La Alianza Ciudadana Pro Justicia, que está integrada por 15 agrupaciones, no entiende cómo los jueces y tribunales de justicia “se niegan a colaborar” para que se puedan realizar las investigaciones de cuentas bancarias de presuntos vinculados con delitos de corrupción y blanqueo de capitales.
El otro aspecto que tampoco comprenden es que 17 de los 20 casos, que le dan seguimiento, y cuyas investigaciones concluyeron hace más de 15 meses, aún esperan su fecha de audiencia.
Este grupo de la sociedad civil organizada emitió su comunicado, en el que plasma todas sus inquietudes, luego de conocerse que la jueza suplente Laina Batista negó la prórroga de dos meses que solicitó la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht para seguir investigando el presunto pago de coimas a través de bancos suizos.
“Tampoco entendemos cómo los jueces establecen términos estrictos a la investigación en el caso de ordenarse una detención, cuando se trata de procesos de alta complejidad con personas de gran poder adquisitivo que pueden evadirse de la acción de la justicia”, enfatizó el comunicado.
Además, recordaron que “varios procesos penales por mega corrupción” han sido afectados por personas que siguen prófugas de la justicia, como lo son el caso del expresidente de la República Ricardo Martinelli y “otros de su círculo cero”.
“Los jueces de la República no pueden desconocer o darle la espalda a esta realidad que está afectando la investigación y enjuiciamientos de estos graves delitos”, planteó.
En ese sentido, recordó que en Panamá existe la Ley No. 121 de diciembre de 2013, sobre el crimen organizado y delitos complejos, que establece que el límite de investigación puede ser mayor y que puede ser revisado cuantas veces sea necesario, tal como lo contempla su artículo No. 8.
Por lo tanto, “los jueces y tribunales panameños no pueden tratar casos de tan alta complejidad fundamentándose en el Código Judicial donde se establece límite de dos meses luego de la detención provisional para concluir el sumario”.
“Un juez debe ser neutral, pero no indiferente ante la lucha contra la corrupción. Necesitamos jueces conscientes de la gravedad de los delitos que investigan y del impacto que estos tienen para la sociedad”, puntualizó Alianza Ciudadana Pro Justicia.