Hace 2 añosA finales de octubre de 2022, el Consejo Nacional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) —el máximo organismo de esta institución— anunció cambios, justo cuando se desató la ira colectiva al saberse cómo se repartían millones de dólares entre personas vinculadas al Gobierno y sus allegados para que sus hijos estudiaran con fondos públicos. Prometieron transparencia, pero, como es habitual, resultó ser otra falsedad, ya que durante siete meses más, el Ifarhu entregó —con la aprobación de la Contraloría— más de 750 auxilios no reembolsables sin revelar a quiénes se les asignaron más de 16 millones de dólares a través de este programa. Los contrastes en nuestro país son estremecedores. Mientras que un adolescente panameño de 15 años pierde la vida esperando una atención médica oportuna y de calidad por parte del sistema de salud público, la cual nunca llega, otros disfrutan de sumas significativas de dinero público gracias a la complicidad de las autoridades. Esta dura realidad pone al descubierto una profunda injusticia y desigualdad en las prioridades de nuestros gobernantes. Es un motivo de vergüenza nacional que llama a un cambio urgente y radical en la administración de nuestros recursos, demandando un liderazgo que ponga por encima de todo el valor de las vidas humanas en lugar de los intereses políticos y personales.
Redacción de La PrensaHace 2 añosPACTO CON EL DIABLO. Dicen que por la boca muere el pez y, en este caso, el hijo del orfebre también. Por estos días, estuvo en Panamá el heredero del dueño de los lingotes de oro que se robó la diputada llorona. Nada tendría de raro su visita al país, si no fuera por una publicación en sus redes. “Un viaje inusual que más que despejar mi mente, despejó mi vida…”, escribió. Acompañó su mensaje con fotografías en playas azules de arenas blancas, de la Plaza Porras y hasta de una botella de Moet. Como dicen, es blanco, gallina lo pone, y frito se come. Y si no, que le pregunten a Zu-lie.
Hace 2 añosAl solicitar al Ifarhu la identidad de los beneficiarios de auxilios económicos no reembolsables, la dirección incumplió abiertamente la Ley de Transparencia, negando la información bajo el pretexto de confidencialidad. Esta acción constituye una infracción clara de la normativa. De manera similar, la Contraloría se ha sumergido en este ocultamiento como parte de una estrategia planificada y deliberada, facilitando activamente la retención de información crucial. Esta institución, en lugar de ejercer transparencia, ha optado por proteger los nombres de miles, no por privacidad, sino para obstruir el escrutinio público sobre el desvío masivo de fondos destinados a la educación de familiares y allegados de la élite política. Esta conducta de la Contraloría no es mera burocracia; es complicidad en el saqueo de fondos públicos, un claro reflejo de la corrupción institucionalizada. La estrategia de mantener esta información en secreto busca evadir la justa indignación ciudadana y eludir la rendición de cuentas por estas prácticas corruptas. La verdad sobre la magnitud de este robo está saliendo a la luz. Tarde o temprano, los responsables, incluido el Contralor, deberán enfrentar las consecuencias legales de este desfalco, lo que exigirá una explicación pública y conllevará repercusiones legales inmediatas.
Redacción de La PrensaHace 2 añosOTRO DESPLANTE: La próxima semana se llevará a cabo el tercer y último debate presidencial, esta vez organizado por la Cámara de Comercio. Para tal efecto, el Tribunal Electoral realizó ayer miércoles el sorteo de las posiciones en las que participarán los candidatos. Sin embargo, como ya es costumbre, a la cita no asistió José Raúl Mulino, ni ninguno de sus manzanillos. Pareciera que cree que no es necesario que la gente lo escuche hablar de sus propuestas y planes de gobierno. Cuidado, pues, en la puerta del horno se quema el pan.
