Hace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia ha dedicado un valioso tiempo a acumular dos acciones legales que buscan declarar inconstitucional la reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Esta lentitud permite que la mencionada institución realice un trabajo mediocre o incompleto en la vigilancia de los fondos estatales. Los cambios a la ley de Contraloría, que han reducido su capacidad de fiscalización, fueron aprobados en diciembre de 2022 y han estado vigentes por un año y medio. La norma fue impugnada por primera vez en abril de 2023, y la Corte ha tardado todo este tiempo en decidir su acumulación. Es imperdonable que se dilate la adopción de un mero trámite mientras se aplican reformas que pueden atentar contra lo dispuesto en la Constitución. Los magistrados deben prevenir que sucedan cosas como estas, ya que seguramente habrá decisiones que no podrán ser revertidas, afectando el patrimonio del Estado y hasta la calidad de vida de los panameños. Urge más conciencia en estos asuntos, dadas las consecuencias. Y esperamos que el fallo no tarde años, por las mismas razones. Ya no hay más tiempo que perder.
Hace 2 añosLa escogencia del próximo presidente de la Asamblea Nacional no solo es crucial por el respaldo que se necesita para ejecutar los proyectos de desarrollo que el país exige, sino también por su papel en la labor de fiscalización, vital para mantener el equilibrio democrático. Quien sea designado asume una responsabilidad que va más allá de dirigir una institución con un presupuesto de $200 millones o de ser quien quede retratado durante la colocación de la banda presidencial al gobernante electo. Su elección representa un desafío al rol que ha desempeñado la Asamblea Nacional en los últimos gobiernos: ¿Será un ente colaborativo, pero supervisor o será un órgano de gobierno paralelo, cuyo propósito es la extorsión en beneficio de intereses mezquinos? Este momento trascendental no puede subestimarse, ya que definirá el curso político y la integridad democrática de nuestra nación. Panamá necesita líderes comprometidos con el bienestar ciudadano y con la transparencia en la gestión pública. La escogencia del próximo presidente de la Asamblea Nacional es la oportunidad para demostrar que la democracia y la rendición de cuentas son pilares inquebrantables de nuestra sociedad.
Hace 2 añosLa crisis financiera que asola a la Caja de Seguro Social (CSS) no es una carga que pueda ser sostenida por los hombros de una sola persona. Es un peso acumulado a lo largo de los años, una crisis de arrastre que demanda una acción urgente y concertada de toda la nación para ser abordada eficazmente. El presidente electo José Raúl Mulino enfrenta un desafío monumental: la necesidad de asegurar más de $14,000 millones en los próximos 10 años para cubrir los pagos de pensiones. Esta situación no puede ser ignorada ni subestimada; es un problema que amenaza la estabilidad financiera y el bienestar de miles de panameños. Es imperativo entender que resolver esta crisis requiere un esfuerzo colectivo y una voluntad política unificada. El informe actuarial reciente es una advertencia clara y contundente, tanto para la dirección de la CSS como para el gobierno central. La fragilidad financiera del sistema de pensiones exige medidas drásticas y decisiones difíciles. El momento de enfrentar esta crisis con determinación es hoy, no mañana. La población asegurada merece una solución efectiva que garantice su seguridad financiera y bienestar. Solo a través del consenso nacional y el trabajo conjunto podremos encontrar la salida menos dolorosa y más justa para todos los panameños.
Hace 2 añosLo que el presidente electo deberá enmendar en la Caja de Seguro Social (CSS) es de gran magnitud y no se limita exclusivamente a lo financiero. Las solicitudes del actual gobierno, respaldadas por la administración entrante, para detener las licitaciones tardías con la intención de evitar sorpresas de último momento y deudas impagas, han sido desafiadas de manera descarada por el director de dicha institución. Este convocó una licitación exclusiva para la adquisición de oxígeno para la CSS. Este movimiento, aparentemente inocuo, revela un tejido de intereses poco transparentes, dejando en posición de desventaja al erario, que ya paga hasta cuatro veces más por este insumo de lo que pagan otros hospitales. Lo que ocurre en la CSS amerita una investigación para acabar de una vez por todas con estas prácticas claramente alejadas de los intereses de la población asegurada, quienes lamentablemente pagan el precio del pillaje del que son objeto. Es imperativo desmantelar este sistema corrupto y restaurar la transparencia y la competencia en la adquisición de insumos médicos para garantizar la salud y el bienestar de todos los panameños.
Hace 2 añosEl reciente nombramiento de un nuevo director de la Dirección General de Ingresos (DGI) marca una renovada confianza para la institucionalidad del país. Este cambio es especialmente relevante, considerando las malas prácticas de persecución fiscal que se vivieron en el periodo de 2009, prácticas que erosionaron la confianza pública en esta entidad esencial. La DGI es una institución clave para asegurar los ingresos del Estado y, por ende, debe operar con absoluta responsabilidad y transparencia. Los últimos dos directores han demostrado un compromiso ejemplar con la profesionalidad y la equidad, evitando que la DGI se convirtiera en un instrumento de persecución política. Esperamos que el nuevo director continúe en esta línea, actuando con firmeza para garantizar la equidad en la recaudación fiscal y manteniendo altos estándares éticos para prevenir la corrupción. La DGI debe ser un bastión de integridad y eficiencia, asegurando que todos los contribuyentes sean tratados con justicia y que los recursos del Estado se manejen con la mayor transparencia posible. Así se fortalecerá la confianza en una institución vital para el desarrollo del país.
