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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Redacción de La PrensaHace 2 añosUn efecto dominó comienza a manifestarse en la banca estatal, e incluso en la privada, tras la pérdida del grado de inversión de Panamá por parte de la calificadora de riesgo Fitch Ratings. Esto implica que los productos de cuatro bancos, dos estatales y dos privados, podrían llegar a ser más costosos para el consumidor, debido a que su entorno operativo ahora no es el más favorable. Este impacto repercutirá en las operaciones bancarias en cierta medida, especialmente en el costo del financiamiento, tanto para los bancos como para sus clientes. A pesar de que seguirán teniendo acceso al crédito, lo harán a tasas más altas. Si bien muchos creían que las consecuencias de la pérdida del grado de inversión del país solo recaerían en el Gobierno, estaban equivocados. Todos los ciudadanos, independientemente de si tienen productos bancarios o no, serán afectados por la mala gestión y la falta de responsabilidad con la que el Gobierno manejó las finanzas públicas. El endeudamiento excesivo, el mantenimiento de una planilla sobredimensionada que lleva a usar préstamos para sufragarla, la ausencia de transparencia y la corrupción, el derroche y la mala gestión, todo ello nos ha conducido a la situación actual: en caída libre hacia un precipicio cuyo fondo aún no se vislumbra.

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Hace 2 añosLo que ocurre en la selva de Darién con mujeres, adolescentes y niñas ha sido corroborado con el testimonio de decenas de víctimas que describieron una realidad escalofriante tras llegar a Panamá en su ruta hacia Norteamérica. Estos relatos no son nada nuevos, pero la inacción frente a ellos es alarmante. El diario estadounidense The New York Times ha documentado con el testimonio de unas setenta mujeres cómo grupos armados se mueven en completa libertad en Panamá, asaltando a los migrantes y asaltando sexualmente a las mujeres, amenazadas cobardemente de muerte si no hacen lo que les piden. El gobierno panameño tiene la obligación moral no solo de responder a estas acusaciones sino también de investigar y castigar ejemplarmente a los culpables. Panamá no puede ser visto internacionalmente como el país donde aquellos que, abusando del poder que les otorga su investidura, atentan contra la seguridad y la integridad humana de la forma más vil y despiadada. Es imperativo que se tomen medidas concretas para proteger a las víctimas y asegurar que la selva de Darién no sea un escenario de terror para quienes buscan un futuro mejor. La comunidad internacional observa, y Panamá debe demostrar su compromiso con la justicia y los derechos humanos.

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Hace 2 añosEn un giro sorprendente y profundamente preocupante, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que busca “extinguir” la deuda del gobierno con el fondo de ahorros de todos los panameños. Esta acción no solo demuestra un descaro alarmante sino también una irresponsabilidad flagrante hacia la gestión de la economía nacional y el futuro financiero de sus ciudadanos. La decisión llega en un momento en que Panamá ya enfrenta escrutinio internacional, habiendo perdido su grado de inversión y siendo señalado por el aumento preocupante de su deuda. Además, la falta de una estrategia coherente y efectiva para abordar los problemas de la Caja de Seguro Social (CSS) y la ausencia de planes sólidos para contrarrestar el impacto económico del cierre de la actividad minera ya han puesto en duda la capacidad del gobierno para gestionar crisis y planificar a largo plazo. Ahora, con este proyecto de ley, el gobierno propone una solución cortoplacista que no solo evita abordar las causas subyacentes de estos problemas económicos sino que también compromete el bienestar financiero de generaciones de panameños. Borrar las deudas “de un plumazo” es no solo una medida extremadamente riesgosa sino también una que transmite un mensaje desalentador sobre el valor que se le da a la seguridad y estabilidad financiera de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales. En vez de “seguir la fiesta”, es crucial que el gobierno adopte un enfoque más meditado y responsable para enfrentar los retos económicos, asegurando la protección y el respeto por los recursos de su gente.

