Hace 1 añoLa reforma a la Carrera Administrativa es un tema recurrente en el debate político. Cada gobierno que asume el poder trae consigo su propio enfoque, generalmente con criterios clientelistas, pero la necesidad de profesionalizar el servicio público sigue siendo un desafío sin resolver. Esta vez, un grupo opositor ha abrazado una iniciativa del Ejecutivo, con cierto consenso, lo que ofrece una luz de esperanza para alcanzar un acuerdo que trascienda los intereses partidarios.
Sin embargo, la situación es más compleja. En Panamá, instituciones clave como la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República operan con leyes de carrera administrativa propias. La Asamblea, por ejemplo, ha permitido la incorporación automática de funcionarios sin concurso, mientras que la Contraloría ha reformado su régimen, pero aún mantiene diferencias con la Ley General. Esto refleja una falta de coherencia que dificulta la creación de un sistema profesional unificado.
Lo fundamental es que el funcionariado deje de ser botín político y se respete la dignidad de los profesionales que legítimamente acceden a la carrera. Solo así el servicio público podrá garantizar eficiencia, meritocracia y transparencia, y coadyuvar con el sector privado al desarrollo económico del país.
Mónica PalmHace 1 añoGOL. La Caja de Ahorros remodelará su palco en el estadio Rommel Fernández, para lo cual ha reservado una partida presupuestaria de $63,647. El banco alega que el mobiliario actual está en malas condiciones y “desgastado”. Desgastada está la paciencia de la población con estos derroches de fondos estatales. ¿Acaso no hay un mejor uso para ese dinero?
Argelis GaudianoHace 1 año¿Hasta cuándo tendrán nuestras comunidades que vivir en eterna zozobra por los constantes cambios de zonificación y modificaciones a los planes de ordenamiento territorial?
Joaquín González J.Hace 1 añoLa idea de que “la mina va porque va” constituye una irresponsabilidad de dimensiones antidemocráticas, inconstitucionales y catastróficas.
Hace 1 añoEl presupuesto del Estado para 2026, que supera los $34 mil millones, evidencia la urgencia de abordar el mal manejo de las finanzas públicas. La diputada Janine Prado advierte sobre recortes dramáticos en áreas sensibles como salud, ciencia y agro, mientras se mantienen privilegios innecesarios en seguros privados, sobresueldos y gastos de representación. Además, denunció el impacto de vigencias expiradas y prestaciones adeudadas, que agravan la situación fiscal del país. El mal manejo de los recursos se refleja en prácticas como contratar servicios, recibirlos y no pagarlos, generando un efecto acumulativo sobre las finanzas estatales. El Gobierno habla de austeridad, pero la ciudadanía exige hechos concretos. Las vistas presupuestarias que se desarrollan en la Asamblea son una oportunidad para demostrar transparencia y responsabilidad, asegurando que los recursos públicos se destinen a prioridades esenciales y no a cubrir deficiencias o privilegios injustificados.