Hace 22 añosDesde tiempos inmemoriales la humanidad ha sufrido los efectos de la pobreza. A través de los siglos han surgido toda clase de ideas, propósitos y propuestas, movimientos políticos y sociales, religiones, predicadores, agitadores, filósofos, políticos y muchos otros que claman por eliminar o reducir la pobreza. Nadie puede estar en contra de cualquier intento de mejorar la condición económica de los panameños. Las causas y soluciones a los problemas de la pobreza continúan como tema permanente de debate en todos los confines del mundo. Todavía no ha surgido una solución real, efectiva e inmediata, pero el Gobierno nos somete a una nueva reforma fiscal. Esperamos que con este esquema tributario, la política de gastos oficiales, el manejo de la deuda pública y la administración hacendaria se adecuen a la realidad de que somos pobres. Nunca han faltado los demagogos y falsos profetas que, a título de impulsar los gastos sociales, justifican los excesos y la ineficiencia. El país no aguanta más defraudación ni fracasos, y es hora de que, por amor a la patria, los gobernantes hagan un verdadero sacrificio para el futuro de la nación.
Hace 22 añosDesde tiempos inmemoriales la humanidad ha sufrido los efectos de la pobreza. A través de los siglos han surgido toda clase de ideas, propósitos y propuestas, movimientos políticos y sociales, religiones, predicadores, agitadores, filósofos, políticos y muchos otros que claman por eliminar o reducir la pobreza. Nadie puede estar en contra de cualquier intento de mejorar la condición económica de los panameños. Las causas y soluciones a los problemas de la pobreza continúan como tema permanente de debate en todos los confines del mundo. Todavía no ha surgido una solución real, efectiva e inmediata, pero el Gobierno nos somete a una nueva reforma fiscal. Esperamos que con este esquema tributario, la política de gastos oficiales, el manejo de la deuda pública y la administración hacendaria se adecuen a la realidad de que somos pobres. Nunca han faltado los demagogos y falsos profetas que, a título de impulsar los gastos sociales, justifican los excesos y la ineficiencia. El país no aguanta más defraudación ni fracasos, y es hora de que, por amor a la patria, los gobernantes hagan un verdadero sacrificio para el futuro de la nación.
Hace 22 añosLa meta del gobierno con las nuevas reformas fiscales es recaudar entre 300 millones y 350 millones de dólares al Estado. Pero si se analiza con detenimiento el nivel de morosidad de 120 millones de dólares en el Municipio de Panamá y 70 millones de dólares en el IDAAN, parece entonces innecesarias e inaceptables tales reformas. Antes de proponer ante el país y crear tanta zozobra ciudadana, el gobierno debió revisar minuciosamente las finanzas estatales. Si solo en el Municipio y el IDAAN se adeuda más de la mitad de lo que se quiere ahorrar para el 2006, seguramente habrá otras entidades con similares niveles de morosidad. Peor aún es contratar a una empresa privada para que se encargue de realizar los cobros municipales, porque, como ellos mismos dicen, no tienen el personal técnico ni la infraestructura para realizarlos. Esto pone en tela de duda el tema del ahorro estatal y la eficiencia de los funcionarios. El alcalde y los trabajadores del municipio deben estar capacitados para realizar este tipo de trabajo ya que, al fin de cuentas, fueron quienes permitieron que la mora alcanzara tales proporciones. Una vez más el perjudicado será el pueblo, ante un Estado ineficiente, inmanejable e insaciable.
Hace 22 añosEl cumplimiento de las leyes y de la Constitución Política debiera ser el objetivo de todo diputado de la Asamblea Nacional, para salvaguardar los intereses de la patria con eficiencia, transparencia, ética y austeridad. Si se fortalece la independencia de ese órgano del Estado, sus miembros podrían ser mejores defensores de los intereses de la nación, legislarían mejor y ejercerían el debido contrapeso al Ejecutivo y al Judicial. Las circunstancias obligan a que los políticos reflexionen en torno al principio de que la democracia no está para retóricas estériles. Es necesario defender la institucionalidad con un legítimo reforzamiento del Legislativo, verdadera tribuna del pueblo. Hay que eliminar la concepción del diputado como asistente social, que atiende al clientelismo político y no trabaja por los intereses de todo el país. Estamos hablando, en definitiva, de una renovación política entendida como una confrontación de ideas, valores y concepciones de la vida, de las que no se puede abdicar, de una Asamblea que cumpla sus funciones por encima de complacencias al Ejecutivo y de contemporizaciones con el Judicial.