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Hace 2 añosUn informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch revela una escalofriante realidad: autoridades panameñas cómplices y perpetradoras de crímenes sexuales contra mujeres y niñas migrantes. Los testimonios son devastadores, pero mucho más preocupante es la indiferencia de las fuerzas de seguridad y de las más altas autoridades que, sabiendo lo que ocurre, no han hecho nada, dejando delitos en una impunidad indignante. Se suma la cuestionable actitud de recibir a los migrantes para empujarlos fuera del país, de negarles atención médica –incluso la que brinda gratuitamente Médicos Sin Frontera– e irrespetar sus derechos. El informe muestra, para nuestra vergüenza, la descomposición de funcionarios que insisten en poner distancia de personas vulnerables, de niñas y mujeres abusadas a quienes debieron ofrecerle protección. El ministro de Seguridad debe iniciar de inmediato una investigación, al igual que el Ministerio Público, sin importar si hay o no una denuncia, pues fueron las fuerzas del orden las que habrían violado o acosado a mujeres y niñas migrantes. Si se comprueban las denuncias, el mensaje debe ser alto y claro: cero tolerancia a estos abusadores.

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Hace 2 añosPromotoras de viviendas de interés social han advertido al Gobierno que unas 16 mil residencias de bajo costo no serían construidas este ni el próximo año debido a que el Estado le adeuda a estas empresas $140 millones. El Estado, a través del Fondo Solidario de Vivienda, ofrece a familias de escasos recursos, previamente seleccionadas, un subsidio de $10 mil al momento de comprar sus respectivas casas. Este subsidio es pagado por el Gobierno a las promotoras, pero desde hace dos años –según un comunicado de las empresas– el Estado ha dejado de pagarles, poniendo en riesgo la construcción de otras 16 mil viviendas de bajo costo entre este y el próximo año, ya que las constructoras no podrían hacer frente a los futuros gastos por la deuda acumulada. Las promotoras advierten que si el Gobierno no paga, están en peligro unos 12 mil empleos de la construcción y de proveedores, así como de otros negocios. Esta situación ya había sido advertida, pero al Gobierno poco le importa la suerte de la gente y de esas empresas y, de manera irresponsable, les ha dado la espalda. Tanta indolencia es imperdonable y refleja una actitud preocupante, pero nada nuevo en un gobierno ausente e insensible.

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Hace 2 añosA escasas cinco semanas de las elecciones del próximo 5 de mayo, la encrucijada política actual nos enfrenta a la tarea de escoger no a un mesías autoproclamado, sino a un verdadero estadista, capaz de atender y resolver las complejas problemáticas que asolan al país. Así lo expresó Monseñor José Domingo Ulloa, haciendo un llamado al ejercicio consciente y responsable del voto. Los ciudadanos debemos ejercer nuestro derecho al voto con la diligencia de quien entiende la gravedad de la elección, informándonos sobre las propuestas y plataformas políticas con el fin de forjar un criterio sólido y personal. No podemos permitir que la oratoria embriagadora y las promesas vacías de los “encantadores de serpientes” nublen nuestro juicio. La ciudadanía está cansada de ver cómo la falta de capacidad y voluntad política deteriora la calidad de vida y debilita aún más nuestras instituciones. Hoy más que nunca, es crucial que la voz de los panameños resuene en las urnas, eligiendo líderes comprometidos con el avance y la fortaleza institucional de nuestra democracia.

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Hace 2 añosLa reciente presentación del informe anual del Órgano Judicial de Panamá destaca avances significativos en la gestión del 2023, alineados con las estrategias del Plan Estratégico Institucional 2020-2030, y evidencia una mejora palpable en la administración de justicia. La descongestión judicial del 75% de los casos, junto con un índice global de resolución del 110%, son noticias alentadoras para el país y una severa advertencia a aquellos malhechores acostumbrados a actuar con impunidad. A pesar de estos logros, aún quedan desafíos importantes por superar. Por ejemplo, el exceso de tácticas dilatorias intencionadas que ya son práctica común de muchos abogados, ejemplifica algunas de las dificultades que persisten en el sistema judicial panameño, lo que requiere un compromiso continuo para fortalecer la lucha contra la impunidad. Esto es especialmente relevante ante la proximidad del juicio del emblemático caso Odebrecht. Los resultados detallados en este informe, más allá de cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, reafirman la responsabilidad jurisdiccional con una justicia eficiente, independiente y equitativa. La consolidación de estos logros y la confrontación resuelta de los desafíos que aún se presentan son esenciales para reforzar la confianza del público en el sistema judicial de Panamá.

