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Por primera vez durante su administración, el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, convocó a una rueda de prensa en la sede de la entidad en Bella Vista.
Peñaloza no llamó a los medios para revelar las investigaciones que realiza, sino para quejarse de la manera como lo presiona el Tribunal Electoral (TE) y en especial su presidente, Erasmo Pinilla.
“Vamos a tener que comenzar a salir un poco más a los medios, porque se ha montado una campaña de cosas de que no tengo responsabilidad”, dijo. “Pinilla ha venido con una campaña desde que le contesté una carta muy irrespetuosa, porque yo no soy subalterno del TE. El fiscal electoral no recibe órdenes del TE”, acotó.
Peñaloza se refirió a la carta que le envió Pinilla en diciembre de 2013, en la que le solicitó su presencia para una reunión en el salón de reuniones de la sala de acuerdos del tribunal, a fin de tratar temas relacionados con el quehacer electoral.
“Yo no recibo órdenes, la Fiscalía Electoral es una entidad independiente, no dependemos de los magistrados del TE. Boris Barrios (su antecesor) también tuvo los mismos problemas por defender la institucionalidad y la independencia”, expresó el funcionario.
Este diario intentó conseguir una reacción de Pinilla, pero fue imposible hasta el cierre de la presente edición.
Sobre los procesos actuales de impugnación, el fiscal indicó que la institución que dirige solo investiga “delitos penales, no decisiones administrativas como son las impugnaciones”.
“Yo tengo que esperar que lleguemos a la fase procesal de la audiencia, que con las pruebas y demás tener una opinión objetiva”, explicó Peñaloza, quien reveló que le han remitido 24 casos de impugnaciones, 10 de ellos contra diputados, 2 contra alcaldes y 12 contra representantes de corregimiento.
Peñaloza expuso un supuesto caso en el que Pinilla puso “en sueño eterno en su despacho” un expediente que debía ser resuelto con prontitud. “Esta es una de las actuaciones de muchas que podemos sacar a la luz pública. Si me investigan, también hay méritos para hacerlo a Pinilla”, agregó.
También indicó que está dispuesto a someterse a una comparecencia ante la Asamblea Nacional, tal como lo hizo la contralora general, Gioconda Torres de Bianchini.
“Cuando uno actúa en apego a la ley y a la Constitución, nada debemos de temer”, indicó.
Frase parecida a la que dijo Torres de Bianchini a su salida del Palacio Justo Arosemena: “duermo bien, y el que duerme bien es porque va con la ley”.
Las acciones de la contralora Gioconda Torres de Bianchini volvieron a marcar la agenda ayer. En la mañana, cerca de 10 agrupaciones de la sociedad civil organizada pidieron que la Asamblea Nacional remita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un informe detallado de la actuación “negligente e infractora” de la funcionaria, luego de su exposición ante el pleno.
En la tarde, la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunció la creación de una comisión que redactará una resolución sobre la comparecencia de la funcionaria en el Legislativo. La delegación estará integrada por el asesor de la bancada, el exdiputado Jerry Wilson; el diputado Ausencio Palacios y sus colegas Zulay Rodríguez y Crispiano Adames.
La sociedad civil fue más allá. Annette Planells, del Movimiento por Panamá, solicitó que el informe sea remitido a la Procuraduría General de la Nación para el análisis de todas las denuncias de sobrecostos y contrataciones fraudulentas que se dieron a conocer en las sesiones legislativas.
Planteó que el Ministerio Público está en la obligación de iniciar investigaciones.
Por su parte, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que es necesario que la CSJ autorice el inicio de una investigación penal contra Torres de Bianchini y ordene su suspensión provisional en el cargo, para lograr esclarecer los hechos.
Castillo recalcó que a partir de ayer están en estado de alerta.
La sociedad civil anunció, además, que presentará una denuncia penal por las infracciones a los deberes del servidor público en que supuestamente ha incurrido Torres de Bianchini.
La noche del miércoles 20 de agosto, último día de la comparecencia de la contralora en la Asamblea, el diputado panameñista Luis Barría habló de impulsar una resolución para que la CSJ sancione a la funcionaria por “negligencia notoria e ineptitud”.
El jefe de bancada del PRD, Leandro Ávila, rechazó la propuesta y argumentó que la Asamblea no tiene competencia para ello.
¿Apoyarán ahora la iniciativa del panameñismo? Durante el anuncio de ayer, Raúl Pineda, diputado que actuó como vocero de la bancada, dijo no poder adelantar la posición del PRD, por lo que se tendrá que esperar la redacción final del borrador de resolución.
Adelantó que el recurso que presentarán al panameñismo debe “cumplir con lo que diga la ley, y lo que el pueblo panameño espera”.
En tanto, el partido oficialista también tiene su comisión. Está integrada por los diputados José Antonio Domínguez, Luis E. Quirós y Luis Barría.
Una vez logren consenso, las dos bancadas presentarán un solo texto. “Esperamos que esta misma semana se llegue a un acuerdo”, informó Barría.
