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Los contratos celebrados por el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli nunca recibieron resistencia en la Contraloría General de la República.
Gioconda Torres de Bianchini, titular de esta institución, reiteró ayer una y otra vez que la ley no la faculta a rechazar un contrato con sobrecostos o que involucre un conflicto de intereses.
Fue su segundo día de comparecencia ante la Asamblea Nacional, órgano que citó a la funcionaria para contestar un cuestionario de siete preguntas y disipara las dudas de los diputados.
“Verificamos que cumplieran con las partidas y los pasos legales. En las leyes hay responsabilidades, y cada administración tiene la suya. Eso tiene que publicitarse para que el pueblo y las compañías vean los precios. No somos coadministradores, sino fiscalizadores”, aseguró la contralora.
De acuerdo con la funcionaria, la Contraloría está limitada a inspeccionar irregularidades y lesiones patrimoniales solamente en las auditorías correspondientes a los controles posteriores que desarrolla la institución. No obstante, Roger Cerrud, director de Fiscalización General de la Contraloría, con 25 años en el cargo, advirtió de que en gestiones anteriores el contralor rechazó refrendar los contratos que considerara nocivos al patrimonio público.
“Sí hay antecedentes”, le contestó Cerrud a una pregunta del diputado Adolfo Valderrama, presidente del Legislativo y quien utilizó las facultades de su curul para cuestionar a Torres de Bianchini. Tras responder, Cerrud recibió una mirada fulminante de su jefa, se sentó y conversó con ella casi en susurros. Durante el resto de la sesión lució nervioso.
¿DESTITUCIÓN?
Seis horas después de decenas de preguntas, el Pleno decidió formular una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que destituya a Torres de Bianchini, quien antes de ejercer el cargo actual fue auditora de Ricamar, empresa de Martinelli.
La diligencia la presentó el panameñista Luis Barría, quien en su intervención advirtió que la misma se someterá a votación en días posteriores. El motivo: ineptitud y negligencia.
Cuando se leyó la resolución, Torres de Bianchini miraba al horizonte, con las manos entrelazadas y con ocasionales sorbos de agua.
Después de un rato, Eloy Álvarez, director de Asesoría Legal, le cedió su puesto. La funcionaria se sentó, y charló en voz muy baja con sus subordinados. Todos lucían confundidos.
La propuesta causó revuelo en el pleno. Por un lado, los miembros de Cambio Democrático (CD) golpearon con fuerza sus escritorios como protesta. Mario Miller pidió la palabra para una cuestión de orden y expresó que la nota era “maquiavélica, ilegal e irrespetuosa”.
Leandro Ávila, jefe de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) indicó que aún cuando varios de los diputados de su partido habían firmado la resolución (Pedro Miguel González), la decisión no había sido consultada con él, y que no permitiría la “individualización” de su bancada.
Además, afirmó que le parecía una “bofetada” a la contralora, ya que la resolución podía presentarse y votarse cualquier otro día.
Además de Barría y González, la iniciativa lleva la firma de José Luis Varela, Luis Eduardo Quirós, Ana Matilde Gómez, Juan Moya, Adolfo Valderrama, José Luis Castillo, Gabriel Soto y Jacobo Pérez.
La propia funcionaria se sintió afectada por el documento. “Me siento triste y disgustada, porque yo he trabajado bien”, manifestó.
La molestia de Ávila no fue tanto por la resolución, ni por su contenido, sino porque “si hay un acuerdo de gobernabilidad, todas las cosas deben ser conversadas y consultadas”.
Como jefe de bancada, Ávila desconocía el contenido de esta resolución, pero sí sabía que tenían una propuesta en camino.
“Nosotros como bancada discutiremos. No es la primera vez que el Partido Panameñista incumple nuestro acuerdo de gobernabilidad”, expresó.
Por su parte, Mario Miller calificó la acción del diputado Luis Barría como fuera de orden. “La contralora está respondiendo desde hace dos días. Pero cambian el sentido de su citación y el objetivo era maquiavélico. Pero el autor intelectual de esta resolución es Pedro Miguel González, que enredó a Luis Barría”, sostuvo.
Según el diputado no debió presentar la resolución en medio de su interrogatorio, y dijo que en eso no es competente la Asamblea.
“Me extraña que la diputada Gómez, que se da golpes de institucionalidad, apruebe esto. Se montó en una conspiración violando la Constitución y la ley”, expresó.
SIN DOCUMENTOS
Torres de Bianchini llegó ayer a la 1:55 p.m. En lugar de su Toyota Prado, arribó en una camioneta Chevrolet Tahoe. Se bajó del auto con lentes oscuros y vestida de azul.
40 minutos después pasó al pleno a continuar su comparecencia ante los diputados. Parecía más relajada, y en lugar de recogerse el pelo, como hizo el martes, prefirió llevarlo suelto.
Su rostro, sin embargo, evidenciaba el cansancio luego de las seis horas de comparecencia la noche del martes. Por delante todavía tenía ocho horas más.
A diferencia de la primera jornada, en la que el público en las gradas fomentó una trifulca que se disolvió con gas pimienta, ayer casi no había visitantes.
La primera en interrogarla fue la diputada panameñista Kathleen Levy, que la cuestionó por compras directas a un mismo proveedor y por denuncias de lesión patrimonial.
Torres de Bianchini utilizó el recurso que luego sería su frase principal para contestarle a los diputados: “No trajimos esos datos”, y “no tenemos esa información”.
Luego prometía apuntar las inquietudes y enviar por correo lo solicitado.
El siguiente en interrogar a la funcionaria fue el perredista Iván Picota, que le solicitó una explicación sobre el control previo y el control posterior, y sobre las juntas comunales.
Picota dejó claro que su intención era que la gente supiera que la junta comunal de Betania estaba siendo investigada por la Contraloría. También se refirió al manejo que le dio el expresidente Martinelli a la partida discrecional. “Ahora mismo no tenemos el dato”, ripostó Torres de Bianchini.
Héctor Valdés Carrasquilla, diputado de CD, tenía el turno de dirigirse a la funcionaria. El opositor dijo que “la contralora y sus funcionarios habían respondido de forma correcta”.
El panameñista José Antonio Domínguez continuó el cuestionario, y fue uno de los que más duro interrogó a Torres de Bianchini.
Le preguntó sobre el control previo y auditorías a varias de las obras del gobierno de Martinelli. La interrogó sobre los procesos que le ha realizado al Programa de Ayuda Nacional (PAN), institución criticada por el supuesto uso de recursos del Estado para apoyar candidatos de CD en las últimas elecciones. “Le hemos hecho cerca de 50 auditorías por las bolsas de comida”, contestó la funcionaria, quien adelantó que han salido irregularidades que fueron enviadas a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas.
“Todos los contratos que llegaron a la Contraloría se verificaron según la ley: la parte financiera y legal. No tengo por qué tener una implicación en las auditorías posteriores”, respondió la contralora a una pregunta de la perredista Zulay Rodríguez.
Así fue la tónica de la sesión, en la que los diputados oficialistas cuestionaron a la contralora sobre temas polémicos. Los de CD prefirieron interrogarle acerca de asuntos administrativos. La mayoría de ellos tenía una hoja con una foto impresa en la que aparecían las preguntas que debían realizarle a la funcionaria. Incluso, unos utilizaron su tiempo para hablar del peligro del ébola y compararon la sesión con una “torta de huevo”.
