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José Ayú Prado, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, reveló que ayer lunes se terminaron de repartir las 12 demandas por inconstitucionalidad contra los indultos otorgados por el expresidente Ricardo Martinelli al final de su gestión.
“Las demandas fueron repartidas. Cada una tiene un ponente. Se va a tratar de coordinar con los magistrados a ver si se acumulan o no. Cada demanda es hacia un decreto, y cada decreto son personas diferentes”, explicó Ayú Prado, que desconoce cuándo fallará al respecto el pleno de la Corte Suprema.
Las demandas fueron presentadas por diferentes ciudadanos, respaldados en su mayoría por distintas agrupaciones sociales y civiles.
Por su parte, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró que el equipo legal de la Presidencia continúa evaluando estos indultos y las posibilidades legales existentes.
“Lo íbamos a ver en el Consejo de Gabinete pasado, pero nos pidieron más tiempo”, dijo Varela durante un acto en el Palacio de las Garzas.
Así también lo afirmó Milton Henríquez, ministro de Gobierno, quien recordó que se analizan las dos posibilidades legales: demandarlos ante la Corte Suprema por inconstitucionalidad o derogarlos mediante un decreto ejecutivo por falta de competencia.
Los indultos otorgados por Martinelli se concedieron no solo a personas que supuestamente cometieron delitos de carácter político, como establece la Constitución, sino también a personas condenadas por delitos penales y a personas que aún están en proceso de investigación por irregularidades electorales.
“El equipo legal evalúa uno a uno los indultos para determinar cuál se mantiene y cuál no”, aseveró Henríquez.
Sin embargo, juristas como el exsecretario general de la Procuraduría de la Nación Rigoberto González han manifestado que hay normas que le permiten al presidente Varela la derogación de estos indultos presidenciales.
“Varela puede derogar los indultos que dio Martinelli, porque los presidentes solo pueden indultar por delitos políticos y no por delitos comunes. Y si a eso le adicionas que el indulto es el perdón de la pena y que Martinelli indultó a personas que apenas son investigadas, con mayor razón se pueden derogar”, sostuvo el abogado al citar el artículo 32 de la Ley 38 de 2000 que establece que “las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos: si fuese emitida sin competencia para ello”.
En tanto, Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, reiteró que aun cuando varios sectores de la sociedad exigen “celeridad”, el tema debe ser estudiado de forma minuciosa para cumplir con lo que dictan las leyes nacionales.
Dos de los doce acusados de peculado por las inundaciones en 2004 de la barriada Prados del Este, en Pacora, solicitaron la extinción del proceso penal por los indultos dados por el expresidente Ricardo Martinelli, el pasado 30 de junio.
El Juzgado Décimo Penal fijó dos edictos en los que corre traslado de los recursos a los querellantes. Los acusados Pedro Solís y Santiago Pinilla interpusieron, cada uno, un incidente de previo y especial pronunciamiento.
Con estos recursos piden a la jueza Zaida Cárdenas que decrete la extinción del caso, debido a que en el Decreto Ejecutivo 279, publicado en la Gaceta Oficial del 30 de junio, Martinelli indultó a los doce acusados por las inundaciones en Prados del Este.
Entre los beneficiados con el perdón presidencial están Solís y Pinilla.
Edna Ramos, abogada de Solís, explicó que en el caso de Prados del Este se aplica el Código Penal de 1982, el cual establece que el indulto extingue la condena y los procesos que aún están en trámite. Basada en eso, Ramos alega que a su cliente le es aplicable la extinción del caso, porque luego de nueve años aún no se ha hecho audiencia.
“Ni el actual ni el anterior Código Penal definen lo que son delitos políticos”, indicó.
Las inundaciones de Prados del Este dejaron mil 405 damnificados y 281 casas destruidas.
En tanto, el abogado Cristóbal Arboleda presentó la semana pasada, en la Corte Suprema de Justicia, una advertencia de inconstitucionalidad contra el Decreto 282 del 30 de junio en que se indultó a José Pretto Rosanía, querellado por estafa y falsificación.
Rubén Polanco
El diputado del Partido Popular (PP), Juan Carlos Arango, presento este lunes, 14 de julio, un anteproyecto de ley para que se elimine la Ley 11 del 23 de junio que amplía el servicio de escoltas y seguridad personal para expresidentes de la República, sus esposas e hijos.
A juicio de Arango, en la aprobación de esta norma no se dio un debate suficiente y no se se consideró el presupuesto y análisis del recurso del Estado.
La mencionada ley contempla que “se autoriza, a partir de la promulgación de la presente ley, el servicio de escolta y seguridad personal a favor de todos los ciudadanos que, elegidos por votación popular directa, hayan ocupado el cargo de presidente de la República en calidad de titular, haciendo extensivo a su cónyuge o a quien hayan desempeñado las funciones de primera dama de la República, así como sus hijos".
