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Tres miembros del cartel mexicano Guerreros Unidos confesaron haber matado, quemado y arrojado a un río en el municipio de Cocula, estado de Guerrero, a un grupo de personas cuyo número no pudieron precisar, pero que uno de ellos estimó en 40, y que las autoridades presumen, por indicios, que son los estudiantes de magisterio desaparecidos hace 42 días.
Se trata del desenlace, a medias, de una historia de horror que ha indignado a México y a la comunidad internacional, y que empezó el 26 de septiembre pasado, cuando tres estudiantes murieron en enfrentamientos con la policía municipal de Iguala y 43 no volvieron a sus hogares.
El procurador general, Jesús Murillo Karam, manifestó que los “testimonios y confesiones”, “aunadas al resto de las investigaciones realizadas, apuntan “muy lamentablemente” al homicidio de un amplio número de personas, las cuales, empero, no han sido identificadas porque el estado de los restos hallados impidió hacer las pruebas de ADN. Esos restos serán enviados a laboratorios especializados en Austria para estudios mitocondriales cuyo resultado no se sabe cuándo estará.
En la rueda de prensa (cuyo video está disponible en el sitio web de la Presidencia de México) Murillo hace un recuento de la investigación, incluida una diligencia de reconstrucción de los hechos, durante la cual los testigos clave –Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Gómez y Agustín García Reyes– relataron cómo fueron apresados y trasladados los jóvenes y cómo quemaron sus cuerpos y se deshicieron de lo que quedó de ellos.
El procurador remarcó que lo que presentó son avances de la investigación, que no pretenden ser las conclusiones. “La investigación continúa su curso”, afirmó. Para la investigación, agregó al responder a una pregunta, los estudiantes se siguen considerando desaparecidos.
ENSAÑAMIENTO
“Los últimos tres detenidos declaran que... [se dirigieron] al basurero [de Cocula]... Algunas de las personas que trasladaron al basurero llegaron sin vida o inconscientes, y otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala”, señaló el procurador, quien apoyó su relato de unos 25 minutos en videos que mostraban las declaraciones de los detenidos y del momento en que realizaron la reconstrucción del crimen en el basurero de Cocula.
“Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de su vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el proceso durase horas, arrojándoles diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y otro dice que hasta la 15 horas del 27 de septiembre”, explicó el procurador.
El funcionario continuó. “Por el calor que desprendía el área los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos sino hasta cerca de las 5:30 de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar encontraron cenizas y restos óseos que por las características que tienen corresponden a fragmentos de restos humanos. Los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos recibieron la orden de quien apodan ´El Terco´ de fracturar los restos de los huesos, de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos, que uno de los declarantes dice haber arrojado completa”.
Murillo señaló que peritos mexicanos y argentinos encontraron restos de las bolsas, que una de ellas permanecía cerrada y contenía elementos óseos que por sus características corresponden a restos humanos.
También aclaró que no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno. Actualizó la cifra de detenidos a 74 y añadió que hay en proceso 10 aprehensiones adicionales.
Sobre el tiempo que tardó su despacho en tomar las investigaciones, Murillo se defendió diciendo que esos 10 días la investigación estuvo en manos de la Fiscalía de Guerrero porque aún no se había definido la competencia federal. “Es absolutamente cierto y absolutamente legal”, respondió.
Sobre la declaración del exalcalde José Luis Abarca y si algo de lo que dijo ayudó a llegar a estas conclusiones, contestó que Abarca se reservó hacer declaraciones. No obstante, apuntó que para ellos es claro que él es el autor [intelectual]. Dijo que él tenía una clave por radio, la A5, y el operador de radio de la policía dice que él dio la orden, entre otras evidencias y testimonios que lo acreditan.
SE RESISTEN A CREER
“Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó Felipe de la Cruz, portavoz de los familiares de los desaparecidos, en una rueda de prensa desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, reportó la agencia EFE.
De la Cruz acusó al Gobierno de seguir “torturando de manera descarada a los padres” y de tratar de cerrar el caso antes del viaje del presidente, Enrique Peña Nieto, a Asia, una muestra –dijo– de su “irresponsabilidad” ante los problemas del país.
