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La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó hoy, 30 de julio, el anteproyecto de ley que eliminar el servicio de escoltas del Estado a las exprimeras damas y los hijos de los exmandatarios, beneficio que aprobado en el ocaso del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
La propuesta fue avalada por cinco de los nueve diputados que conforman la comisión y que se encontraban presentes en la sesión. No hubo votos en contra ni abstenciones.
Los diputados de la comisión, presidida por el perredista Pedro Miguel González, también aprobaron la moción para que el nuevo proyecto sea discutido en segundo debate en el pleno legislativo con “carácter de urgencia notoria”.
Los que aprobaron la propuesta fueron los diputados Pedro Miguel González, Zulay Rodríguez, Cristian Caballero, suplente del diputado Leandro Ávila, todos diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Luis Eduardo Quirós, diputado panameñista; Ana Matilde Gómez, independiente.
Los que no asistieron a la sesión y no habilitaron a sus suplentes fueron: Luis Barría, diputado panameñista, Benicio Robinson, del PRD; Vidal García y Rubén Frías, estos últimos de Cambio Democrático (CD).
La propuesta fue presentada el pasado 14 de julio, por los diputados Juan Carlos Arango y Juan Miguel Ríos.
A poco de terminar su mandato, Martinelli convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias para, entre otras cosas, modificar la Ley 55 de 1996, sobre el servicio de escolta y seguridad personal a los expresidentes de la República.
Lo hizo, a fin de extender el beneficio a las exprimeras damas y los hijos de los ex gobernantes, por un periodo de 10 y 5 años, respectivamente.
La diputada independiente Ana Matilde Gómez advirtió de la posibilidad de que exista conflicto de interés en la ratificación, por parte de la Asamblea Nacional, de Jindriska Barakat Pitty- hermana del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) Jorge Barakat- como subdirectora general de Contrataciones Públicas.
Gómez recordó que Panamá es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción, al igual que la Convención Americana contra la Corrupción, y que en ambos documentos, el Estado panameño ha asumido la responsabilidad de que la correcta administración pública implica no someter a los servidores públicos a conflictos de intereses.
Dijo que la Presidencia de la República debe entender que en este caso hay un vínculo de parentesco y no es correcto, particularmente porque ambos funcionarios trabajarían para el mismo poder del Estado (Ejecutivo). Gómez se abstuvo de votar en la ratificación de Barakat como subdirectora de Contrataciones Públicas.
La diputada manifestó que el conflicto se da en la medida que el puesto que ocuparía Jindriska Barakat Pitty es de fiscalización sobre otras posiciones como la que ocupa su hermano Jorge Barakat, actual director de la AMP.
Por el momento, el titular de la Dirección de Contrataciones Públicas no ha sido nombrado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, por lo que Barakat Pitty estará al mando de la institución.
Barakat Pitty respondió a los cuestionamientos de la diputada y afirmó que como subdirectora de la entidad, difícilmente puede tener conflictos de intereses en el ejercicio de su cargo.
Aunque aclaró que de haber algún conflicto de intereses ya tiene establecido con su cuerpo de asesores que declinará ante cualquier tipo de procesos que lleve la AMP a la Dirección de Contrataciones Públicas. “Allí se subsanaría el tema de que pudiera haber un conflicto de intereses”, indicó la nueva funcionaria.
Otras ratificaciones
La Asamblea Nacional también ratificó a Ada Romero como directora general de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).
Romero anunció que la próxima semana estará entregando los resultados de las auditorías realizadas a la gestión de su antecesora Giselle Burillo.
Además, se ratificó a Maruja Gorday como directora general del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), y a Alfredo Fonseca en la Autoridad Aeronáutica Civil.
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó hoy, martes, el proyecto de cálculo de ingresos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2015 por un monto de 2 mil 415.9 millones de dólares.
El presupuesto proyecta ingresos por 2 mil 415.9 millones de dólares para la vigencia fiscal que va del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015.
El cálculo de la ACP está basado en las proyecciones de la vía interoceánica por ingresos provenientes, en especial, de peajes del tránsito de naves y otros como producción de agua y de energía eléctrica.
Para el año fiscal 2015, el presupuesto de la ACP proyecta aportes directos al Tesoro Nacional por 966.6 millones de dólares.
La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ratificó esta mañana la designación de Ada Romero como directora de la Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (Ampyme).
A los diputados que integran la comisión, Romero explicó que no “es extranjera”. Según ella, nació en El Salvador, pero llegó a Panamá cuando tenía tres años de edad; su padre es panameño, por lo que ella también posee nacionalidad panameña.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha dicho en reiteradas oportunidades que Romero tendrá rango de ministra y, por tanto, acudirá a los Consejos de Gabinete, aunque no tendrá voto.
Giselle Burillo, la directora de Ampyme en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), también tenía el rango de ministra.
De acuerdo con el artículo No. 9, numeral 2 de la Constitución Nacional, son panameños por nacimiento “los hijos de padre o madre panameños por nacimiento, nacidos fuera del territorio de la República, si aquellos establecen su domicilio en el territorio nacional”.
Para ser ministro de Estado –según el artículo No. 196 de la Constitución– se requiere ser panameño por nacimiento, haber cumplido 25 años de edad y no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia.
La designación de Romero todavía debe ser aprobada por el pleno legislativo.
El pleno de la Asamblea Nacional ratificó esta tarde a los directores del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y de la Secretaría Nacional de Personas con Discapacidad (Senadis) y al gerente general de la Caja de Ahorros.
Estos tres funcionarios recibieron está mañana el beneplácito de los diputados miembros de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, presidida por Luis Barría.
Nelida Lisset Ortiz recibió el respaldo de los diputados para que sea la nueva directora del Senadis, al igual que Edwin Cárdenas en el IMA y Mario Alberto Rojas, en la gerencia de la Caja de Ahorros.
Con información de Gustavo A. Aparicio O.
