del vencedor el próximo 5 de mayo. Por las razones antes expuestas, es imperativo que, con la brevedad que amerita el caso, el TE aclare si la postulación de José Raúl Mulino surgió de una petición de los partidos que la respaldan o del pleno del Tribunal Electoral mediante el Acuerdo 11-1 del 4 de marzo de 2024 pasado.

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Hace 2 añosLos magistrados de la Corte Suprema parecen no comprender —o no quieren— las circunstancias que viven los panameños en estos días previos a las elecciones, en las que el país se juega su futuro. La legitimidad de la candidatura de uno de los aspirantes presidenciales ha sido impugnada ante el Órgano Judicial. Esto significa que los panameños, además de vivir momentos inéditos, ahora enfrentamos un panorama confuso sobre la oferta electoral. Esta incertidumbre mantiene a muchos en un limbo, sin decidir su voto y, si dicha candidatura es declarada inconstitucional, otros también deberán pensar a quién elegir. Por lo tanto, todos los panameños merecemos la oportunidad y la serenidad para escoger al próximo presidente de nuestro país. Es urgente que tomen una decisión sobre este asunto a fin de darle al país más certeza y menos zozobra, porque los años venideros serán cruciales para nuestra economía, para la institucionalidad y para solucionar serios problemas que enfrenta este país. Así, pues, los magistrados deben ser consecuentes con la realidad y, decidan lo que decidan, hacerlo ya, sin más dilaciones. No decidir es faltar a su obligación constitucional.

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Hace 2 añosA escasos doce días de las elecciones, nuestra nación se enfrenta a una crisis institucional que no puede ser ignorada. La Corte Suprema de Justicia, una piedra angular de nuestra democracia, guarda un silencio ensordecedor respecto a una demanda de inconstitucionalidad contra uno de los candidatos presidenciales. Este silencio no solo es preocupante, sino que socava la confianza en el proceso electoral y la integridad de nuestras instituciones democráticas.Es inconcebible que, en un momento tan crítico, el máximo tribunal del país no haya emitido siquiera un comunicado para informar a la ciudadanía sobre el estado de una demanda que ocupa el centro del debate público. Esta falta de información es un reflejo alarmante de la irresponsabilidad institucional que afecta no solo la percepción de justicia, sino la fe en todo el sistema electoral. Además, la reciente controversia sobre errores en la papeleta virtual para el voto adelantado en el extranjero solo añade leña al fuego de la desconfianza generalizada hacia el tribunal electoral. Este tipo de fallos no son menores y tienen el potencial de deslegitimar todo el proceso electoral. La pregunta que se cierne sobre nosotros es alarmante: ¿Llegaremos al 5 de mayo sin conocer la postura de la Corte Suprema sobre un asunto de tanta trascendencia? La falta de decisión y la ausencia de transparencia no son solo irresponsables, son un peligro directo a la estabilidad democrática. Es hora de que la Corte Suprema actúe con la diligencia que la gravedad de la situación demanda

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Hace 2 añosUn reciente fallo del Tribunal Administrativo Tributario (TAT) ordenó a la Dirección General de Ingresos (DGI) ceder $20.2 millones en créditos fiscales, que reclama Inversiones Encanto –sociedad que operó la cadena de mini supermercados Justo y Bueno– a favor de la sociedad Quantex Management Corp. La decisión fue apoyada por dos de tres magistrados, uno de ellos, correspondiente al de una magistrada que fue agente residente de Quantex Management. Pero la DGI sostiene que no existe tal crédito fiscal; en todo caso, el crédito sería de apenas unos $850, afirmación apoyada por dos expertos, pero desestimada porque el TAT buscó a otros peritos que apoyaran la tesis de que el Estado le debe a Quantex esos $20.2 millones. La decisión del TAT solo puede ser calificada como una perfecta desvergüenza, empezando por el hecho de que la magistrada que apoyó el mamotreto fue abogada de la sociedad beneficiada. El fallo es un disparate legal y un pésimo ejemplo de justicia fiscal, pues se trata de una decisión altamente sospechosa, incluso, responsable de que Panamá se convierta luego en el hazmerreír internacional por torpes leguleyadas que esconden actos claramente inimaginables.

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Hace 2 añosLa fiesta de los millones en auxilios económicos no se detiene. De hecho, en tan solo los primeros tres meses del año, el Ifarhu ha destinado el 50% del presupuesto de becas al pago de auxilios económicos a personas cuya identidad se mantiene en secreto. De enero a marzo se han pagado $7.1 millones en 386 auxilios económicos, y se desconoce si la ejecución de ese programa puede sufrir una alteración que permita aumentar el número de beneficiarios de auxilios económicos o becas, ya que a este gobierno le restan poco más de dos meses para que termine. El presidente de la República ya anunció que estos programas del Ifarhu se quedarán como están, y que será tarea de la próxima Administración reglamentarlos, actualmente bajo criterios de absoluta discrecionalidad. Pero, a la luz de lo que estamos viendo, la decisión del presidente ha sido irresponsable, negligente y permisiva, porque desde el primer día del escándalo debió impedir tanta discrecionalidad para otorgar estos auxilios económicos. Está claro que funcionarios de su gobierno están saqueando el Tesoro, ante los ojos del gobernante, sin que este mueva un dedo para corregir o impedir este descarado asalto al erario.