“Queremos decirle que como padres no aceptamos de ninguna manera esa declaración que ha dado [el fiscal] porque incluso él ha dicho que no tiene la certeza de que eso cea cierto”, comentó una madre que no quiso identificarse. Agregó que no están “cerrados a resultados”. “Sea cual sea el resultado lo aceptaremos, pero con pruebas”.



MÉXICO. -El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue recluido ayer, miércoles 5 de noviembre, en una prisión federal en el Estado de México, como presunto autor intelectual de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
La PGR (fiscalía general) indicó en un comunicado que a las 5:00 de la tarde de ayer el exalcalde quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en el municipio de Almoloya de Juárez, a disposición del juez primero de distrito en materia de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimento a la orden de aprehensión emitida en su contra el 24 de octubre de 2014.
"Esto independientemente del resultado de las investigaciones que sigue llevando esta Procuraduría sobre Abarca Velázquez", apuntó la institución.
En el caso de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, "como consecuencia de las investigaciones que se realizan, ayer, del mismo modo, un juez federal especializado determinó imponerle la medida cautelar de arraigo (detención provisional) por 40 días", puntualizó.
Abarca y Pineda fueron arrestados la madrugada del pasado martes (4 de noviembre) por agentes federales en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México, y fueron entregados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en la misma capital, para ser interrogados.
El paradero de Abarca y Pineda era desconocido desde el pasado 30 de septiembre tras pedir él una licencia de 30 días, cuatro días después de una violenta acción coordinada por la policía local y el cartel Guerreros Unidos contra un grupo de estudiantes, que se saldó con seis muertos a tiros y la desaparición de los 43 jóvenes.
MARCHA
Por otro lado, una multitud, en su mayoría jóvenes que portaban banderas mexicanas con lazos negros de luto sustituyendo sus habituales franjas roja y verde, realizaron ayer una gran marcha para recordar la desaparición de los estudiantes y exigir a las autoridades que los encuentren.
Los manifestantes coreaban una frase que se ha vuelto un símbolo de la protesta no solo en México sino fuera del país: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".
Asimismo, en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, grupos de manifestantes enfadados por la incapacidad del gobierno para encontrar a los desaparecidos utilizaron camiones robados para bloquear las tres carreteras de acceso a la ciudad durante varias horas.
"La desaparición de los estudiantes es el detonante de la explosión de dolor acumulado por los miles de desaparecidos que hay en el país", dijo durante la marcha Camila Bernal, una chilena de 19 años que estudia comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México.
La movilización, que convocó 120 mil personas según los organizadores o 60 mil según la policía, culminó en la plaza del Zócalo frente al palacio presidencial, donde los padres y compañeros de escuela de los desaparecidos pronunciaron encendidos discursos.
"Exigimos al gobierno la presentación con vida de nuestros hijos. Los padres de familia no vamos a permitir una nueva artimaña porque quieren cerrar el caso con una conferencia [de prensa] en la que van a anunciar que nuestros normalistas están muertos”, exclamó Felipe de la Cruz, padre de uno de los desaparecidos.
“El coraje por la desaparición de los 43 alumnos no se va con la detención de Abarca. Eso es lo que queremos demostrar al gobierno con esta marcha, seguiremos movilizándonos hasta que los regresen vivos”, manifestó Bardomiano Martínez, subdirector de la escuela de Ayotzinapa, en Guerrero, a la que asistían los desaparecidos.
MÁS DETALLES DEL ARRESTO
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, dio detalles adicionales sobre la captura del Abarca y su esposa. Señaló que agentes federales fueron alertados de la presencia de la pareja en el suburbio en el que fueron aprehendidos por una de sus socias, Noemi Berumen, quien aparentemente acompañó a los dos detenidos o les ayudó en su huida de la justicia.
Berumen fue también arrestada en la redada. "La casa en la que fueron encontrados parecía como si estuviese abandonada", dijo Murillo Karam.
"La razón por la que empezamos a sospechar de esta persona [Berumen] fue porque parecía estar entrando a una casa abandonada".
Las autoridades descubrieron fosas comunes clandestinas y los restos de 38 personas durante la búsqueda de los estudiantes, pero ninguno de ellos fue identificado como uno de los desaparecidos.
Además de los arrestos del martes, al menos 56 personas más fueron detenidas, y el jefe de policía de Iguala está también bajo investigación. La relación de los Abarca con el crimen organizado era conocida.
