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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 2 añosEl debate presidencial es una oportunidad crítica para que los candidatos presenten soluciones concretas a problemas urgentes como la crisis financiera de la Caja de Seguro Social (CSS), la mejora de la calidad educativa y la generación de empleo. Los electores merecemos saber cómo los aspirantes a la presidencia planean resolver la falta de sostenibilidad del fondo de IVM de la CSS, interactuar con los gremios magisteriales para elevar los resultados educativos, reducir la deserción escolar y generar los empleos formales para combatir el desempleo y la informalidad, especialmente después de la pandemia cuándo se ha agravado la brecha de habilidades laborales frente a las necesidades del mercado laboral. Este debate debe ser aprovechado por los candidatos para la presentación de planes de acción detallados, marcando un compromiso claro con el futuro de la Nación. La ciudadanía, no necesita promesas, necesita compromisos concretos y propuestas claras. La urgencia de estos temas exige más que la definición de los problemas; requiere planteamientos de soluciones prácticas y estrategias específicas que los candidatos deben estar preparados para ofrecer. No hay tiempo para promesas vacías ni de recitar poemas, quien aspire a la presidencia de la República debe plantear la hoja de ruta para lograr resultados, solo así la ciudadanía podrá tomar una decisión basada en argumentos.

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Hace 2 añosHace 23 días, la Sala Penal de la Corte publicó un fallo que elimina cualquier posibilidad de que Ricardo Martinelli aspire a correr a la presidencia de la República o a ningún cargo de elección popular. Al no admitir el recurso de casación, la sentencia a 10 años y 4 meses de prisión queda sin ningún recurso que pueda alterar su resultado. Después de esta fecha, lo que ha seguido es una serie de eventos desafortunados liderados por la falta de claridad sobre el proceso. No conocemos con precisión los pasos a seguir ni el tiempo que toma entre el Órgano Judicial y el Tribunal Electoral para concluir con lo que ya es inevitable, la inhabilitación de Martinelli como candidato. Esta incertidumbre se agrava cuando faltan 70 días antes de que los panameños vayamos a las urnas para elegir a nuestros futuros gobernantes. Desde esta columna, hacemos un llamado a la Corte y al Tribunal Electoral para que públicamente aclaren en qué punto estamos y cuáles son los próximos pasos con sus tiempos. Esto es esencial para poder traer confianza ciudadana en nuestras instituciones, que tanta falta hace hoy más que nunca, para poder elegir a los futuros gobernantes de nuestro país con transparencia y justicia. La claridad en este proceso es fundamental para fortalecer nuestra democracia y asegurar que los derechos políticos sean respetados conforme a la ley, garantizando así un proceso electoral legítimo y justo para todos.

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Hace 2 añosEl juicio por el caso Odebrecht ha sufrido un nuevo retraso de varios meses, tras haber sido localizados en Perú dos de los acusados que estaban en rebeldía. De por sí, el juicio es tardío, ya que el proceso de investigación en Panamá empezó hace casi diez años. Es claro que una justicia que llega con esta tardanza no es justicia, por lo que urge reformar las leyes para permitir juicios más ágiles, para que personas que están acusadas en un mismo caso puedan ser objeto de audiencias de fondo de forma individual, sin retrasar todo el proceso. Es notorio el hecho de que los proceso judiciales están diseñados con formalidades extremistas que facilitan y promueven la impunidad. Es como andar en un campo minado, en el que un error provoca un desenlace inesperado, súbito e injusto. No hay cabida para correcciones, solo para las nulidades. Ello incluye estos procesos que tardan años en concretarse, hechos a la medida de los acusados para retrasar y buscar las prescripciones, evitando con ello que la justicia pueda alcanzarlos. El Órgano Judicial tiene la responsabilidad de hacer que la justicia sea expedita y si para ello hay que reformar la ley, pues que empiece a presentar las reformas ante la Asamblea Nacional.