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Hace 2 añosEn esta Semana Santa, mientras nos adentramos en la reflexión espiritual, es crucial recordar que este tiempo no solo nos invita a contemplar nuestras creencias religiosas, sino también a reflexionar sobre el papel vital que desempeñamos como ciudadanos en nuestra sociedad. La Iglesia católica, a lo largo de la historia, ha ejercido un impacto significativo en los momentos más desafiantes de nuestra nación, actuando frecuentemente como guía en tiempos de turbulencia. En medio de la incertidumbre y de la agitación política que precede las elecciones del próximo 5 de mayo, es esencial destacar el valioso trabajo realizado por organizaciones como Justicia y Paz. Su labor en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la justicia social se torna aún más relevante en momentos de tensión política. Durante este período de reflexión, recordemos no solo nuestras creencias espirituales, sino también nuestro compromiso con el bienestar de nuestra comunidad. A medida que avanzamos hacia el futuro, que estos días del presente nos inspiren para contribuir de manera positiva al progreso y la armonía de nuestro país, reconociendo nuestro papel activo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

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Hace 2 añosPara la agencia de calificación de riesgo Fitch, Panamá ha perdido su grado de inversión. Esto confirma las advertencias previas de expertos financieros, economistas, incluso de otras calificadoras, sobre la negligente gestión de los fondos públicos –incluida, la galopante deuda exterior– y la urgente necesidad de reformas para fortalecer la economía y aumentar la transparencia. Esta lamentable situación es el resultado directo de una administración pública incompetente y catastrófica que ha socavado profundamente la estabilidad económica y financiera del país, lo que conlleva un aumento en el costo del endeudamiento y la inevitable pérdida de confianza de los inversionistas. Este panorama, marcado por la creciente deuda pública, la terrible gestión de la crisis minera, la desaceleración económica y los persistentes desafíos estructurales –como la deficiente infraestructura y gobernanza– se suma a los monumentales desafíos que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. No sorprende este anuncio, al igual que no sorprenderá si otras agencias de calificación toman medidas similares en un futuro cercano. Urge tomar medidas drásticas para impulsar el crecimiento sostenible, fortalecer las instituciones y asegurar la estabilidad macroeconómica. Solo así se podrá restaurar la confianza de los mercados y garantizar un futuro próspero para Panamá.

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Hace 2 añosLa organización Transparencia Internacional ha cuestionado la decisión unilateral de un juez federal en Brasil, quien se ha dedicado a invalidar pruebas obtenidas de los sistemas de comunicación de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, también conocida como Caja 2. Esta acción está creando un clima de impunidad, no solo en Brasil sino también en otros países donde hay procesos judiciales en marcha contra numerosos políticos implicados en uno de los esquemas de corrupción más escandalosos de América Latina. El juez empezó invalidando pruebas contra el actual presidente de Brasil y ha extendido su acción a un expresidente de Perú, así como a cuatro acusados en Panamá, incluido un exmandatario. No hay señales de que el juez vaya a detener estas maniobras, que amenazan con socavar la justicia en las regiones donde Odebrecht ha admitido pagar sobornos, lo cual representa un grave golpe para la justicia. Los representantes de Odebrecht han confesado el pago de cientos de millones de dólares en sobornos a políticos corruptos en toda Latinoamérica. A esta confesión se suma una amplia y contundente documentación que corrobora los actos ilícitos que el juez está descartando ahora con ligereza.

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