Según funcionarios, el alcalde y su esposa dirigían Iguala como un feudo en colaboración con Guerreros Unidos, al punto de que la pareja recibía supuestamente hasta 220 mil dólares cada pocas semanas en sobornos para pagar a la policía corrupta.
El gobierno estima que 22 mil 322 personas han desaparecido desde finales de 2006, cuando empezó la guerra contra la droga en el país.
Los 43 estudiantes han recibido mucha más atención que cualquier otro caso, en parte porque la policía supuestamente corrupta de Iguala habría jugado un papel muy claro en su desaparición y según los cargos presentados por la Procuraduría, el exalcalde y su esposa tenían vínculos con Guerreros Unidos.

MÉXICO (AFP). -México espera que la detención del exalcalde de Iguala (sur) y su esposa, considerados los autores intelectuales de los ataques a estudiantes en septiembre que acabaron con 43 desaparecidos, ayude a esclarecer la suerte de los jóvenes.
Indignados por la falta de noticias de los chicos a más de un mes de su desaparición, los familiares prevén este miércoles unirse a una nueva marcha multitudinaria de estudiantes universitarios en la Ciudad de México.
Esta manifestación, que irá desde la residencia presidencial de Los Pinos hasta la céntrica plaza del Zócalo, supondrá el arranque de tres días de huelgas, protestas y marchas universitarias que se sumarán a las numerosas protestas de las últimas semanas en todo el país para exigir justicia por el crimen.
Antes de encabezar esa marcha, un grupo de padres de las víctimas, alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa, se desplazó la tarde del martes a la capital para recibir información de primera mano de la fiscalía a raíz de la crucial detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, en la madrugada del martes.
Conocidos como 'La pareja imperial' de Iguala por su poder y ostentación forjado en un emporio joyero, los prófugos Abarca y Pineda fueron detenidos por policías federales en una vivienda del popular barrio de Iztapalapa, en la Ciudad de México.
La pareja empezó a rendir declaración ante la fiscalía general a altas horas de la madrugada del martes, sin que se hayan conocido hasta el momento el contenido de sus esperadas revelaciones. Una joven llamada Noemí Berumen también fue detenida en el operativo por supuestamente haberlos ayudado a esconderse.
"Espero que esta detención contribuya al esclarecimiento de la investigación", manifestó el presidente Enrique Peña Nieto sobre la pareja acusada de colocar el poder público de Iguala al servicio del cártel local Guerreros Unidos.
Los hasta ahora fugitivos más buscados de México, huyeron de esa importante ciudad del empobrecido y violento estado de Guerrero cuatro días después de los ataques.
La fiscalía cree que Abarca ordenó a sus policías que reprimieran a los estudiantes la noche del 26 de septiembre por temor a que sabotearan un evento oficial encabezado por su esposa, que pretendía suceder a su marido como alcaldesa en 2015.
Al menos 22 policías de Iguala, una ciudad de 140 mil habitantes a unos 200 km del DF, están detenidos acusados de disparar a los jóvenes y entregarlos después a los Guerreros Unidos.

MÉXICO (EFE). -La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy que la obligación del Gobierno mexicano en el caso Iguala no acaba con la detención del exalcalde José Luis Abarca, ya que aún permanecen desaparecidos los 43 estudiantes.
“La obligación de procurar justicia respecto de un caso de desaparición forzada no culmina con la captura de los autores intelectuales, sino con el esclarecimiento del paradero de las víctimas y la sanción de todas las personas responsables”, apuntó AI en un comunicado.
La organización explicó que pese a “la relevancia de estas detenciones” aún continúan prófugas personas que han sido identificadas por la fiscalía como claves para el esclarecimiento total de los hechos y para la ubicación de los estudiantes.
Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos hoy en un barrio de la capital mexicana por su presunta participación como autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de seis personas en Iguala, estado sureño de Guerrero, el 26 de septiembre.
Por este caso, las autoridades mexicanas han detenido a más de medio centenar de policías locales y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, han tomado el control de la seguridad de 17 municipios y desplegado una búsqueda de los desaparecidos en la que participan unos 10 mil agentes.
Sin embargo, matiza AI, “al día de hoy, las múltiples medidas adoptadas por el Estado no hayan sido exitosas para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos, lo cual plantea la duda acerca de la verdadera efectividad de las medidas implementadas”.

