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El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se mostró confiado en su decisión de suspender el contrato con la empresa Selex –filial del conglomerado italiano Finmeccanica–, a quien la anterior administración gubernamental adquirió radares por $125 millones de dólares.
“Siento que tenemos un caso muy fuerte, el contrato decía que [los radares] tenían que cubrir más de 40 kilómetros de costas y solo cubre 18 kilómetros los siete radares que se han probado”, añadió en un acto público en Santa Marta, distrito de San Miguelito.
Más temprano, en TVN Noticias, la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, también se refirió al deficiente alcance de los radares, señalando que actualmente cubren 18 “millas”, pero el contrato establece que deben ser 50 “millas”.
Todavía no se ha realizado una sola incautación de drogas producto de los radares, ya que estos no detectan las lanchas rápidas que utilizan los narcos para transportar su mercancía.
Varela sostuvo que el alcance actual de los radares no permite la reacción –a tiempo– de los estamentos de seguridad que luchan contra el crimen organizado.
Agregó que los siete radares que fueron probados durante el gobierno pasado demostraron “que no tienen la capacidad de los 40 kilómetros que pacta el contrato”.
Las declaraciones del Presidente se dieron durante el acto de destrucción de 100 armas de fuego, entregadas de forma voluntaria por pandilleros y jóvenes en riesgo social.
El proyecto de radares que el gobierno de Ricardo Martinelli adjudicó de forma directa a la compañía italiana Selex –filial del conglomerado italiano Finmeccanica– fue suspendido ayer por la administración del presidente Juan Carlos Varela tras detectarse “serias deficiencias” en el desempeño de los 7 equipos que se han instalado hasta ahora de un total de 19.
El anuncio lo hizo ayer el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, tras culminar el Consejo de Gabinete en el que se le dio cortesía de sala a directivos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes confirmaron que los siete radares instalados no cumplen con el alcance pactado en el contrato suscrito con Selex.
Aguilera informó que se conformará un equipo de abogados especialistas para proceder legalmente contra Selex, incluyendo un arbitraje, debido al incumplimiento del contrato. También anunció acciones judiciales penales en Panamá a fin de determinar si hubo o no corrupción en el contrato o durante su ejecución.
CERO CAPTURAS
El titular de Seguridad Pública reveló que no se ha logrado una sola captura de embarcaciones con drogas tras ponerse en funcionamiento los siete radares, pues no tienen el alcance requerido.
El pasado viernes, el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, dijo en Telemetro que se trata de un problema de “calibración” de los radares que se corregirá cuando esté instalado este sistema que –dijo– es muy sofisticado.
El exfuncionario agregó que Selex ha cumplido con este contrato.
En tanto, el comisionado del Senan y director del proyecto, Joel Laniado, indicó que fue a partir del 1 de abril de 2014 que asumieron el mantenimiento y administración del equipo y personal que opera los radares. Reveló que al momento de la compra, su institución “no fue consultada sobre las especificaciones técnicas” del equipo.
“Después que el Senan entra en la administración de los sitios instalados, sugerimos hacer pruebas con embarcaciones con un tamaño determinado. Se hicieron pruebas durante abril, mayo y junio y dieron como resultado que los radares no coinciden con las especificaciones técnicas plasmadas en el anexo A, que es parte integral del contrato”, precisó el uniformado.
Se trata de radares tipo Lyra 50, el mismo modelo de los 24 radares que Turquía compró por entonces a Selex y por los que pagó 35 millones de dólares, mientras que Panamá pagó 125 millones de dólares por 19 radares.
Las revelaciones del comisionado provocaron que Mulino reaccionara a través de su cuenta en Twitter. Dijo sentirse “sorprendido” al oír a su exsubalterno indicar que no tuvo conocimiento de los problemas hasta abril pasado. (Ver recuadro).
Sobre la diferencia de precios con Turquía, Mulino ha dicho que en el caso de Panamá se trata de “una instalación totalmente nueva”, y porque algunos radares serían instalados en sitios de difícil acceso”.
