Jorge E. Silva MeloHace 1 añoNuestro presidente suele expresar públicamente que es un presidente proempresa privada y que no tiene problema en reconocerlo.
José González RiveraHace 1 año Desde Arthur Pigou hasta Paul Samuelson, la tradición es clara: donde el mercado falla, el diseño público puede corregir ineficiencias y mejorar el bienestar social.
Lisbeth JaramilloHace 1 añoEn el dinámico entorno económico actual, la viabilidad empresarial ya no se define únicamente por las ganancias a corto plazo.
Juan B. McKay A.Hace 1 añoQuienes viajan al interior del país dan fe del mantenimiento de la vía Panamericana, pero quienes deben usar la Boyd-Roosevelt sufren de su deterioro, causado por el tránsito constante de autobuses, autos, motos, camiones y otros vehículos.
Tomás Cristóbal Alonso SandovalHace 1 añoLa rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los fondos públicos son pilares fundamentales de cualquier democracia.
Ebony López CastilloHace 1 añoEn la teoría, la comunidad educativa se presenta como un engranaje perfecto: escuela, familia y sociedad trabajando de la mano por el bienestar de niños y adolescentes.
Hace 1 añoEl principio de legalidad en la gestión pública no admite atajos ni interpretaciones convenientes: ningún funcionario puede recibir un beneficio que no esté expresamente autorizado por la ley y contemplado en el presupuesto.
La advertencia de la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, sobre la pretensión de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre de otorgar pólizas de vida a su junta directiva, incluidos miembros que ni siquiera son servidores públicos, confirma lo evidente: muchas de estas decisiones requieren una ley y, al no existir, resultan ilegales.
Catorce instituciones han destinado millones de dólares a este fin, mientras la gran mayoría de los funcionarios y ciudadanos deben cubrir de su bolsillo cualquier póliza. El contraste es obsceno y erosiona la confianza en el Estado.
Villalaz recordó que el principio de legalidad obliga a que cualquier gasto esté debidamente sustentado en norma y presupuesto. Por lo tanto, resoluciones que pretendan otorgar privilegios sin ese respaldo carecen de validez jurídica.