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El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y la exministra de Gobierno, Roxana Méndez, incurrieron de manera dolosa en el delito de abuso de autoridad al otorgar indultos a 10 personas, entre ellos cinco policías acusados de homicidio, mediante un decreto emitido el 26 de octubre de 2010.
Así lo manifestó el exjuez Alexis Ballesteros en una denuncia interpuesta la tarde de este lunes, 21 de julio, en la Corte Suprema de Justicia, en la que acusa a Martinelli y Méndez de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
Ballesteros, que interpuso la denuncia a título personal, aportó como prueba el fallo reciente del 19 de junio pasado en que la Corte Suprema de Justicia concluyó que con los indultos, dados por Martinelli en 2010, asumió funciones que solo competen a jueces y magistrados del Órgano Judicial.
Martinelli, como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), goza de las mismas prerrogativas que los diputados de la República y, por ende, debe ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia.
Méndez fue incluida en la denuncia porque junto a Martinelli, firmó el decreto ejecutivo 890 del 26 de octubre de 2010, que indultó a 10 personas.
Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, dijo “me parece que es un abogado que no tiene claro cuales son los procedimientos legales o es un tema político, creo que es más lo segundo, esto es político”. En cuanto al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional los indultos de 2010, dijo que "nosotros somos respetuosos del sistema democrático y todos sabemos los fallos de la corte son definitivos".
Ahora corresponderá a la Corte decidir la legalidad de los indultos dados por Martinelli a 353 personas por medio de 18 decretos ejecutivos, expedidos poco antes de dejar el cargo.
La Prensa llamó a la exalcaldesa Méndez a su celular, pero no respondió.
Busque la información completa en la edición impresa de este martes.
Ocho fiscales del Ministerio Público (MP) hicieron oficial su desacuerdo a los indultos otorgados por el expresidente, Ricardo Martinelli, antes de dejar el cargo.
Los funcionarios presentaron 14 demandas de inconstitucionalidad contra 10 de los 18 decretos ejecutivos en los que Martinelli dio indultos presidenciales a 353 personas.
Fuentes oficiales del MP informaron que las demandas se presentaron el pasado miércoles en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las demandas de los fiscales fueron asignadas hoy, viernes, 18 de julio, en el reparto de la Secretaría General de la CSJ.
Entre los demandantes están Javier Caraballo, fiscal primero de Drogas, Ida de Mirones, fiscal segunda de Drogas, Adecio Mojica, fiscal primero Anticorrupción; Lizzett Chevalier, fiscal segunda Anticorrupción, Lorena de Coronell, fiscal tercera Anticorrupción; Luis Martínez, fiscal quinto Superior; Nayra Fernández, fiscal superior de Propiedad Intelectual y Jairo Samaniego, fiscal Contra la Delincuencia Organizada.
Mirones, Caraballo y Fernández demandaron cada uno, por separado, el Decreto No. 266, publicado el 25 de junio en Gaceta Oficial, en que se indultaron a seis personas.
Mojica, Caraballo y Martínez presentaron recursos contra el Decreto No. 299 de 30 de junio, que dio indultos a 137 personas, incluidos nueve policías, acusados del homicidio de cinco menores en el Centro de Cumplimiento de Tocumen el 9 de enero de 2011.
Además Mojica demandó los decretos 279, 282 y 293 en que se concedió la gracia presidencial a 45 personas.
Mientras que Chevalier demandó los decretos ejecutivos 291 y 311, del 30 de junio, que dio indulto a 35 personas.
Caraballo, además, demandó el Decreto Ejecutivo No. 265, de 25 de junio, en que se dio perdón presidencial a cinco personas. En tanto, que Samaniego solo demandó el Decreto Ejecutivo No. 276 que indultó a 4 personas.
Por su parte, De Coronell interpuso demanda contra el Decreto No. 292 que indultó a 18 personas.
Con estas suman 26 demandas contra los indultos y 9 advertencias de inconstitucionalidad contra 14 de los 18 decretos. Cuatro de los decretos aún no han sido demandados.
INDULTOS INCONSTITUCIONALES
En fallo del 19 de junio pasado la CSJ declaró inconstitucional el Decreto No. 890, publicado en la Gaceta Oficial el 2 de noviembre de 2010, por medio del cual Martinelli indultó a 10 personas, entre ellos cinco policías acusados de homicidio de dos pescadores de la comunidad de Playa Leona, en La Chorrera. El ponente del fallo fue el magistrado Harley Mitchell.
En sus conclusiones, Mitchell estimó que con estos indultos Martinelli asumió atribuciones que solo le corresponden a jueces y magistrados.
Según el fallo es “una franca vulneración del derecho fundamental al debido proceso en la medida que una instancia administrativa, que carece de facultades judiciales y jurisdiccionales, pretende subsumirse en el rol que sólo compete a jueces y magistrados”.
Indicó que “bajo ningún concepto puede tolerar que un poder del Estado invada o asuma atribuciones que expresamente se encuentran asignadas a un órgano específico”.