El mismo argumento lo dio Selex en una carta del 15 de noviembre de 2012, enviada al director de la compañía para Panamá, Francesco Ballaré, al exviceministro de Seguridad Pública, Alejandro Garuz, que precisamente visitó sus instalaciones en 2011. (Ver foto).
“El sistema de Vigilancia Costera de Panamá es una instalación totalmente nueva; no hay sistemas existentes que se pueden actualizar, desplegado para toda la línea de costas del país, en algunos casos con sitios severamente difíciles...”, dice la carta.
La misiva tiene datos particulares, como que el sistema cuenta con funciones de “control y combate del narcotráfico, sistema de vigilancia costera, identificación de barcos y combate a la pesca ilegal...” . (Ver facsímil).
Nada dice sobre detectar las lanchas rápidas que usan los traficantes para transportar la droga, principal argumento de Mulino para justificar la millonaria compra directa, que, a juicio del presidente Juan Carlos Varela, no es funcional.
La única alusión que hace Selex sobre lanchas rápidas es que “el sistema está abierto a la extensión para dirigir lanchas rápidas del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) en las misiones de interceptación”.
La suspensión del proyecto –explicó el titular de Seguridad– también impide a Selex presentar cuentas por cobrar al Estado.
En ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, aseguró que de los 90.5 millones de euros (unos 125 millones de dólares) que costaron los radares, se le adeuda a Selex 18.6 millones de euros (24 millones de dólares).
OTRAS ACCIONES
El Gobierno también anunció que iniciará gestiones diplomáticas, a través de la Cancillería, para que el Gobierno de Italia –accionista de Finmeccanica– intervenga, a fin de que la empresa cumpla con las especificaciones técnicas pactadas.
Este contrato se originó tras la firma del Memorando de Entendimiento suscrito el 30 de junio de 2010 entre los entonces jefes de Estado, Ricardo Martinelli y Silvio Berlusconi (Italia).
En la venta de los equipos a Panamá actuó como intermediario Valter Lavítola, juzgado en Roma por presunta corrupción internacional.
El contrato con Selex tuvo sus primeros tropiezos a finales de 2011, cuando las autoridades italianas descubrieron que Finmeccanica contaba con un “fondo negro” alimentado con sobreprecios para pagar coimas a funcionarios extranjeros.
REACCIONES
El exembajador de Panamá en Naciones Unidas, Ricardo Alberto Arias, dijo que por lo que se sabe de los contratos, incluidas las declaraciones del exministro Mulino, se justifica que el Gobierno haga una investigación “seria y profunda”.
“Creo que el tema es tan abarcador que se debieran tomar en cuenta a personas fuera del Gobierno para que hagan un análisis de la parte técnica del contrato, como de la parte financiera, y hagan recomendaciones al Gobierno de qué es lo que debiera hacer”, sostuvo Arias.
Por su lado, el exdiputado Jorge Alberto Rosas señaló que se trata de una “reacción tardía”, porque el que debió suspender el proyecto fue el gobierno del expresidente Martinelli por tener “altísimos sobrecostos”.
“Frente a esta posición del Gobierno, esperamos que la Procuraduría General de la Nación inicie finalmente las investigaciones que tiene que hacer para determinar los daños que los funcionarios anteriores le causaron al Estado”, sugirió Rosas.
A su vez, el excontralor Carlos Vallarino destacó que el paso dado por el gobierno está dentro de la ley. “Si el Estado firma un contrato y en una investigación el contratista no cumple, hay que rescindirlo”, precisó .
Y no es todo. “Hay que buscar cuáles son las causas. Si le pidieron algo al contratista... o si los funcionarios no hicieron las diligencias necesarias para garantizar que esos equipos funcionaran”, expresó Vallarino.
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El Gobierno panameño decidió suspender el contrato para la instalación de 19 radares, adquiridos por $125 millones a la empresa Selex Sistemi Integrati, filial del conglomerado italiano Finmeccanica, debido a "serias deficiencias en el desempeño de los equipos instalados".