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Hace 2 añosUn gasto de operación fijo –al igual que los salarios de los empleados que trabajan para el Estado– es la cuota obrero-patronal a la Caja de Seguro Social (CSS). Es un gasto, incluso, que debe estar en el presupuesto anual de cada entidad del Estado. Por ello es inexplicable que haya dependencias del Gobierno central, municipios, juntas comunales y entidades descentralizadas que le adeudan a la CSS casi $37 millones. Esto lleva a suponer que, si no pagan algo tan elemental como las cuotas a la CSS, entonces tampoco lo hacen a contratistas, empresas de servicio, proveedores, etc., y así es como terminan quebrándolas. De la deuda a la CSS, hay $16 millones que corresponden a alcaldías y juntas comunales, algunas de las cuales ni siquiera pueden hacer frente a sus gastos, por lo que deben recibir subsidios del Gobierno, pero también sabemos en los bolsillos de quien van a dar. Se trata de funcionarios que buscan reelegirse, no para procurar el bien colectivo, sino su prosperidad personal. Ojalá los electores recuerden esto frente a las papeletas de votación: Nos dejan deudas, crisis institucionales y financieras, incluso, más alcaldías y juntas comunales creadas solo para recibir subsidios que van a sus bolsillos.

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Hace 2 añosLa integridad del proceso electoral recae firmemente en las manos de los voluntarios que operan las mesas de votación. Su deber patriótico exige una imparcialidad absoluta para asegurar un torneo justo y equitativo. El reclutamiento de estos ciudadanos debe ser meticuloso, destacando especialmente su imparcialidad. Sin embargo, la presencia significativa de un 30% previamente ligado a partidos políticos plantea justificadas dudas. Este desafío enfatiza la necesidad urgente de una selección rigurosa y una capacitación exhaustiva para estos voluntarios electorales. La integridad del proceso electoral está directamente ligada al compromiso de estas personas con la nación y con el respeto irrestricto por los principios democráticos. En este momento crítico, la responsabilidad de cada uno de ellos es esencial para garantizar la confianza en el sistema electoral y para salvaguardar los valores democráticos fundamentales. Estos incluyen el respeto absoluto al Estado de Derecho, la protección de las libertades fundamentales y la garantía de la transparencia y la rendición de cuentas en cada etapa del proceso electoral.

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Hace 2 añosEl gobierno que asuma el control del país el próximo 1 de julio enfrentará desafíos enormes en áreas clave como la economía, el empleo y la institucionalidad. Por lo tanto, la responsabilidad de tomar una decisión informada en las elecciones del 5 de mayo es crucial para todos los ciudadanos. No podemos permitir que otros decidan en nuestro nombre. Nuestro voto es nuestra voz y debemos ejercerlo de manera consciente y responsable. En el reciente debate presidencial, realizado ayer miércoles, se abordaron temas de vital importancia como el empleo, la institucionalidad y el acceso al agua, sin embargo, muchas de las propuestas presentadas parecen estar desconectadas de la realidad, ya que aunque ofrecen ideas sobre cómo abordar los problemas, muchas de ellas son poco realistas. Como ciudadanos, nos encontramos en una encrucijada al tener que elegir entre candidatos que podrían no representar nuestros intereses fundamentales o que quizás no estén preparados para enfrentar desafíos tan significativos. El acto de votar es nuestra herramienta para dar forma al futuro que anhelamos. En estas elecciones, el rol cívico que debemos desempeñar adquiere una importancia sin precedentes.

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Hace 2 añosEl reciente pronunciamiento del presidente Laurentino Cortizo, en relación con una candidatura presidencial pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia, constituye un claro desvío del mandato constitucional de separación de poderes, piedra angular que asegura el equilibrio y la independencia entre los tres órganos del Estado. Al pronunciarse sobre un asunto sub judice, que corresponde resolver a la Corte, el presidente incursiona en un terreno que podría interpretarse como una violación de la mencionada separación de poderes. La intervención del presidente en este tema, que aunque tiene ribetes políticos, es eminentemente judicial, no solo contradice sus previas posturas de respeto al Estado de Derecho, sino que también plantea interrogantes sobre su consistencia en defender la independencia institucional. Es fundamental recordar que la fortaleza de una democracia se mide por su adherencia a las normas y principios constitucionales. El presidente, al igual que todos los ciudadanos, debe actuar dentro de los límites que su rol institucional impone, especialmente en momentos donde la tentación de traspasar estos límites puede parecer justificada. Respetar la separación de poderes no solo es una obligación constitucional, sino también un compromiso ético esencial para preservar la integridad y la confianza en el sistema democrático de Panamá.

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