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Tal Cual

Redacción de La PrensaHace 3 añosMCGABY. La anécdota intelectual más interesante que ha compartido Gaby hasta ahora es que cuando era niño lo llevaban al McDonald’s. Si esa es su principal cualidad, entonces tres cuartas partes del país también debe estar en posición de gobernar… Carrizo confiesa que esa es su comida favorita y de vez en cuando se mete un atracón, con una orden de pollo frito, un McChicken con queso y un Big Mac, todo junto. Y pensar que hay gente que no tiene ni para la empanada.

Tal Cual

Redacción de La PrensaHace 3 añosDESCRÉDITO. El magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, comunicó en Telemetro Reporta que había una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que limita a tres la cantidad de candidatos por la libre postulación, a los diferentes cargos de elección popular. Seguidamente, alguien en el Órgano Judicial contactó al noticiero para aclarar que actualmente no hay demandas sin resolver sobre ese tema. Parece que la guerra de este magistrado es con la realidad.

Hoy por Hoy

Hace 3 añosLa Corte Suprema de Justicia es consistente en sus fallos absurdos sobre la denominada “prueba idónea”, necesaria para procesar a los diputados. Y es que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó lo que sus funcionarios presumieron era una operación de lavado de dinero, a través de una empresa en la que una diputada es accionista. El informe de esta operación fue enviado al Ministerio Público (MP), pero como los señores diputados no pueden ser investigados por una fiscalía ordinaria –como sucede con cualquier mortal–, el expediente fue enviado a la Corte, que es donde se procesa a los diputados. Pero resulta que los magistrados reprocharon el hecho de que el MP no realizó ningún tipo de investigación preliminar que revelará una situación más allá de la sospecha que planteó el informe de la UAF. Y he aquí el asunto: si el MP investiga, la causa puede ser anulada por la Corte, precisamente por aquello de que esta es la única instancia que puede investigar a los diputados, pero, al mismo tiempo, la Corte reclama por una investigación que le proporcione la prueba del delito, sabiendo que los fiscales no pueden hacerlo. Y así, en este galimatías legal y jurisdiccional, los magistrados abonan y cuidan que la impunidad florezca sin ningún contratiempo.

Tal Cual

Redacción de La PrensaHace 3 añosINFOTOGRAFIABLE. Gaby Carrizo celebró el Día de la Libertad de Prensa con Benicio Robinson, en un recorrido por la comarca Ngäbe-Buglé. El sonriente vicepresidente compartió varias fotos con el señor feudal, en sus redes sociales. ¿Para qué hace eso? Luego algún medio comparte ese “dato biométrico” con Benicio y tiene que pagar $5 mil a la Antai.

Hoy por Hoy

Hace 3 añosA partir de hoy, resta un año exacto para la celebración de los comicios generales de 2024. El panorama aún no está claro, pues los partidos políticos están en plena campaña para sus primarias y/o están negociando alianzas, mientras los aspirantes a cargos por la vía de la libre postulación recogen firmas para concretar sus candidaturas. Mientras, se mantienen sin resolver demandas contra reformas introducidas al Código Electoral y la Fiscalía Electoral sigue ausente frente a numerosos hechos denunciados públicamente, como el uso de fondos estatales en campañas, chantajes, sobornos y presiones que desvirtúan la pureza del sufragio, incluso en estas campañas internas. Y si esto ocurre en estos momentos –sin consecuencia alguna– no hay duda de que recrudecerá en los comicios nacionales. La Fiscalía Electoral fue creada, precisamente, para investigar potenciales delitos contra el voto y que atentan contra la democracia, pero desde hace años es inoperante o cómplice, lo que ha llevado al desenfreno de políticos sin escrúpulos, que desean ganar sin importar cómo; para ellos, el servicio público es la forma más rápida –e ilegal– de hacerse rico o millonario. Y todo ello, bajo la mirada complaciente de la autoridad electoral.