La decisión fue adoptada esta tarde en Consejo de Gabinete y comunicada poco después de las 7:00 p.m. en una conferencia de prensa encabeza por la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel Saint Malo de Alvarado, y los ministros Rodolfo Aguilera, de Seguridad Pública, y Dulcidio de la Guardia, de Economía y Finanzas.
"Los análisis técnicos indican que los equipos instalados a la fecha no cumplen con el alcance pactado en dicho contrato para que puedan ser de utilidad a los estamentos de seguridad, en la lucha contra el narcotráfico y contra las actividades del crimen organizado", según un comunicado divulgado por la Presidencia de la República.
Aguilera informó que la administración de Ricardo Martinelli –presidente hasta el 1 de julio pasado- recibió y pagó siete de los 19 radares "sin objeción".
Aseguró que ahora el Ministerio de Seguridad Pública exigirá Selex que, a la mayor brevedad, habilite los siete radares ya instalados y que realice pruebas "para demostrar si las deficiencias en el alcance pactado de los radares pueden ser corregidas, o de lo contrario se requiere la instalación de un nuevo equipo".
Esta nueva acción del Gobierno impedirá al contratista presentar "nuevas cuentas por cobrar al Estado".
"Panamá compró un sistema con unas características y el que se está instalando no brinda hasta el momento las prestaciones que se exigen en el contrato", dijo Aguilera.
ACCIONES LEGALES
"Legalmente, el Gobierno de la República de Panamá ha estructurado un equipo de abogados especialistas para iniciar las acciones legales tanto en Panamá como en Italia, en atención a las situaciones descubiertas en la ejecución de este contrato. Separadamente, este equipo dará seguimiento y contribuirá con los procesos e investigaciones que se desarrollan en Italia en relación con el contrato entre Panamá y Selex/Finmeccanica, además de presentar otras acciones legales a las que haya lugar", destaca el boletín de la Presidencia.
El comisionado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Joel Laniado, informó que a partir del 1 de abril de este año asumieron el mantenimiento y administración del personal que opera los radares.
Y que en abril, mayo y junio realizaron pruebas del alcance de los radares con embarcaciones de un tamaño determinado para conocer si "coincidían" las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato.
Ante la pregunta de si Senan no había sido tomado en cuenta antes del 1 de abril, Laniado respondió: "es correcto, al Senan no se le consultó sobre las especificaciones técnicas del radar".
La compra de los radares, por $125 millones, fue pactada como parte de un "memorando de entendimiento de cooperación técnica en materia de seguridad" entre los gobiernos de Italia y Panamá, suscrito el 30 de junio de 2010. El mismo también incluye la compra de un mapa cartográfico y seis helicópteros a las empresas Telespazio y Agusta Westland, ambas también del conglomerado Finmeccanica. En total, las compras del gobierno de Martinelli a Finmeccanica totalizaron $250 millones.
Las compras a Finmeccanica desataron uno de los mayores escándalos del gobierno de Martinelli, cuyo personaje principal, además del gobernante, es el italiano Valter Lavítola, quien pretendía el cobro de una comisión de $25 millones de estos contratos para ser depositados en cuentas a nombre de una compañía panameña llamada Agafia Corp.
El equipo de radares serían instalados en un radio de acción de 72.2 kilómetros (39 millas náuticas), y hasta 457.2 metros (mil 500 pies) de altura. El centro de operaciones está en la antigua base de Sherman.
El 30 de junio pasado, el último día de la administración Martinelli, el entonces ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, informó a los medios que ocho –no siete, como dice Aguilera- de los 19 radares habían sido instalados, mientras que los 11 restantes no han podido ubicarse por causas técnicas o del terreno de la zona que se les había destinado.
La semana pasada, Mulino pidió cortesía de sala en el Gabinete, para explicar el tema de los radares. Luego de conocer la decisión de suspender el contrato con Selex, opinó en su cuenta en Twitter que la decisión "se puede dar ya que Panamá debe aceptar al final su buen funcionamiento. Selex está al tanto".
