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Organizaciones de la sociedad civil hicieron ayer un llamado a las instituciones encargadas de administrar justicia, para que impidan que los casos vinculados con el manejo de fondos públicos queden impunes y den una pronta resolución a las demandas contra los indultos otorgados por el exgobernante Ricardo Martinelli.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Rubén Elías Rodríguez opinó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da largas al trámite de las demandas interpuestas contra los indultos de Martinelli, pese a que hay dos precedentes en los que se decretó la inconstitucionalidad de medidas similares otorgadas en casos por delitos comunes.
Explicó que, basado en esos precedentes, el presidente Juan Carlos Varela puede derogar los indultos de Martinelli mediante un decreto ejecutivo.
En tanto, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, informó que pidieron al Gobierno retomar el Pacto de Estado por la Justicia, para cumplir acuerdos como la implementación de la carrera judicial y la derogación de la Ley 55 de 2012, que afecta la investigación a los diputados.
Gremios profesionales y de la sociedad civil organizada se unieron hoy para expresar su preocupación por la “falta de decisión” sobre los más de 350 indultos que el expresidente Ricardo Martinelli otorgó el pasado 30 de junio, último día de su mandato.
Entre los indultados hay exministros del gabinete de Martinelli, exasesores, copartidarios, todos los candidatos a diputado impugnados en las pasadas elecciones, policías investigados por homicidio y otros procesados por delitos de corrupción.
Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, expresó que la Corte Suprema de Justicia está dando largas al trámite de las demandas presentadas contra los indultos de Martinelli, cuando ya existen dos precedentes en donde se establece la inconstitucionalidad de los perdones dados en casos por delitos comunes. Enfatizó que el propio presidente Juan Carlos Varela puede emitir un decreto derogando estos indultos, fundamentado en estos precedentes.
En una conferencia en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), los grupos -entre los que está la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- también advirtieron que darán seguimiento a las auditorías y denuncias anunciadas por el gobierno actual, “para que se investiguen los hechos de corrupción, peculado y malversación que se dieron en la pasada administración pública y que se inicien los procesos para recuperar por la vía judicial lo que fue malversado”.
También prometieron realizar un “inventario y seguimiento” de los casos vinculados a delitos contra la administración pública que se han reportado en la pasada administración “y los que surjan en la actual”.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, piden que se divulgue y audite la declaración patrimonial de los funcionarios y que se regule el financiamiento público y privado de los partidos políticos. Igualmente, reformar las normas de contratación pública para reducir la “discrecionalidad” en las compras directas.
Sobre la escogencia del contralor, el procurador y los magistrados piden que el proceso sea transparente y sometido al escrutinio público. También que se permita una “amplia participación ciudadana” en las consultas para una Constituyente.