Hace 2 añosLa Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta serios problemas, exacerbados por una junta directiva cuyos miembros, en muchos casos, han mantenido sus cargos por años, trascendiendo varios gobiernos. Esta falta de renovación impide la llegada de ideas frescas y perpetúa redes de poder difíciles de desmantelar. Los directores actuales tienden a proteger los intereses de los gremios que representan o sus propios intereses personales, en lugar de velar por el bienestar de la CSS y sus asegurados. Esto ha llevado a decisiones que favorecen beneficios particulares, descuidando la sostenibilidad del sistema y la calidad del servicio. Es esencial reformar la composición de la junta directiva, implementando límites de mandato y un proceso de selección basado en méritos. Solo así se garantizará la entrada de nuevas perspectivas y un liderazgo verdaderamente comprometido con la misión de la CSS. La sostenibilidad y eficiencia de la CSS son vitales. Reformar su junta directiva es un paso crucial para asegurar un futuro saludable y seguro para todos los asegurados.
Hace 2 añosLa incapacidad del Tribunal Electoral para combatir el clientelismo en las elecciones es alarmante. Los magistrados y la Fiscalía Electoral han mantenido un silencio cómplice ante el despliegue de regalos disfrazados de ayudas sociales durante la época electoral. Esta práctica es una fachada para el abuso delictivo de los fondos de descentralización, utilizados en muchos casos por diputados reelectos para asegurar su continuidad en el poder.Ahora, la esquiva respuesta de los juzgados electorales, al pretender que los denunciantes realicen el trabajo que los fiscales no hicieron, evidencia una grave deficiencia en el cumplimiento de sus responsabilidades. Los magistrados tienen una oportunidad crucial para remendar esta situación y permitir que la justicia actúe. Es imperativo que evalúen las pruebas y ordenen las auditorías correspondientes. La ley debe ser igual para todos, y los magistrados no pueden seguir mirando hacia otro lado sin cargar con el desprecio ciudadano por la omisión cómplice de su función constitucional. Garantizar elecciones transparentes y equitativas es su deber. Solo así se restaurará la confianza en el sistema electoral y se fortalecerá la democracia.
Hace 2 añosLos argumentos del expresidente estadounidense, condenado penalmente por falsificar registros comerciales, no parecen distintos a los que nuestros políticos emplean para descalificar a sus juzgadores. El recién declarado convicto calificó de “corrupto” y “tirano” al juez de la causa, quien en julio debe anunciar la pena que le impondrá; también dijo que se trata de una “persecusión política”, porque es el favorito -según las encuestas- para ganar las elecciones presidenciales de noviembre próximo y que el verdadero veredicto será el de las urnas. También aseguró que fue “un juicio amañado” y “político” y que a sus testigos no se les permitió declarar, aunque fue él quien rechazó la oportunidad de subir al estrado y contar su versión. Ninguno de esos argumentos son ajenos a nuestros casos de corrupción tercermundista, cuyos acusados -y condenados- señalan a jueces y fiscales de ser parciales cuando prevén una condena, pero reparten aplausos y elogios si esperan una exoneración de culpa. Lo cierto es que el republicano podrá, seguramente, seguir adelante con su candidatura, pero esta condena en su contra puede hacer que pierda apoyo del pueblo norteamericano, que cuestiona su actitud moral como aspirante presidencial de esta potencia mundial. La verdad y la ética se convierten en las balanzas sobre las cuales se pesa el destino de una nación.
Hace 2 añosLas recientes declaraciones del presidente electo José Raúl Mulino han generado un notable optimismo en el país, indicando un cambio de timón hacia una administración más ética y efectiva. Mulino ha dejado claro que no va a “comprar o alquilar” diputados, además ha dicho que se acabó el “¿qué hay pa’ mí?”. Esta declaración se desmarca de las prácticas políticas cuestionables del pasado especialmente de aquellas durante el gobierno de 2004 a 2009. Además, Mulino se ha comprometido a no permitir la imposición de una terna para elegir al próximo director de la CSS, de una directiva cuyos términos están vencidos y que se ha caracterizado por una gestión deficiente y poco transparente. Este compromiso promete abordar la crisis de la CSS con una nueva visión y liderazgo. Por último, Mulino ha afirmado que no habrá una descentralización paralela en su gobierno y ha enfatizado la recuperación de los fondos robados durante los procesos de descentralización anteriores. Estas declaraciones, si se cumplen, pueden restaurar la confianza de los panameños en sus gobernantes, mejorar significativamente la administración pública y lograr la transformación y la renovación que el país necesita.
Hace 2 añosEl reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que decide un amparo de garantía contra la Procuraduría de la Administración, representa un duro golpe a la lucha por la transparencia y el combate a la corrupción. En una decisión dividida, la mayoría de los magistrados castraron las facultades del procurador al quitarle la potestad constitucional de realizar investigaciones éticas o administrativas. Esto, a pesar de que en fallos anteriores la misma Corte había reconocido el deber del procurador de investigar conforme al mandato constitucional de “vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes”. La investigación que el procurador había iniciado sobre el desempeño de ciertos funcionarios en la llamada “descentralización paralela” era perfectamente válida desde el punto de vista legal y constitucional. La Corte, al desdecirse de sus fallos anteriores, favorece la impunidad en detrimento de la credibilidad que ha estado construyendo. Es alarmante que sea la Corte la que encubra conductas cuestionables que merecen ser investigadas. Es desilucionante ver cómo destruyen con los pies lo que construyeron con sus manos.
Ordenan detención provisional a ocho personas por presunto peculado de $8 millones en la Junta Comunal de Belisario Porras. Leer más
Imputan cargos y dictan arresto domiciliario a empresario por caso de la Junta Comunal de Barrio Sur. Leer más
‘No hay que bajar durante el temblor, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Panamá debe hacer mucha docencia en ese aspecto’: Tomás Correa Rodríguez. Leer más
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