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Esta mañana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, comunicó que el pleno decidió “una prescripción y una nulidad” del expediente por el supuesto pago de sobornos para la aprobación del contrato del Centro Multimodal, Industrial y Servicios (Cemis).
“Estaba revisando el acta del pleno del cual no participé, pero en el punto uno del pleno de ayer se estaban discutiendo unos incidentes del cual el ponente es el magistrado Efrén Tello acerca del Cemis. Hubo una decisión. La decisión no está todavía en firme, osea, no está firmada, aunque es una decisión por mayoría, me parece, si mi memoria no es infiel, de siete votos a dos. De los siete votos a favor, cinco van a ser razonados, accediendo a la ponencia del magistrado Efrén Tello acerca de me parece que es una prescripción y una nulidad”, dijo Ayú Prado a los periodistas en un homenaje a los ex presidentes de la CSJ.
Sin embargo, posteriormente la CSJ circuló una “aclaración” en la que señala que, en cuanto al Cemis, “se ordenó la nulidad de todo lo actuado en cuanto a Martín Torrijos”, uno de los dos imputados en el proceso que adelanta la Corte.
El otro es el exdiputado y candidato a diputado impugnado en la provincia de Los Santos, Carlos “Tito” Afú, pero la vista que preparó el magistrado fiscal Abel Almengor, el 10 de julio de 2012, le favorece con una solicitud de sobreseimiento definitivo.
Según la “aclaración”, remitida vía correo electrónico, el pleno atendió un incidente de nulidad por violación al fuero electoral de Torrijos, que presentó su abogado James Bernard. Bernard alegó que Torrijos gozaba de fuero electoral cuando se ordenó su indagatoria, en el año 2010.
“El pleno resolvió admitir este incidente y ordenó la nulidad de todo lo actuado en cuanto a Martín Torrijos”, dice la CSJ en su “aclaración”.
“A raíz de esto, se sustrajo materia en los otros nueve incidentes que presentó en su momento el licenciado Bernard, entre los cuales había incidentes de controversia, de nulidad y de prescripción”, agrega.
La decisión fue adoptada por el pleno en su reunión de ayer jueves, 7 de agosto de 2014, con siete votos a favor –de los cuales cinco son votos razonados– y dos salvamentos.
A favor votaron el ponente Efrén Tello –suplente de Hernán De León–, Luis Ramón Fábrega, Víctor Benavides, Secundino Mendieta –suplente de Ayú Prado, quien estaba de viaje–, Gabriel Fernández –suplente de Alejandro Moncada Luna–, y Oydén Ortega. Los últimos cinco son los que emitieron voto razonado. Salvaron su voto los magistrados Harry Díaz y Luis Mario Carrasco, suplente de Jerónimo Mejía.
La CSJ instruía el expediente dado que los dos acusados eran diputados de la República. Otra parte del expediente se encuentra en el Juzgado Cuarto Penal, donde se surte el proceso a los empresarios Martín Rodin y Stephen Jones, y a Mateo Castillero, legislador en el periodo 1999-2004.
El escándalo por el pago de sobornos para la aprobación del contrato ley del Cemis, en la Asamblea, estalló en el mes de enero de 2002. En aquel entonces Afú admitió, públicamente, en televisión y con un fajo de billetes en la mano, haber sido sobornado.
Desde entonces pasaron 12 años, 6 meses y 20 días, es decir, 4 mil 586 días, hasta que la Corte Suprema de Justicia dio el carpetazo final a este polémico caso que involucró a figuras públicas de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial.
EL CASO
El 16 de enero de 2002 el entonces legislador del PRD Carlos Tito Afú realizó una conferencia de prensa para hacer un anuncio que estremeció al país. Con un fajo de billetes en la mano, denunció que los entonces legisladores de su partido y la dirigencia del PRD, en la que figuraban Martín Torrijos, Balbina Herrera y Héctor Alemán, habían recibido dinero para ratificar el contrato del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (Cemis), proyecto que se haría en Colón.
A los legisladores les dieron, según Afú, 6 mil dólares, de un total de $20 mil que indicaba el trato, y a los directivos del PRD les habría tocado una cifra más alta.
Antes de la revelación, Herrera denunció en el hemiciclo legislativo que Afú había recibido $1 millón a cambio de dar su voto favorable a la ratificación de Winston Spadafora (quien fue ministro de Gobierno en el gobierno de Mireya Moscoso) y Alberto Cigarruista (legislador panameñista), como magistrados de la CSJ.
(Con información de Juan Manuel Díaz)
Organizaciones de la sociedad civil hicieron ayer un llamado a las instituciones encargadas de administrar justicia, para que impidan que los casos vinculados con el manejo de fondos públicos queden impunes y den una pronta resolución a las demandas contra los indultos otorgados por el exgobernante Ricardo Martinelli.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Rubén Elías Rodríguez opinó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da largas al trámite de las demandas interpuestas contra los indultos de Martinelli, pese a que hay dos precedentes en los que se decretó la inconstitucionalidad de medidas similares otorgadas en casos por delitos comunes.
Explicó que, basado en esos precedentes, el presidente Juan Carlos Varela puede derogar los indultos de Martinelli mediante un decreto ejecutivo.
En tanto, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, informó que pidieron al Gobierno retomar el Pacto de Estado por la Justicia, para cumplir acuerdos como la implementación de la carrera judicial y la derogación de la Ley 55 de 2012, que afecta la investigación a los diputados.
