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El futuro de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hace más de dos semanas, luego de que la Asamblea Nacional (AN) aprobara una resolución pidiendo a ese órgano del Estado que investigara si la funcionaria cometió algún delito contra la administración pública.
Esta decisión fue tomada por las bancadas de los partidos Panameñista y Revolucionario Democrático (PRD), tras la comparecencia de la contralora frente al pleno legislativo los días 19 y 20 de agosto, considerando que en las declaraciones de Torres de Bianchini se desprendieron situaciones y hechos que eventualmente pueden constituir delitos contra la administración pública. Desde entonces, ningún miembro de la Corte se ha pronunciado y el caso fue remitido al Ministerio Público.
El magistrado presidente de ese órgano, José Ayú Prado, se ha limitado a decir que ellos no hacen predicciones ni pronósticos sobre los casos que manejan y ha evitado hacer algún comentario que pudiera dar pistas en cuanto a las acciones a tomar.
Así las cosas, el panameñista Luis Barría, presidente de la Comisión de Credenciales de la AN, pidió a la CSJ que se pronuncie y cumpla con su deber, ya que la ciudadanía desea conocer su posición en cuanto a la sugerencia que hizo el Legislativo.
NUEVO CONTRALOR
La elección del nuevo contralor es un tema que ha creado roces entre las bancadas de los partidos Panameñista y PRD, que han conformado el llamado pacto de gobernabilidad.
El diputado perredista Leandro Ávila, abierto aspirante a dirigir la Contraloría de la República, ha arremetido contra su colega panameñista Antonio Domínguez, quien lo acusó de reunirse con dirigentes de Cambio Democrático para concretar sus aspiraciones.
Sobre esta situación, Barría dijo que es prematuro hacer una campaña para la escogencia de quién reemplazaría a Torres de Bianchini, toda vez que su periodo constitucional culmina el 31 de diciembre y aunque se elija a un nuevo contralor, este no tomaría posesión hasta el 1 de enero de 2015.
Mientras tanto quedaría el subcontralor [Luis Felipe Icaza Franceschi] encargado de la entidad, explicó.
Barría puntualizó que el Legislativo planteó que la contralora debe salir de su cargo, pero esa es decisión de la CSJ.
En el video que acompaña esta nota encontrará las declaraciones relacionadas con este tema.
