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Rosendo Rivera –hasta hace unos meses abogado del gobernante Ricardo Martinelli– reafirmó hoy que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, cuando fungía como procurador, resolvió un cuestionario que la Fiscalía Séptima de Circuito le remitió al mandatario, tras una denuncia que éste interpuso contra la dirigente opositora Balbina Herrera por divulgar correos que había intercambiado con el italiano Valter Lavítola.
Rivera reveló que el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah, lo llamó el 24 de junio de 2012 a sus oficinas para entregarle el cuestionario resuelto por Ayú Prado.
“Esto me molestó. Shamah me dijo que no tendríamos problemas, porque el cuestionario lo respondió el propio Procurador”, sostuvo Rivera, al tiempo que advirtió la gravedad de esta situación.
Según el abogado, no había necesidad de esta ‘injerencia’ porque el proceso seguido a Herrera estaba bien llevado y, en ese momento, no tenía la menor duda de que la dirigente del Partido Revolucionario Democrático sería llamada a juicio.
“Me comuniqué con el Presidente y sinceramente creo que él no sabía, pues a su alrededor hay personas que le gusta ganar gracia”, contó el abogado, tras asegurar que esta acción –sumadas a otras– le sirvieron a Ayú Prado para llegar a la Corte.
“Acordamos que no intervendrían más nunca en este caso”, indicó Rivera, quien aclaró que su testimonio no es político, sino que busca llamar la atención para que esto no se repita.
Asimismo, lamentó que los gremios y la propia ciudadanía hayan dejado solo al exjuez cuarto penal, Alexis Ballesteros, quien tuvo la valentía de denunciar actos de corrupción al más alto nivel del sistema judicial.
Justamente el 26 de marzo pasado Ballesteros denunció ante la Asamblea Nacional a cuatro magistrados de la Corte Suprema, entre ellos Ayú Prado, por presuntamente ejercer intimidación directa e injerencia para favorecer intereses del Órgano Ejecutivo. Además de Ayú Prado, se acusó a los magistrados Moncada Luna, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta, y a Shamah.
En esa denuncia, Ballesteros comentó que cuando ejercía como juez undécimo penal, el magistrado Sáenz le indicó en presencia del entonces presidente de la CSJ, Alejandro Moncada Luna, que resolviera el proceso seguido a Herrera por divulgar correos electrónicos del presidente Martinelli, debido a que requerían del apoyo porque estaba involucrado el mandatario.
Argumentó que Sáenz, en presencia suya, llamó a Shamah para decirle que no había problemas con el caso de Herrera, y luego le indicó que el administrador de Turismo era el enlace directo con la persona a la que llamaban el Boss.
Ballesteros también denunció que en otro caso el magistrado Sáenz en presencia de Moncada Luna le pidió en abril de 2013, cuando aún estaba en el Juzgado Undécimo, que decretara de oficio la prescripción de un proceso por estafa contra el empresario Gabriel Btesh.
Más información mañana en la edición impresa de La Prensa.
Hoy no había bulla con el uso de pailas o sartenes; tampoco consignas de los residentes del complejo residencial Pacific Courtyard, quienes se oponen a la demolición de la garita de seguridad que precede al complejo residencial, integrado por cuatro edificios (Pacific Blue, Royal Pacific, Courtyard View y Ocean Drive).
Las pancartas en cartulina fluorescente, pegadas en la garita con mensajes de oposición a la acción que pretende tomar la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), denotan que aún se encuentran en estado de alerta y no permitirán que el equipo de la entidad derribe la caseta.
Desde el lunes pasado los residentes del complejo residencial Pacific Courtyard han protestado. Incluso la noche de este martes hicieron una vigilia para evitar la demolición.
Jahaira Miranda, quien vive en uno de los edificios del complejo, aseguró que los vecinos tienen “un plan de contingencia”, y aunque no estaban hoy reunidos en la caseta, se encuentran vigilantes por la acción que en cualquier momento pueda tomar la ATTT, cuyo equipo ha intentado derribar la garita de seguridad.
ANTECEDENTES
Hace unos meses, una parte del muro que protege al complejo, que limita con el relleno de fondo marino de 4 mil 318 m2, en Punta Pacífica, que el Estado vendió de forma directa, en 2013, a una sociedad del empresario Gabriel Btesh, fue derribada.
El único acceso que tiene el terreno que compró el empresario es a través de la caseta del complejo. De acuerdo con Miranda, un día amanecieron con un portón de acero privado, por lo que tuvieron que derribarlo, volver a construir el muro y colocar una barra de hierro como medida de protección.
De ahí a que el pasado lunes llegara un equipo de la ATTT con una retroexcavadora para intentar demoler la garita, con el argumento de que la caseta impide el tránsito de peatones y vehículos.
VECINOS, EN ALERTA
Los vecinos, por su parte, han dicho que se mantendrán en alerta y tomarán acciones para evitar ser víctimas de “abusos y atropellos”. De hecho, desde sus apartamentos están pendientes ante cualquier medida que consideran “arbitraria” por parte de la ATTT.
La residente que conversó con este medio indicó que no puede ser posible que cualquier persona llegue y mueva sus “influencias” o “contactos” con el gobierno y logre su objetivo.
En el video que acompaña esta información vea el testimonio de la residente que conversó con este medio.