El beneficio que se refiere al párrafo anterior sería aplicado por el término de diez años a los cónyuges o a quien haya desempeñado las funciones de primera dama de la República y, por el término de cinco años, a los hijos. Es decir, beneficiaría a Marta de Martinelli y a su tres hijos. En el video que acompaña esta nota vea las declaraciones de Arango.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, aseguró este lunes, 14 de julio, que los sectores de menor ingreso no serán afectados por el incremento en la tarifa de luz eléctrica que se prevé para el segundo semestre del año fiscal 2014. "Queremos garantizar a la población que las personas con menores ingresos no serán afectadas por ningún aumento. Si se da un incremento en la tarifa será en los lugares de mayor consumo", añadió el mandatario.
Sin especificar el monto de los subsidios estatales que se destinarán a los sectores que registran menor consumo de luz eléctrica el jefe del Ejecutivo manifestó que será una cifra fuerte.
Expresó que estas medidas debieron ser implementadas por la pasada administración. Sin embargo, hubo falta de planificación y valentía para enfrentar la situación. “Cualquier ajuste de la tarifa debió aprobarse antes del 30 de junio pero salieron corriendo”, acotó.
El mandatario agregó que este tema será tratado, mañana, en el Consejo de Gabinete que se celebrará en Burunga de Arraiján. Por su parte el Ministro de Economía y Finanzas (Mef), Dulcidio de la Guardia, hizo énfasis que el gobierno anterior aprobó una enorme cantidad de créditos adicionales en el primer semestre que no estaban contemplados en el presupuesto.
Por otro lado, añadió que los ingresos del Estado se encuentran $300 millones por debajo de lo presupuestado lo que causa estrechez fiscal importante para el segundo semestre.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, aseguró hoy, 14 de julio, que un equipo legal del Ministerio de la Presidencia aún estudia los indultos concedidos por el expresidente, Ricardo Martinelli, al término de su gestión.
Explicó que se tenía prevista la discusión del tema en el Consejo de Gabinete, la semana pasada, pero que el equipo legal pidió más tiempo.
“Estoy siendo respetuoso... el equipo legal ha elevado consultas... se está revisando”, dijo Varela Rodríguez. “Queremos actuar acorde a la ley del país pero estamos viendo ese tema. Hay un equipo legal... y daremos nuestra posición muy pronto al país”, reiteró.
Martinelli, antes de abandonar el poder, indultó a 353 personas algunas muy allegadas a su gestión de gobierno.
Entre los indultados figuran miembros del partido Cambio Democrático que corrieron como diputados y fueron impugnados como Carlos Afú, Miguel Fanovich, Manuel Cohen, Porfirio Ellis y Ana Giselle Rosas de Vallarino.
De igual forma fue indultado un grupo de personas involucradas en la investigación por inundaciones en la barriada Prados del Este, incluido Bolívar Pariente, exgerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP) en el gobierno de Mireya Moscoso.
Muchos de los indultos concedidos fueron cuestionados por diversos sectores del país.
El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, indicó este lunes, 14 de julio, que esa entidad no puede revertir los cambios de uso de suelo autorizados en la administración pasada.
“Lamentablemente no está en manos del Miviot actuar en contra de su propia resolución”, manifestó Etchelecu en conferencia de prensa.
No obstante, el jefe de la cartera expresó que la entidad respaldará a los residentes que han sido afectados por estos cambios en cualquier acción legal que vayan a emprender.
Señaló que el equipo legal de la institución revisará, con lupa, cada uno de estos casos. Estas colaboraciones permitirán al Miviot dar las opiniones técnicas que puedan lograr que los cambios de uso de suelo sean revertidos, precisó.
El funcionario puso sobre el tapete uno de dichos cambios realizado en el corregimiento de Ancón y que afecta a residentes de Altos de Curundú.
A su juicio, en este caso el procedimiento registra irregularidades.
El titular del ramo agregó que al revisar el expediente se dieron cuenta que el cambio de suelo se autorizó el 23 de junio pasado cuando faltaban siete días para que concluyera la administración de Ricardo Martinelli.
Dejó claro que durante el proceso de transición se pidió a los funcionarios del gobierno anterior que se abstuvieran de firmar documentos de esta índole. “No encontramos ningún sustento técnico que justifique se haya aceptado este cambio de uso de suelo”, enfatizó.
Estas irregularidades están sustentadas en un informe de la Oficina de Planificación Municipal agregó Etchelecu.
Por su parte, Francisco Gutiérrez, presidente de la Asociación de Residentes de Altos de Curundú, denunció que los cambios se han hecho sin consulta y van en detrimento de los que en esa área han residido por espacio de 34 años.