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Hace 2 añosSi el Estado quiere sentar precedentes con el caso de New Business, lo que tiene que hacer es demandar al expresidente condenado en este proceso. Si bien este sujeto ha recibido una multa de casi $20 millones en su sentencia, el daño que causó al Estado no ha sido calculado. Este señor desvió decenas de millones de dólares –que debían ser destinados a obras estatales– para comprar Editora Panamá América (Epasa), empresa esta que ahora es menos que un cascarón, ya que carece de bienes materiales o intangibles –como sus marcas– porque hasta de eso fue despojada. Puede que la demanda sea un pleito largo, pero hay que establecer precedentes: no basta con la imposición de la multa ni con la devolución de unas acciones que él y su camarilla dejaron sin valor. Ante el despojo del que ha sido víctima el Estado, cabe un resarcimiento por daños, es decir, que el Estado exija una reparación integral. El dolo ya fue plenamente probado, por lo que una demanda por los perjuicios causados cabe perfectamente, pero, además, con grandes posibilidades de que ésta sea exitosa. Solo falta voluntad para presentarla, porque la justicia hará el resto.

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Redacción de La PrensaHace 2 añosUna candidata a la Presidencia fue citada por la Corte Suprema a una audiencia de imputación de cargos, tras una denuncia interpuesta por familiares de un cliente suyo, que la acusan de haberles despojado de 66 kilos de oro de su propiedad. Y, aunque la diputada alega “persecución política”, lo cierto es que tiene este proceso abierto al mismo tiempo que aspira dirigir los destinos del país. Es la segunda persona que enfrenta cargos criminales, con la diferencia de que el otro candidato –condenado en firme– ya no tiene oportunidad de seguir en la carrera. El pasado de esta diputada es turbio, siempre vinculada a casos o a personas del mundo del narcotráfico, incluso una de estas, asesinada a tiros. Su discurso siempre es ofensivo, escudándose en privilegios que le aseguran impunidad, sin importar la gravedad de sus calumnias y difamaciones. Carece de fidelidad, pues aspira simultáneamente a cargos (presidencia, alcaldía y diputación) a través de su partido –el PRD– , de un colectivo de “oposición” –RM– y hasta por la libre postulación. Vicios y un pasado y presente que son una vergüenza, suficientes para que la sociedad le envíe un mensaje alto y claro: no más candidatos con este tipo de trayectoria.

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Redacción de La PrensaHace 2 añosCon pleno conocimiento de su inminente descalificación, un exmandatario, condenado por lavado de dinero a más de 10 años de prisión, despliega toda suerte de artimañas para asegurar su presencia en la papeleta presidencial que será utilizada en las elecciones del próximo 5 de mayo. ¿No constituye este actuar un claro intento de engañar al electorado cuando sería su candidato a vicepresidente quien encabezaría la nómina de su partido? En aras de sus objetivos, sus abogados continúan con la presentación de recursos legales superfluos pero dilatorios, insistiendo en aclaraciones sobre asuntos previamente desestimados. Instamos tanto al Órgano Judicial como al Tribunal Electoral a que, en consonancia con el debido proceso, agilicen las gestiones judiciales y procedan con la pronta inhabilitación del pretendido "candidato". La incertidumbre que asedia a los panameños resulta perjudicial, no solo para el país sino también para el propio proceso electoral. Esta situación menoscaba la paz social esencial para asegurar elecciones libres de influencias, transparentes y cuyos resultados reflejen fielmente las auténticas preferencias del electorado panameño.

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Hace 2 añosEn una jugada sospechosa, una sociedad –que pertenece al conglomerado societario usado para esconder a los actuales dueños de Editora Panamá América, S.A. (Epasa)– dejó de pagar sus compromisos crediticios contraídos con un banco local, consciente de las consecuencias que tendría. Se trata de una suerte de venganza por el juicio que ha resultado en la condena, por lavado de activos, de un expresidente que es el mayor accionista de la empresa periodística. Como consecuencia de la decisión de no pagar el préstamo –más de $10 millones– el banco ejecutó las garantías: nada menos que los muebles e inmuebles que previamente habían sido traspasados a Inmobiliaria TPA, S.A. Así, esta sociedad dejó de ser la propietaria de los bienes, que eran, a su vez, el mayor activo de Epasa: dos fincas valoradas en millones de dólares. Ello significa que el Estado, a la hora de recuperar el dinero que salió de contratistas estatales para comprar la casa editorial, no recibirá un centavo de esas fincas, a lo sumo, acciones que, sin bienes tangibles, no son más que papel. El expresidente burla así al Estado, impidiéndole recuperar un patrimonio que, debió ser usado para obras, no para comprar un medio para el usufructo privado.

