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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Redacción de La PrensaHace 2 añosPara que no quede duda alguna, el artículo 180 de nuestra Constitución vigente dice así: “No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia”. Los tres requisitos de los que habla este artículo se han cumplido uno por uno en el caso del aspirante presidencial del partido RM: Ya fue condenado por delito doloso con pena de cárcel de más de diez años; la sentencia –hagan lo que hagan– no cambiará, por lo que está ejecutoriada de hecho, y ya todas las instancias judiciales se han pronunciado sobre el caso. En consecuencia, este político “no puede ser elegido”. La Constitución no deja lugar a dudas para interpretaciones trasnochadas, inventadas o convenientes. Ni el Tribunal Electoral, ni la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, ni la sociedad civil, ni ninguna autoridad debe darle la espalda a un fallo tan categórico e histórico como este. Lo contrario sería aumentar la incertidumbre en momentos en que todos necesitamos confiar en la transparencia de nuestras instituciones democráticas especialmente las electorales.

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Hace 2 añosUn informe confidencial al que este medio ha tenido acceso revela una situación potencialmente peligrosa para las próximas elecciones. Ante las sospechas de que el sistema informático del Tribunal Electoral (TE) es vulnerable, se hicieron pruebas de penetración que despejaron las dudas: la obsolescencia de esos equipos no pudieron evitar que hackers ajenos a la institución –contratados bajo la supervisión de los técnicos del TE– pudieran virtualmente tomar el control de los servidores del TE. Lo grave es que este ejercicio fue un simulacro de un día de elecciones, por lo que también descubrieron que ni siquiera la red en la que viaja la data de los resultados de los comicios está fuera del alcance de un ataque cibernético. Es por ello que es urgente reforzar las medidas de seguridad, que incluyen la compra de hardware y software, entrenar a los técnicos e ingenieros de la institución y contratar empresas que tengan la capacidad de vigilar y prevenir estos ataques. El TE es el garante de unas elecciones limpias, por lo que tendrá que hacer lo necesario para solucionar el grave problema que ahora tiene en sus manos, mientras que el Gobierno tiene la responsabilidad de hacer los aportes necesarios para asegurar la tranquilidad ciudadana.

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Hace 2 añosLa campaña electoral inició formalmente ayer, sábado. Ahora, los candidatos pueden buscar los votos para alcanzar los cargos a los que aspiran. Pero no solo se trata de que ellos puedan buscar votos, sino que los electores, en base a sus propuestas, pueden elegir a los mejores para sus comunidades y para el país. Con los recientes hechos que, por mandato constitucional, impiden que uno de los candidatos se presente a la contienda, seguramente veremos nuevos y más oscuros acuerdos de recámara. Lo importante es tener claro que si un candidato ofrece algo más que propuestas equilibradas, bien pensadas y acordes con la realidad de nuestro país, lo que busca es ocupar un cargo público con la intención de enriquecerse a costa del dinero público o para pagar inconfesables favores. La Prensa publicará encuestas confiables que representan fotos del momento en que se realizan y que, aunque no son manuales de voto, merecen ser analizadas a profundidad por los electores. El próximo 5 de mayo, nuestro voto debe ser ejercido a conciencia y no a favor del amigo, del copartidario o del que ofrece bloques por votos. Esos ya nos han convertido en víctimas de su incontrolable avaricia.

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Hace 2 añosEl contrabando de cigarrillos en Panamá es de vieja data. Pero ahora las implicaciones de esta actividad son mucho mayores que en épocas pasadas. La organización Crime Stoppers –una plataforma para la denuncia anónima de delitos– describió algunos de los problemas que causa este ilícito, como, por ejemplo, la evasión fiscal, calculada en unos $165 millones al año. Pero no es todo, porque quienes están en este negocio son pandillas que responden, a su vez, a organizaciones criminales que podrían estar financiando el terrorismo en otras partes del mundo. A menor escala, este contrabando sirve, además, para comprar municiones o enviar dinero a las cárceles o corromper a funcionarios. Este escenario, una vez más, pone sobre el tapete las reformas que se deben hacer para castigar y perseguir este grave delito. Paralelamente, el Estado debe prestarle más atención a este tipo de contrabando, porque se calcula que el 90% de lo que se vende en Panamá es de origen ilícito. Es obvio que hay que reforzar la prevención, así como aprobar la ley de extinción de dominio, pues se trata de verdaderas fortunas que acumulan los que están al frente. Es en estas cosas que deben estar los diputados.

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Hace 2 añosLa campaña electoral comienza formalmente el próximo sábado 3 de febrero y se extenderá hasta el 2 de mayo de 2024. Pero, pese a la inminencia de esta importante fecha, aún reina la incertidumbre sobre uno de los candidatos presidenciales, quien tiene pendiente que la Corte Suprema de Justicia admita o rechace un recurso legal que decidirá, no solo la suerte de esta persona, sino también su candidatura presidencial. Todo el país lleva semanas a la expectativa de la decisión que tome la Corte sobre este recurso, pero teniendo ahora todo para hacerlo y sin que estén pendientes más recursos que resolver, la Corte aún no da a conocer su decisión. Los magistrados deben pronunciarse lo más pronto posible, incluso, antes de que empiece oficialmente el período de campaña para que, de esta forma, todos tengamos clara y definida la oferta electoral presidencial para el próximo quinquenio. Pero lo que no podemos seguir soportando es que, por permitirle a un grupo de abogados que abusen de la Ley, tengamos que vivir esta incertidumbre. Es hora de que la Corte Suprema tome una decisión sobre el recurso y la divulgue inmediatamente. Así, acusados y votantes saldremos de dudas de una vez por todas.