El tema de la contralora ocasionó una nueva grieta en la maltrecha relación entre el PRD y el Panameñista, que ya tenía fisuras por las diferencias en torno al proyecto de ley que propone reformas al Código Electoral.
El reemplazo de Torres de Bianchini, a quien se le vence su período el 31 de diciembre próximo, es otro de los aspectos que según fuentes consultadas genera pugna entre los dos partidos.
Los nombres que el panameñismo propone no son del agrado del PRD. Este partido considera que debe elegir contralor por tener 22 diputados en la Asamblea, mientras que su aliado 12. Pero los oficialistas muestran los puños y recuerdan quién tiene el poder en el Ejecutivo.
El fiscal general electoral Eduardo Peñaloza aseguró hoy, 26 de agosto, que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) lo culpan de no brindar su colaboración en resolver las 10 impugnaciones presentadas contra diputados proclamados.
"Se quieren limpiar conmigo y eso no lo puedo permitir", dijo el funcionario en conferencia de prensa desde su despacho.
Explicó que el Código Electoral, en su artículo 431, establece que los procesos de impugnación son de tipo administrativo y que solo le compete el TE ver esos casos.
“A nosotros nos competen las investigaciones de tipo penal. Ellos [los magistrados] tienen que instruir, es responsabilidad de ellos”, agregó.
Además, aseguró que los magistrados tienen las herramientas legales para haber resuelto hace tiempo dichas impugnaciones.
"El magistrado Erasmo Pinilla tiene una campaña [en mi contra]", aseguró.
De acuerdo a Peñaloza, a la fecha solo le han remitido 24 casos de impugnaciones, de esos 10 contra diputados proclamados, 2 contra alcaldes y 12 contra representantes de corregimiento.
En 2009, dijo, se presentaron 29 demandas luego de las elecciones.
COMPRA DE VOTOS
Luego, el fiscal recordó al menos 15 impugnaciones que fueron rechazadas por el Tribunal Electoral de plano en 2009.
“La rechazaron de plano con el argumento de que la compra de votos, el repartir dinero y ofrecer prebendas no era una causal en firme para impugnar una elección”, sostuvo Peñaloza, nombrado por el expresidente Ricardo Martinelli.
“Hoy día ha cambiado el péndulo: los magistrados tienen ahora otra opinión y eso es lo que lo tiene estacando [el proceso] de resolver las impugnaciones”, dijo. "Yo no no recibo órdenes", puntualizó.
A Peñaloza lo han cuestionado por su inacción durante las pasadas elecciones así como su vinculación con el exmandatario por haber sido miembro de Cambio Democrático.
Ocho grupos de la sociedad civil organizada solicitaron este martes, 26 de agosto, al Ministerio Público que abra una investigación por los supuestos sobrecostos y actos de corrupción que salieron a relucir durante la pasada concurrencia de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, y otros funcionarios en la Asamblea Nacional.
Asimismo, pidieron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorice el inicio de la investigación contra la contralora y ordene su suspensión provisional del cargo.
Torres de Bianchini compareció el 19 y 20 de agosto pasado ante el pleno legislativo para contestar un cuestionario de siete preguntas previamente preparadas y atender otros cuestionamientos de los diputados.
En su intervención, la contralora repitió en varias oportunidades que la ley no la faculta a rechazar un contrato por considerar que hay algún “sobreprecio” en la compra o porque existe un conflicto de interés entre el proveedor y la entidad contratante.
A partir de ese momento, los diputados panameñistas –inicialmente con ayuda del perredista Pedro Miguel González– decidieron promover una resolución para que la CSJ destituya a la funcionaria por ineptitud y negligencia. Sin embargo, los panameñistas –que no tienen mayoría en la Asamblea– no han conseguido el apoyo de sus colegas del PRD, con quienes mantienen un pacto de “gobernabilidad”.
EXIGEN JUSTICIA
Irma Quirós, vocera del nuevo frente denominado “Liga contra la corrupción”, dijo que durante la comparecencia de Torres de Bianchini fue obvia la confesión de irregularidades, por lo que se exige justicia. Pidió a la población tener una actitud más vigilante, en particular ante la escogencia del procurador y contralor de la República.
Diógenes Galván, integrante del Movimiento Independiente por Panamá, remarcó que las distintas organizaciones civiles están pidiendo acciones frente a los señalamientos de la contralora en la Asamblea.
“Hay que investigar la acción de ella [la contralora] y la de todo su equipo de trabajo”, agregó.
En tanto, Angélica Maytín, presidenta ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, pidió que no queden impunes tantos "actos irregulares que han afectado el pecunio de todos nosotros”. No puede ser posible que se vaya a la Asamblea, se acepten sobrecostos y no ocurra nada, enfatizó. “Hay que acabar con la impunidad”, señaló.
En la conferencia estuvieron representantes del Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Movin por Panamá, Liga Contra la Corrupción, Asamblea Ciudadana, Asociación Panameña de Derecho Constitucional y el Colegio Nacional de Abogados.