Mitchell hace referencia a lo planteado en el fallo del 30 de junio de 2008, en que la CSJ declaró inconstitucionales 182 indultos dados por la expresidenta, Mireya Moscoso, por medio de tres decretos ejecutivos, expedidos en 2004, antes de dejar su mandato.
De acuerdo con Mitchell el decreto vulnera la Constitución porque no es posible otorgar indultos por delitos comunes ya que ello solo es aplicable para delitos políticos.
Además de Mitchell el fallo es firmado por otros dos magistrados principales: Harry Díaz y Victor Leonel Benavides. Los otros seis que avalan la decisión son los magistrados suplentes Abel Zamorano, Wilfredo Sáenz, Gisela Agurto, Secundino Mendieta, Luis Mario Carrasco y Efrén Tello.
Los abogados Juan de Dios Hernández y Miguel Antonio Bernal presentaron, cada uno, demandas de inconstitucionalidad contra los indultos en el año 2010.
Al enviar su opinión fiscal en 2010 José Ayú Prado, en ese entonces procurador de la Nación, consideró que los indultos de Martinelli no eran inconstitucionales porque “la posibilidad de exonerar de responsabilidad penal, a través de los indultos, alcanza a los delitos comunes”.
Según Ayú Prado, hoy presidente de la CSJ, el decreto demandado no es una injerencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial porque el artículo No. 184 da facultad al presidente de la República para conceder indultos. Alegó que tampoco se vulnera el debido proceso debido a que las víctimas tienen la opción de demandar, por la vía civil, para lograr satisfacer sus intereses.
El procurador de la Administración, Oscar Ceville, solicitó a la CSJ, el 17 de noviembre de 2010, que se declararan inconstitucionales estos indultos porque fueron concedidos a personas que no estaban siendo procesadas o condenadas por delitos políticos.
PANAMÁ, (AFP).– El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, aseguró este viernes, 18 de julio, que en los días que lleva al frente del gobierno se ha encontrado contratos de su antecesor Ricardo Martinelli que son “un atraco abierto” al Estado.
“Hemos encontrado en los primeros días de gobierno contratos lesivos al patrimonio del Estado (...) algunos contratos son un atraco abierto a los intereses del pueblo panameño”, declaró Varela a periodistas.
Los contratos “lesivos” de millones de dólares estarían en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, en el aeropuerto de Tocumen, en algunos ministerios e inclusive en algunos bancos, de acuerdo con Varela, quien anunció que revocará esos contratos.
“Vamos a actuar apegados a la ley del país, pero sin duda alguna nos toca defender los intereses de la población”, añadió el mandatario.
El actual gobernante le ha pedido en más de una ocasión la renuncia a la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, a quien acusan de firmar contratos, con presuntos sobrecostos incluidos, para el gobierno de Martinelli.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, pidió, nuevamente, este viernes, 18 de julio, al exmandatario, Ricardo Martinelli, que presente su declaración de bienes patrimoniales.
La misma invitación fue reiterada a sus actuales ministros y directores de instituciones así como a los funcionarios salientes.
Varela, quien el pasado 15 de este mes presentó su declaración de bienes, dijo que es necesario que los funcionarios entrantes y salientes declaren su patrimonio para cumplir con la transparencia en el país.
Contrario a lo que hizo Varela Martinelli se ha negado a hacer pública su declaración de bienes tras su salida del Gobierno el pasado 30 de junio.
Solo algunos miembros del equipo de trabajo del Presidente han hecho pública su declaración de bienes, entre ellos, Adolfo Valderrama, presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Isabel Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, José Isabel Blandón Figueroa, alcalde capitalino, Jorge Motta, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Alcibiades Vásquez Velásquez, ministro de Desarrollo Social, Jorge Arango Arias, ministro de Desarrollo Agropecuario, Marcela Paredes de Vásquez, titular de Educación; Milton Henríquez, encargado de la cartera de Gobierno y Ada Romero, administradora general de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
En otro tema el jefe del Ejecutivo informó que se están revisando todas las contrataciones que tiene el gobierno porque "hay muchas irregularidades".
Las declaraciones del mandatario se dieron durante el anuncio de la licitación del "Proyecto de Diseño y Construcción de las Colectoras de la Cuenca del río Juan Díaz" y otras obras complementarias que forman parte del Programa de Sanidad Básica, una de sus principales promesas de campaña.
Se trata un proyecto que consiste en la conducción de las aguas residuales que se generan en el área de San Miguelito, Pedregal, San Antonio, Cerro Viento, Brisas del Golf y Juan Díaz.
Varela aseguró que se llevan a cabo reuniones semanales para garantizar que los proyectos de Estado como el de Sanidad Básica, Renovación Urbana de Colón, Educación Bilingüe y Seguridad empiecen a ejecutarse.
En el video que acompaña esta información vea las declaraciones de Varela sobre la declaración de bienes y las revisiones que realizan de los contratos efectuados en la pasada administración.
(Con datos de Rosalía Simmons)