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Hace 2 añosLa irresponsable decisión del Tribunal Electoral (TE) de reprogramar los debates presidenciales a menos de 100 días de las elecciones generales menoscaba la integridad del actual periodo electoral. La abrupta cancelación del debate programado para el miércoles, justificada de manera poco convincente, exhibe la ausencia de coherencia y planificación en un momento crítico para la democracia panameña. Por un lado, el TE alega que la situación de asilado del expresidente, condenado por lavado de dinero y actualmente prófugo, es un hecho público y notorio para justificar la participación de su sustituto en el debate presidencial, y por el otro ignora que la Constitución Nacional prohíbe su participación en la contienda. La dualidad de sus acciones sobre lo público y notorio revela una incongruencia alarmante en el proceder del TE. La ley no admite duda: quien ha sido condenado por más de cinco años de prisión no puede ser candidato presidencial, estableciendo un criterio que debería ser aplicado sin más dilación ni vacilaciones. La incoherencia del TE al tomar acciones oportunas y basadas en la notoriedad en un aspecto y obviarla en otro, mina la confianza en el proceso electoral y denota una carencia preocupante de coherencia y seriedad en sus resoluciones.

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Hace 2 añosEl próximo miércoles, el Tribunal Electoral organizará el primer debate presidencial, representando una oportunidad crucial para que el público escuche las propuestas de cada candidato. Este evento no solo permite evaluar la veracidad de sus discursos, la solidez de sus compromisos y su determinación para cumplir lo prometido, sino también diferenciar entre lo genuino y lo espurio. El objetivo principal es analizar minuciosamente sus propuestas para identificar si estas constituyen estrategias meramente electorales o si reflejan una verdadera convicción, así como determinar si se basan en planes concretos o si son solo palabras diseñadas para impresionar. Es fundamental que el Tribunal Electoral asegure una participación justa para todos los candidatos, estableciendo reglas claras y transparentes. Sin embargo, esta transparencia y equidad se han visto comprometidas por la decisión de los magistrados de permitir la participación de un candidato a vicepresidente sin haber descalificado formalmente al principal, contraviniendo la Constitución, la ley electoral, los propios decretos del Tribunal Electoral y el deber que tienen hacia la ciudadanía. Este acto socava la credibilidad del Tribunal Electoral en un momento en que la desconfianza ciudadana hacia el árbitro electoral podría amenazar el futuro y la estabilidad de nuestra democracia.

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Hace 2 añosLa calificadora de riesgos Fitch ha recalcado unas proyecciones que, si bien las esperábamos, golpean como un yunque, revelándonos imaginativas maniobras contables y financieras del Gobierno para cumplir las metas del déficit fiscal, pero que, en definitiva, no son un alivio para las presiones que sufre el país por el derroche de fondos públicos, por la sequía que derivará en menos ingresos para el Canal de Panamá y la débil estructura de las finanzas públicas, agravadas por el cierre de la mina de Donoso. Estas observaciones son una suerte de preaviso de lo que se nos viene encima: una economía que crecerá solo 1.5%. Todo esto nos dice a gritos que 2024 será el año más difícil de nuestra historia reciente. Y aunque hay variables que están fuera del control del Gobierno, lo cierto es que esta Administración ha sido imperdonablemente negligente en el uso y manejo de los fondos públicos. Han robado como si no hubiese un mañana y lo peor es que lo hacen porque viven en un reinado de impunidad. En este momento se vive un clima casi de alegría por las elecciones, pero cuando acabe la fiesta, chocaremos de frente con el muro de nuestra patética realidad.

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