Hace 1 añoEl contralor general ha levantado una alerta grave: en la Universidad de Panamá operan clanes familiares que controlan cargos y recursos. La denuncia, lejos de ser anecdótica, pone en entredicho la integridad de una institución que debería ser ejemplo de pensamiento crítico, excelencia y ética pública. Con más de $300 millones anuales del presupuesto nacional, lo que ocurre allí nos concierne a todos. El nepotismo, el desvío de funciones y el uso indebido del cargo no son simples irregularidades: son síntomas de un deterioro institucional que se repite en otras universidades estatales. Lo que se denuncia hoy en la Universidad de Panamá tiene ecos en la Unachi y Udelas, donde se han normalizado redes de favores y lealtades personales por encima del mérito. Esta traición al legado de Octavio Méndez Pereira exige una reacción firme. La comunidad universitaria y la sociedad deben exigir una transformación profunda. Si la universidad nacional no lidera con el ejemplo, pierde autoridad moral para formar a los líderes del mañana.
Hace 1 añoTras seis semanas de bloqueo, la dirigencia sindical accedió a reabrir las vías en Bocas del Toro. El acuerdo con diputados se basa en el compromiso de que la Asamblea restituirá el régimen especial que beneficiaba a la industria bananera. De hecho, el Ejecutivo convocó de inmediato al Legislativo a sesiones extraordinarias para tratar este tema. Pero la pregunta de fondo permanece: ¿cuántos de los más de 7,000 trabajadores despedidos podrán recuperar su empleo? Cerrar calles fue una medida desesperada. Ahora el desafío es reactivar fincas, garantizar contratos y evitar que esta crisis se repita. También urge levantar otro bloqueo: el que mantienen algunos docentes contra la educación de los más vulnerables. Si de verdad se defiende la seguridad social, no se puede hacer a costa de la escuela pública. Afectar a niños pobres no es resistencia, es abandono. Los bananeros regresan con incertidumbre; los estudiantes siguen sin clases. La reapertura debe traducirse en oportunidades reales. Gobierno, empresa y sociedad deben actuar con responsabilidad. Panamá no puede darse el lujo de dejar sin trabajo a miles ni sin educación a toda una generación.