Hace 22 añosEl cumplimiento de las leyes y de la Constitución Política debiera ser el objetivo de todo diputado de la Asamblea Nacional, para salvaguardar los intereses de la patria con eficiencia, transparencia, ética y austeridad. Si se fortalece la independencia de ese órgano del Estado, sus miembros podrían ser mejores defensores de los intereses de la nación, legislarían mejor y ejercerían el debido contrapeso al Ejecutivo y al Judicial. Las circunstancias obligan a que los políticos reflexionen en torno al principio de que la democracia no está para retóricas estériles. Es necesario defender la institucionalidad con un legítimo reforzamiento del Legislativo, verdadera tribuna del pueblo. Hay que eliminar la concepción del diputado como asistente social, que atiende al clientelismo político y no trabaja por los intereses de todo el país. Estamos hablando, en definitiva, de una renovación política entendida como una confrontación de ideas, valores y concepciones de la vida, de las que no se puede abdicar, de una Asamblea que cumpla sus funciones por encima de complacencias al Ejecutivo y de contemporizaciones con el Judicial.
Hace 22 añosLos magistrados y jueces han salido a defender sus privilegios, a sostener que las reformas fiscales no los deben afectar, al tiempo que rechazan de plano la propuesta de la Procuradora de renunciar a otros beneficios. Debemos contar con magistrados y jueces bien remunerados para asegurarnos profesionales idóneos y capaces al frente del Órgano Judicial. Pero si la reforma fiscal pretende gravarnos a todos, los jueces no deben ser la excepción. Y, más allá del tema fiscal, gravita una enorme decepción en la ciudadanía por la calidad de la justicia que se administra en Panamá. Habría sobradas razones para mantener los altos sueldos que devengan, si existiera una correspondencia entre el salario y una judicatura respetada por su independencia y agilidad. Las estadísticas demuestran todo lo contrario: una bochornosa mora judicial y una inaceptable falta de independencia. Ejemplos abundan en los tribunales, a todo nivel. ¿Cómo justificar la inexcusable demora en decisiones vitales para el país, como los recursos de Panama Ports o el limbo en que hemos quedado ante la separación del magistrado Pereira Burgos? Ni hablar de los inconfesables pronunciamientos frente a PECC y los millones descongelados. Es difícil ganarse la simpatía ciudadana cuando se tienen sobre la mesa estos y tantos otros casos de indigno tratamiento.
Hace 22 añosLos magistrados y jueces han salido a defender sus privilegios, a sostener que las reformas fiscales no los deben afectar, al tiempo que rechazan de plano la propuesta de la Procuradora de renunciar a otros beneficios. Debemos contar con magistrados y jueces bien remunerados para asegurarnos profesionales idóneos y capaces al frente del Órgano Judicial. Pero si la reforma fiscal pretende gravarnos a todos, los jueces no deben ser la excepción. Y, más allá del tema fiscal, gravita una enorme decepción en la ciudadanía por la calidad de la justicia que se administra en Panamá. Habría sobradas razones para mantener los altos sueldos que devengan, si existiera una correspondencia entre el salario y una judicatura respetada por su independencia y agilidad. Las estadísticas demuestran todo lo contrario: una bochornosa mora judicial y una inaceptable falta de independencia. Ejemplos abundan en los tribunales, a todo nivel. ¿Cómo justificar la inexcusable demora en decisiones vitales para el país, como los recursos de Panama Ports o el limbo en que hemos quedado ante la separación del magistrado Pereira Burgos? Ni hablar de los inconfesables pronunciamientos frente a PECC y los millones descongelados. Es difícil ganarse la simpatía ciudadana cuando se tienen sobre la mesa estos y tantos otros casos de indigno tratamiento.
Hace 22 añosAunque el país tiene problemas más urgentes que la fijación del precio del quintal de maíz, esta situación muestra de cuerpo entero cuál es el problema esencial de nuestra sociedad. Desde hace varios años hay en Panamá una ley que promueve la libre competencia y prohíbe los acuerdos de precios, estableciendo penas y sanciones para aquellos que la incumplen. Por eso es lamentable que las autoridades, junto con los agentes económicos, conspiren contra el bienestar del consumidor en un acto que a todas luces es un exabrupto legal. No en vano un estudio reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts establece que la democracia y el estado de derecho se refuerzan mutuamente y animan el desarrollo económico de las naciones. Panamá en este renglón está rezagado. Ya las personas no solo desobedecen las normas, sino que ahora lo hacen con la complicidad de las autoridades competentes. Y frente a esta realidad solo quedan dos opciones: respetar la ley o cerrar las instituciones que no cumplen con sus funciones básicas, lo que representaría una medida ejemplar para el inventario moral y económico del Estado.