Hoy por Hoy

Hace 3 añosLa Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) impulsa la derogatoria de la Ley 6 de 2002, de transparencia y acceso a la información pública, para reemplazarla por una nueva normativa. Aunque toda ley que tenga 21 años de vigencia seguramente requiere una actualización, no es menos cierto que remplazar la Ley 6 es una idea innecesaria e inoportuna. Lo peor es que la propuesta de Antai debe ser debatida y aprobada por la Asamblea Nacional, que ha demostrado ser enemiga de la rendición de cuentas y ha ejercido presión sobre funcionarios de otras entidades para evitar que se divulgue información pública, haciendo mal uso de la Ley de Protección de Datos. Pero presumiendo que la iniciativa de Antai es bien intencionada, no olvidemos que los diputados tienen total libertad para modificar lo que les venga en gana, como ocurrió con las reformas electorales, con la ley cripto y, más recientemente, con el malogrado proyecto de extinción de dominio de bienes ilícitos, que entraron de una forma y salieron de otra. La Antai –que ha patrocinado la tapadera y el oscurantismo– brinda en bandeja de plata la oportunidad para emascular la Ley 6 y reemplazarla con un mamotreto. Si Antai quiere mejorar la transparencia, ¿por qué no modifica la Ley de Protección de Datos Personales?

Tal Cual

Redacción de La PrensaHace 3 añosPOR FUERA. Dicen que Jorge González ya no es parte de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). ¿Lo habrán renunciado? Si es así, bastante tardaron en hacerlo.

Hoy por Hoy

Hace 3 añosHace 30 años –el 3 de mayo de 1993– la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que no es otro que el derecho a recibir y compartir información a través de los medios de comunicación. En Panamá, como de costumbre, poco hay que celebrar, pues el retroceso que ha sufrido la libertad de prensa en los últimos años es de décadas: fotos de siniestros personajes que, por órdenes expresas, no se pueden publicar; secuestros de bienes de medios de comunicación; información pública que deliberadamente está siendo ocultada; querellas, demandas y multas contra medios y periodistas como si se tratara de un deporte; ausencia de rendición de cuentas de funcionarios; campañas de difamación, en fin, todo un andamiaje de atropellos contra la prensa para ocultar de todo. La buena noticia es que, pese a todo ese esfuerzo para actuar de tapadera de escándalos, los medios siguen revelando y denunciando la más atroz rapiña que hemos visto en los últimos años. Los periodistas seguirán haciendo la labor que gobierno tras gobierno, los amigos de lo ajeno o sus cómplices quieren obstaculizar. Que lo sepan: no vamos a cesar ni a ser amedrentados con su acoso e intimidación.

Tal Cual

Redacción de La PrensaHace 3 añosBÚFALO MOJADO. Si usted todavía no tiene clara la calidad de las encuestas del loco, lea lo siguiente: ha puesto a circular el resultado de una presunta medición que coloca al diputado Sergio Chello Gálvez como el favorito en la carrera a la Alcaldía del distrito de Panamá. Después de todo, ¿Chello es candidato a ese cargo? Capaz que ni él mismo lo sabía.

Hoy por Hoy

Hace 3 añosEl diputado y presidente del PRD ha reconocido que antes de ser parte del Órgano Legislativo, era transportista, negocio del que aún sigue usufructuando. En consecuencia, él mismo ha confirmado todo lo publicado por La Prensa, pero la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), para castigar a este medio, utilizó dos argumentos disparatados: el que todos conocemos (sobre el uso de la foto sin permiso) y que la información entregada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre a La Prensa sobre las concesiones a favor del diputado es material confidencial. ¿De dónde sacó esa interpretación la Antai? ¿De cuándo acá las concesiones del Estado a favor de terceros son confidenciales? Si este argumento se aplicara a todos, la Ley de Transparencia no tendría ningún valor y sería un secreto el contenido de todos los contratos y compras del Estado, las concesiones (mineras, de casinos, de fondo de mar, de uso de suelo, del espectro radial y televisivo) y el manejo de la cosa pública. Y, precisamente, sus negocios con el trasporte hacen a este diputado parte interesada en la discusión del proyecto de ley sobre las plataformas digitales de transporte, pues él es prestatario del servicio de transporte público. ¿Por qué la Antai no denuncia este potencial conflicto de interés?

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