La ejecución de la sentencia se debe traducir en un hecho concreto: los presupuestos del Judicial y del MP deben llegar ahora a la Asamblea tal como fueron formulados por éstos. Archivo
Rodrigo NoriegaHace 5 añosEn el “otoño” democrático de 1983, cuando el régimen militar, comandado por el general Rubén Darío Paredes, abrió la puerta a una reforma constitucional producida por un grupo de notables panameños y panameñas, entró al texto de la Carta Magna el artículo 211.
El fallo concluye que el Judicial y el MP tienen competencia constitucional para decidir sus presupuestos. Elysée Fernández
Juan Manuel DíazHace 5 añosLos presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público deben ser incluidos directamente en el presupuesto general del Estado, según el artículo 214 de la Constitución, y la decisión del Ejecutivo de desconocer esta disposición conlleva una alteración que genera conflictos.
Nicel Solano fue capturada por miembros de la Policía Nacional, en la provincia de Los Santos. Elysée Fernández
Olmedo Rodríguez CamposHace 5 añosUna exfuncionaria del Órgano Judicial fue capturada en medio de la operación Damasco, que desmanteló la pandilla HP (Humildad y Pureza), que operaba en Panamá este y colaboraba con el Clan del Golfo, de Colombia.
La Comisión de Estado por la Justicia, que preside el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, ha impulsado la ley de carrera judicial como una forma de profesionalizar el servicio de justicia. Pastor Morales
Juan Manuel DíazHace 5 añosLuego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara vacantes las posiciones de 175 jueces de garantía y de cumplimiento y otros 266 cargos dentro de la Defensoría Pública y defensores de las víctimas del delito, le toca al Consejo de Administración de la Carrera Judicial determinar el mecanismo para la selección de este personal.
El contrato para la construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera fue adjudicado a Transcaribe Trading. en 2010. Elysée Fernández
Juan Manuel DíazHace 5 añosEl Tribunal de Cuentas aún no ha resuelto un recurso de reconsideración presentado por la Fiscalía de Cuentas contra la decisión que ordenó el cierre del proceso patrimonial seguido a la empresa Transcaribe Trading S.A. (TCT).
A Celine Gazal de Esses (Izq.) se le prohibió salir del país. Román Dibulet
Juan Manuel DíazHace 5 añosEl Tribunal Superior de Apelaciones confirmó este jueves la medida cautelar de notificación periódica e impedimento de salida del país a Celine Gazal de Esses por la presunta comisión del delito contra la salud pública, tras la realización de una jornada de vacunación clandestina contra el Covid-19.
La fiscalía investiga la supuesta importación irregular de armas, que luego quedaron en manos de funcionarios. Archivo
Juan Manuel DíazHace 5 añosEl Primer Tribunal Superior no acogió un amparo de garantías constitucionales presentado por el fiscal especializado contra la delincuencia organizada Emeldo Márquez contra una decisión del juez de garantías Erick González, quien, el 15 de julio pasado, declaró ilegal la orden de aprehensión de exfuncionarios de los cuerpos de seguridad investigados por presunto tráfico de armas en la denominada operación Furia.
El fiscal Adecio Mojica fue parte del equipo del Ministerio Público que participó de la audiencia preliminar en el caso Blue Apple. Richard Bonilla
Juan Manuel DíazHace 5 añosUn informe de la Superintendencia de Bancos, el testimonio del exdirector de proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Churro Ruiz, y la declaración de varios contratistas que obtuvieron proyectos entre los años 2012 y 2014, fueron parte de los elementos que tomó en cuenta la jueza Baloisa Marquínez.
José González PinillaHace 5 añosEl empresario y exgobernador de Coclé, Richard Fifer, fue condenado a 120 meses de prisión por el delito de estafa en perjuicio de Gold Dragon Capital.
Luis Ramón Fábrega, presidente de la Corte. Archivo
Olmedo Rodríguez CamposHace 5 añosEl Consejo Judicial dirigió una nota al presidente de la Corte Suprema, Luis Ramón Fábrega, en la que le plantea la necesidad de que los funcionarios judiciales hagan una declaraciones patrimonial de bienes en enero de cada año.