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Redacción de La PrensaHace 3 añosCHARADA. El director de la CSS, Enrique Lau, ha convocado a un acto denominado “21 años de integridad y transparencia”, para conmemorar el aniversario de la Ley 6 de 2002, sobre transparencia y acceso a la información pública. ¿Qué va a decir? ¿Acaso expondrá acerca de estrategias para evadir la norma?
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Hace 3 añosLas protestas en La Chorrera son la consecuencia de tener funcionarios notablemente incompetentes y un gobierno indiferente con los problemas de la población. Es el hartazgo no solo por el agua, sino porque en Panamá nada funciona: la Caja de Seguro Social es una cueva de trogloditas; el Ministerio de Obras Públicas tiene destruidas las carreteras, avenidas y calles de todo el país; la seguridad ciudadana es un mito; la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos es inoperante; la Asamblea Nacional hace leyes a la medida de sus miembros, para satisfacer sus intereses y fomentar la impunidad de sus fechorías; el servicio de recolección de basura es una vergüenza; las compañías de electricidad son abusivas e ineficientes, pero sus dueños se llenan los bolsillos inmerecidamente; el transporte público es deficiente; la insalubridad es igual para todos, menos para los funcionarios que corren atenderse en el extranjero; el Ifarhu y la Anati están al servicio de la política y los políticos; la Contraloría sirve tanto como un puente roto, y los ciudadanos ganan menos, pagan más y no hay nuevas oportunidades laborales. Así está todo. Entonces, ¿de qué valen las intermediaciones, las mesas de diálogo y las promesas de campaña, si nada cumplen?
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Redacción de La PrensaHace 3 añosQUÉ XOPÁ. Rubén Blades, en su último newsletter, pronostica que RM estaría dispuesto a aliarse con el PRD, ahora que sabe que Yanibel no tiene la fuerza política necesaria para tomar el control de CD. El PRD aceptaría semejante unión, ya que no le conviene “salir de la papa”, además de que todos los colectivos (salvo el de Lombana) han entendido que si van en solitario, pierden la elección. “Por eso una alianza, aun entre rivales que aparentan ser irreconciliables, es factible”, escribió Blades. Acerca de quién iría de candidato presidencial y quién de vice, el cantante reconvertido en analista político considera que eso sería irrelevante, ya que tanto RM como el PRD estarían dispuestos a ceder la primera posición. El gurú es el único aspirante que se jacta de ser dueño de su postulación y de todos modos necesita un plan B.
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Hace 3 añosFinalmente, la Asamblea Nacional aborda el tema del polémico proyecto de ley que crea la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos en el país, promovido por el Órgano Ejecutivo. Este proyecto busca recuperar, a favor del Estado, los bienes, recursos, productos activos o valores, cuyo origen sea de actividades ilícitas. Presentado así, el alcance llegaría, incluso, a los bienes mal habidos de políticos que le han robado al Estado y de ahí, precisamente, la reticencia de discutir y aprobar este proyecto, pues muchos políticos, incluidos diputados de la Asamblea, pondrían en peligro las riquezas que han acumulado, producto del despojo al Estado. Ahora, los diputados buscan la manera de aprobar este proyecto, pero existe el riesgo de que, en el camino, su contenido sea mutilado para limitar su alcance y circunscribirlo a los bienes obtenidos únicamente a través del narcotráfico y el crimen organizado, soslayando los otros delitos, como aquellos contra la administración pública, como peculado y corrupción. Una vez más, vemos a los políticos protegiéndose, legislando para sí mismos, evitando ser presa de la ley. Y no hay nada más penoso que verlos alegando hipócritamente una supuesta protección a los ciudadanos, cuando lo que hacen es ponerse lejos del alcance de la ley. Así de claro.
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Redacción de La PrensaHace 3 añosSALUDOS. El pasado martes, Martín Torrijos, con Rosario Turner, Juan Carlos Arango y Samuel Lewis Navarro, fue recibido por la embajadora Mari Carmen Aponte. Lo bueno de este encuentro es que podemos confirmar que tiene visa de ingreso a Estados Unidos. Por cierto, si Gaby Carrizo creía que con un viaje a Ecuador tendría a Lewis como aliado, se equivocó.
