El sistema penitenciario en Panamá ha pasado por distintas etapas a lo largo de la historia del país. A inicios de la era republicana, los centros de reclusión se limitaban a los cuarteles de Policía —hoy son estaciones de policía—, que se encontraban en las cabeceras de cada provincia, y al Presidio de Chiriquí que, a pesar de su nombre, se ubicaba en la provincia de Panamá.
Etapa carcelaria
Luego, con la idea de mejorar la forma en que se trataba a los reclusos, en 1919 y de forma provisional, se estableció la primera “colonia penal” en la isla Coiba. Sin embargo, recibió sus primeros reclusos luego que entrara en vigencia el Decreto 15 del 29 de enero de 1920, bajo el mandato del entonces presidente Belisario Porras.
Cinco años después, durante el gobierno del presidente Rodolfo Chiari Robles, mediante el Decreto N.° 83 del 1 de junio de 1925, la isla Penal Coiba se formalizó y reorganizó la colonia, definidiendo una estructura penitenciaria más estable y permanente.
Mediante este decreto se establecieron criterios de clasificación de los internos y se destinó principalmente a aquellas personas condenadas a penas superiores a los cuatro meses.
También podría leer: Traslado de 29 reclusos a Coiba reabre debate legal, ambiental y penitenciario
La instalación de un penal en esta isla respondía en gran parte a su ubicación, ya que su aislamiento natural hacía casi imposible escapar. Además, en caso de lograrlo, la isla posee fuertes corrientes marinas y una población de tiburones, cocodrilos y fauna silvestre, suficiente para desalentar la huida. Asimismo, la lejanía funcionaba como una barrera natural que reducía la necesidad de infraestructura para mantener la seguridad.

Al contrario de las cárceles tradicionales que conocemos hoy en día, el nombre de colonia penal tiene sentido, ya que era un sistema abierto y disperso, donde los reclusos no permanecían encerrados en celdas, sino que eran organizados en campamentos de trabajo distribuidos a lo largo de la isla.
Esta isla se encargó de albergar a los criminales más peligrosos del país y a algunos cuyo pensamiento político era contrario a la dictadura que inició en 1968. En su apogeo, esta cárcel llegó a albergar hasta 3 mil reclusos distribuidos en unos 30 campos por toda la isla y fue testigo de violaciones a los derechos de quienes allí pagaban su condena, y que marcaron su historia.
Este sistema carcelario estuvo vigente durante casi nueve décadas, al punto que Coiba adquirió fama internacional como una de las cárceles más temidas de América Latina.
Y es que, durante la época de la dictadura militar (1968-1989), Coiba fue señalada por la reclusión de presos políticos y con personas que, posteriormente, formarían parte de la memoria histórica de los desaparecidos. En algunos casos, se presume que las víctimas fueron enterradas en tumbas sin nombre o que sus restos nunca fueron recuperados debido al aislamiento de la isla y a la densa vegetación que la caracteriza.
En el informe presentado por la “Comisión de la Verdad”, designada por la Defensoría del Pueblo para conocer qué sucedió a personas asesinadas o desaparecidas durante el régimen militar, se detalla cómo en el penal situado en Coiba se violaban los derechos humanos. Se menciona, por ejemplo, a un preso político que estuvo hasta 1970 quien relató que “los prisioneros eran usados como esclavos y que los guardias propinaban golpizas bestiales a la más leve provocación”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Derechos Humanos, citó testimonios de reclusos sobre torturas y malos tratos, además de “trabajos forzosos ya sea de personas condenadas como de personas que aguardan el juicio o sentencia”.
En el capítulo dedicado al Derecho a la Vida, la Libertad y la Seguridad Personal, del “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá” publicado en el año 1978, se menciona además como esta cárcel era usada para albergar “presos políticos”, como es el caso de Nat Méndez, Jr., Fernando Ayala, y Francisco Mata, quienes habían sido “arrestados por haber pintado letreros responsabilizando al Gobierno de la desaparición del Padre Héctor Gallego”.
Luego de la caída de la dictadura, un 20 de diciembre de 1989, como resultado de la invasión de Estados Unidos denominada Causa Justa, la cárcel retomó su función como centro de reclusión para delincuentes comunes y, durante sus últimos años de funcionamiento, muchos de los internos subsistían cultivando la tierra y criando ganado.
También podría leer: Hoy por hoy: Coiba y la improvisación
La colonia penal se mantuvo en funcionamiento hasta 2004, 84 años después de su apertura, cuando los prisioneros fueron trasladados a centros penitenciarios. Sin embargo, años antes de su cierre definitivo, el Estado ya había reconocido el gran valor ambiental de estas tierras: en 1991 se creó el Parque Nacional Coiba, lo que trajo consigo la protección formal de sus ecosistemas.
La cárcel que protegió la vida
La selva siempre existió, pero el prolongado aislamiento de la isla, redujo de forma significativa la intervención de gran parte de su cobertura boscosa original, que se estima es de cerca del 80%.
Además, de acuerdo con información disponible en el sitio web del Corredor Marino Tropical, del cual Coiba forma parte, la isla posee más de mil especies de plantas, unos 224 vertebrados terrestres y cerca de 2 mil especies marinas identificadas dentro de sus límites.
Cabe destacar que en esta porción de tierra ubicada al suroeste de la provincia de Veraguas se han registrado especies endémicas, es decir, que solo se encuentran allí, como el ñeque de Coiba, el mono aullador de Coiba y el ave colaespina de Coiba, especies únicas en el mundo.
También podría leer: Miambiente dice que desconocía sobre el traslado de reos a la isla Coiba
La isla fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en julio de 2005, luego de que la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco), aprobara la designación durante una sesión realizada en Sudáfrica.
Esta se dio luego de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) presentara la propuesta ante el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco debido a su reconocido valor ecológico. El título fue otorgado apenas un año después de que los presidiarios fueran removidos de la isla.

Hasta hoy, donde antes hubo celdas y campos de trabajo forzado, científicos estudian ecosistemas únicos y turistas de todas partes del mundo llegan para practicar buceo entre animales marinos y arrecifes de gran importancia para el equilibrio del ecosistema del Pacífico.
Polémica por traslado
Ahora, Coiba vuelve a infiltrarse en el mapa carcelario de Panamá. El sábado 13 de junio, el gobierno de José Raúl Mulino trasladó a 29 reclusos de alta peligrosidad que se encontraban en Punta Coco, La Joyita y La Joya hacia una base que tiene el Servicio Nacional Aeronaval, reabriendo un debate legal y ambiental que parecía olvidado.
Esta nota fue construida con información de: la Defensoría del Pueblo, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, la página web del Sistema Penitenciario y del Corredor Marino Tropical.

