Manuel Vega LooHace 7 añosAl nuevo procurador general de la Nación le competerá impedir que la impunidad se arraigue entre los panameños “como una enfermedad terminal”, recordó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
Abdiel González Tejeira y sus asistente acudieron ayer a la Procuradoría de la Administración a presentar el recurso. Roberto Cisneros
Juan Manuel Díaz C.Hace 7 añosUna petición para que el procurador de la Administración se declare impedido en la denuncia presentada contra la procuradora, Kenia Porcell, fue presentada ayer por el abogado Abdiel González Tejeira.
El procurador de la Administración, Rigoberto González.
Olmedo RodríguezHace 7 años"Nosotros queremos tener acceso a lo que él [Varela] denunció, para ver si algo de lo que están diciendo allí guarda relación con lo que se está denunciando. Y a partir de allí, verificar que otras medidas podemos adoptar", explicó González, después de recordar que una de las primeras acciones que adoptó Varela apenas se dio a conocer la filtración, fue anunciar que a él no se le había perdido el celular, pero que la divulgación de sus conversaciones se hizo sin su consentimiento.
Maruquel Castroverde, aspirante a magistrada de la Corte.
Aminta BustamanteHace 7 añosEn la jornada de la mañana, los integrantes de la comisión habían realizado las preguntas programadas a unos siete aspirantes, entre estos la fiscal Maruquel Castroverde.
Olmedo RodríguezHace 7 años“Consideramos imperativo que la inhabilitación de la que trata el artículo 67 se extienda no sólo a las personas jurídicas y naturales condenadas en Panamá, sino en cualquier parte del mundo, con fundamento en lo establecido en convenciones internacionales contra la corrupción, de ineludible acatamiento por parte de la República de Panamá, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción”, señala el procurador en su nota.
Luis Solís Higuera, de la Secretaría de Procesos Judiciales.
Juan DíazHace 8 añosAdvierte que para ejercer la acción contra el Estado, se requiere de la existencia de un pronunciamiento judicial previo, lo que, afirma, “a todas luces revela una falta de precisión por parte de la parte demandante”, en torno al fundamento legal de las reclamaciones.