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Hace 2 añosCualquiera que sea el candidato que gane las próximas elecciones tendrá que afrontar retos que durante veinte años se han acumulado. Uno de esos retos es encontrar una solución permanente a los problemas financieros de la Caja de Seguro Social (CSS). En 2022, el déficit alcanzó los $650 millones, es decir, los aportes del gobierno para cubrir ese gasto han sido insuficientes, por lo que solucionar este problema a corto, mediano y largo plazo es una de las grandes tareas pendientes del nuevo gobierno, porque el actual, cobardemente, ha estado esquivándolo, al punto de que las cifras del déficit rayan en lo incontrolable. Por ello, este gobierno, que tenía el deber de frenar esta hemorragia de millones, ha sido escandalosamente negligente, permitiendo que el problema escalara y, al mismo tiempo, negándonos que este fuera un asunto grave, cuando claramente sí lo es. ¿Qué hará? ¿Otra mesa de diálogo? ¿Nombrar una comisión para seguir alargando la agonía de la CSS? Lo que está ocurriendo con la CSS es un problema de Estado y debió haber sido abordado de esa forma, pero lo que hizo esta Administración fue un espectáculo mediático cuyos resultados son un completo fracaso.

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Hace 2 añosEn Panamá, los procesos judiciales pueden ser fácilmente dilatados, lo que muchas veces conduce a la impunidad. Estas tácticas las practican sin pudor alguno abogados que, en la seguridad de que su o sus clientes son culpables, buscan la forma de evitar que la justicia los alcance. La semana pasada, la presidenta de la Corte Suprema se refirió a eso, precisamente, al abuso del que es objeto la Ley cuando se convierte, irónicamente, en eficaz instrumento de impunidad. No es que los acusados carezcan de defensa, se trata de que reciban la justicia que merecen. Pero, ante recursos claramente dilatorios, es necesario imponer sanciones ejemplares, porque los abogados son auxiliares de la justicia y, por tanto, no deberían ser obstáculos. Es notorio el caso de los abogados de un expresidente que llevan decenas de argucias que impiden un pronunciamiento final en el caso de este exfuncionario, sobre el que pesa ya una condena en dos instancias y que ahora evita a toda costa una sentencia final. ¿Hasta cuándo la tolerancia con la falta de ética, con la desfachatez y con la falta de escrúpulos? Este vergonzoso espectáculo no es más que un reflejo de la canalla que lo protagoniza y de los clientes que representa.

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Hace 2 añosLos descubrimientos sobre el manejo de fondos de la llamada “descentralización paralela” continúan, y el escándalo aumenta. Una pequeña junta comunal en Colón –allá por donde el presidente de la República tiene una finca– ha recibido tanta plata de este programa fantasma, que si todos sus habitantes recibieran un cheque –después de haberse dividido el capital entre cada uno de ellos– todos recibirían un cheque de más de $2 mil dólares. Todo resulta más que sospechoso, porque una vez más, el representante de la población es del oficialista PRD, y actualmente es candidato a suplente a legislador de un diputado que busca la reelección, no solo con el apoyo de su partido, sino con un partido rival: RM. ¿Por qué unas comunidades reciben tanto dinero –como $6 millones– y otras no reciben ni las gracias por sus votos?

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Redacción de La PrensaHace 2 añosLa fiebre de creación de corregimientos continúa, incluso en la víspera de las elecciones. ¿Por qué se crean tantos corregimientos? La respuesta está irremediablemente ligada al hecho de que todos los corregimientos reciben fondos de la descentralización formal y de la descentralización paralela. Son millones de dólares destinados a estas unidades políticas, y al ritmo que llevamos, dentro de unos cuantos años tendremos más de mil corregimientos que consumirán buena parte de los recursos del Estado. Uno se preguntaría, ¿qué tiene de malo que los corregimientos reciban dinero para satisfacer las necesidades de sus habitantes? La respuesta es que no hay tales beneficios, sino para un puñado de políticos que ven la oportunidad de controlar el dinero. Parte de este dinero terminará en sus bolsillos o en los de sus allegados, y pagarán deudas políticas con nombramientos en sus juntas comunales. Con un número suficiente, podrían controlar los concejos municipales, lo que significa más dinero para sus bolsillos. Esta hemorragia de fondos estatales debe tener un límite. Ya hemos sido testigos de lo que sucede con el dinero que va a estos corregimientos, y aunque se ha probado el perjuicio al patrimonio del Estado, los responsables gozan de total impunidad. Y lo peor es que quieren más.

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Hace 2 añosSon muchas preguntas sobre lo que ocurre en el relleno sanitario de cerro Patacón, pero que no responden las autoridades, salvo que ahora, de un momento a otro, sale una licitación multimillonaria para que otra empresa haga lo que se venía haciendo hasta 2023, cuando este vertedero ha llegado –desde hace años– al término de su vida útil. La crisis de la basura es bastante seria, pero ningún gobierno soluciona el problema. Los funcionarios son emparchadores que prolongan las crisis hasta que no tienen más salidas, y entonces viene la improvisación, la cual es otro parche. La basura, en otros países, es fuente de riqueza, pues produce gases que se pueden comercializar, objetos que se pueden reciclar y hasta abonos, a partir de los desechos orgánicos. Es inconcebible que el área metropolitana, con más de un millón de habitantes, no tenga plantas procesadoras ni recicladoras de basura, porque a nuestros funcionarios solo se les ocurre trabajar con métodos arcaicos, de hace más de cincuenta años. Estos incendios continuarán a lo largo del verano porque el relleno ya no da para más. ¿Es que no pueden cerrar este vertedero y buscar otro lugar, no para lo que se hace ahora, sino para reciclar y dar tratamiento adecuado a la basura?

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