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Hace 3 añosLa junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) tiene 11 miembros, dos de los cuales –que son representantes del sector privado– pidieron, sin éxito, separar al actual director de la institución, que abiertamente los insultó cuando se negó a informarles sobre el hurto de miles de ampollas de fentanilo, un hecho gravísimo del que la junta directiva se enteró por los medios de comunicación, cinco meses –al menos– después de que este funcionario conociera el hecho. En esa junta directiva están los ministros de Salud y de Economía y Finanzas, y un representante de los profesionales y técnicos de la salud, cuatro de los trabajadores –uno de los empleados públicos y tres de la empresa privada–, uno de los pensionados y jubilados –todos nombrados por el Ejecutivo– y tres de los empleadores (elegidos por el Consejo Nacional de la Empresa Privada). Salvo los que pidieron la separación del director, nos preguntamos, ¿con quién está la fidelidad del resto de la junta directiva? Es evidente que no es con los asegurados ni jubilados ni empleados. Su actitud solo provoca que este director haga su real gana, sin importar las consecuencias ni la opinión de la junta directiva. Esta inadmisible sumisión es una afrenta a quienes supuestamente representan en ese cuerpo colegiado.
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Hace 3 añosDe las más cuestionadas “virtudes” del alcalde del distrito de Panamá, su incompetencia y su amor por el derroche son las que más destacan. La ciudad capital –con sus enormes y profundos problemas– no solo se ha estancado, sino que parece haber perdido décadas de desarrollo, pues evidentemente estamos mucho peor que antes. Ha sido una oportunidad que ha perdido el alcalde, por su torpeza y por una visión inexplicablemente obtusa sobre lo que necesitan sus habitantes. Su rumbo ha sido errático, ya que al tiempo que propone proyectos absurdos y que en nada ayudan a solucionar los graves problemas de la ciudad, se ha dado a la tarea de engrosar la planilla del Municipio de Panamá sin explicación alguna, pues, como ya se dijo, no hay obras en ejecución ni nuevos servicios a los residentes del distrito que justifiquen un aumento de la planilla del 40% desde 2019, cuando tomó posesión del cargo. Algunos de sus antecesores, con menos recursos, han dejado legados que, por cierto, el alcalde ha descuidado, abandonado o reemplazado por la ineficacia o por su autoritarismo. Es una lástima que el proceso popular para destituirlo no haya prosperado. Ha sido la indiferencia de los ciudadanos la que permite que este sujeto siga al frente de la comuna, para desgracia de sus habitantes.
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Redacción de La PrensaHace 3 añosPROTESTA. En la Asamblea, el personal asignado a los despachos de varios diputados (y que marca tarjeta de asistencia) está dispuesto a tirarse a la calle, porque no han cobrado salario en todo lo que va del año. El propio Crispiano Adames ha reconocido que el Ejecutivo no ha entregado al Legislativo el presupuesto correspondiente a 2023 y por eso no hay plata para pagar a nadie. ¿Qué esperan para transferir los dineros? ¿Que pase la primaria del 11 de junio?
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Redacción de La PrensaHace 3 añosMOTE. La diputada Yanibel Ábrego culpa de todos los desaciertos electorales de CD al “miserable presidente vencido”. Que aclare el nombre de la persona a la que se refiere, porque desde hace una semana, esa descripción bien puede ajustarse a la de su gurú.
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Hace 3 años¿Por qué las autoridades no responden una simple pregunta: quiénes son los funcionarios que ejercen el cargo, pese a tener alguna condena por la comisión de un delito penal? ¿Por qué la Contraloría, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría de la Nación y la Corte de Suprema de Justicia no son capaces de responder una pregunta tan elemental? ¿Es que hay algo que esconder? No responden porque algunos funcionarios deberían estar en prisión, cosa que no ha ocurrido, pese a que en algunos casos se sabe quiénes son, dónde están y qué despacho ocupan. Algunos hasta manejan cuentas del Estado. La otra posibilidad –que es mucho peor– podría ser que no saben quiénes son o, sencillamente, que no les importa o sin intocables. En cualquier caso, es inconcebible que, pese a una condena, haya quien pueda seguir trabajando en una entidad pública o gobierno local, cuando deberían estar en la cárcel e inhabilitados para ejercer en el servicio público. Parece que nadie se molesta en ejecutar la ley y cumplir con la justicia. Siendo las cosas así, es inevitable que haya delincuentes en partidos políticos y en el Gobierno, haciendo fechorías a sus anchas, sin rendir cuentas ante nadie. Estamos experimentando el principio de un Estado fallido.

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